24 diciembre, 2011
20 diciembre, 2011
España, ¿al sumidero?
Finaliza 2011 y lo hace con tintes apocalípticos para los españoles, la palabra que mejor define nuestra actualidad es CRISIS:
- crisis económica, con un paro galopante, con el sector de la construcción en ruina catastrófica, con el sector financiero cuasi en la bancarrota y con el sector del comercio y servicios bajo mínimos.
- crisis política, con el descrédito de los partidos políticos al alza, luego de dos legislaturas dominadas por la inanidad absoluta y sectaria de los socialistas, trufada de corrupción y auge del nacionalismo paleto, que en España se caracteriza por la cortedad de miras, la avidez y la soberbia.
- crisis institucional, con una monarquía tambaleante y choriza y una estructura constitucionalmente autonómica con aluminosis severa.
El Sector Público español: la expansión
Hoy día nadie discute que el Sector Público presta un gran servicio a la economía cuando, a través de su regulación, garantiza que las relaciones económicas se desarrollen en libertad, en un escenario de concurrencia y de competitividad (José T. Raga)1, corrige las externalidades negativas generadas en la producción privada y crea instituciones aseguradoras imprescindibles.
Cualquier necesidad de los seres humanos susceptible de cubrirse a través de un grupo humano organizado es susceptible de ser organizada y/o intervenida. Pero en este punto no hay que olvidar nunca que, como decía John Maynard Keynes: el papel del Sector Público no consiste en hacer lo que los particulares están haciendo ya, en hacerlo un poco mejor o un poco peor, sino en hacer lo que no están haciendo los particulares y, sin embargo, es necesario hacer (Leopoldo Gonzalo y González)2.
Están lejos aquellos tiempos en los que el mismo Joseph A. Schumpeter se asustaba porque el Gobierno controlaba el 5% del PIB. ¿Qué pensaría de la España actual en la que ese porcentaje ronda el 43%? Poco a poco el Estado y su burocracia se hicieron portavoces de la justicia social, uniendo la seguridad y la justicia a costa de la libertad, prometiendo proporcionar a los más desfavorecidos los servicios elementales4. La idea rectora era tratar y cuidar a los hombres desde la cuna hasta la sepultura, como cosas de su propiedad. Este exceso de protección neutraliza a la sociedad civil, convierte a las personas en eternos adolescentes y a la nación en un rebaño de animales tímidos, estabulados y fáciles de manejar por el pastor gobernante4.
Las Administraciones Públicas se han convertido en la forma esencial de la manifestación del poder político y en el principal instrumento con que el que cuenta el Gobierno para llevar a cabo su programa político y para intervenir en la economía nacional. Por eso diseccionamos sus entrañas.
A lo largo de las últimas décadas, las Administraciones territoriales, esas que han florecido en nuestra nación por debajo del Estado, han expandido sus competencias de forma impresionante, unas veces por delegación del Gobierno nacional y otras por propia iniciativa para incrementar su presencia en el
entorno en que se implantó o por presión de los ciudadanos que acuden a la Administración más cercana.
Y cada uno de estos niveles de Gobierno ha ido montando su propia burocracia y sus propios aparatos administrativos. En España estos niveles están constituidos por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Dentro del último grupo existen varios niveles: Diputaciones y similares, Comarcas, Mancomunidades y Municipios.
1 “De máxima urgencia” en la obra “Lo que hay que hacer, con urgencia” que coordina Juan Velarde, Actas 2011.
2 “¿Es posible reducir el déficit?” en la obra citada en la nota nº 1.
3 Capítulo XXVII: “El Estado Social y Democrático de Derecho” de “Historia de las formas de Estado”, el buey mudo 2010.
4 Capítulo XXXII: “El Estado de Bienestar”, en la obra citada de Dalmacio Negro en la nota nº 3.
08.12.2011
El Sector Público español: la expansión (2)
A las razones expuestas en la primera parte, se pueden añadir otras muchas para certificar que el Sector Público español se ha expandido hasta estos niveles insoportables para nuestra sociedad.
Las concepciones extensivas del servicio público y el sentimiento providencialista que muchos españoles tienen de papá Estado han inducido a que todo bien económico, que sirva para que los ciudadanos alcancen sus fines vitales, sea susceptible de ser provisto por las Administraciones Públicas.
Muchas veces ni siquiera se analizan las posibles ofertas realizadas por otros agentes sociales ni el precio de ellas.
La utilización de los despachos públicos como escondite de una “casta política”, generada por el Estado de partidos y repleta de mediocres y de infinidad de chupones (1), y el comportamiento de los diversos clanes de burócratas que buscan incrementar su prestigio y su poder (William A. Niskanen) han perpetuado departamentos, órganos y entes innecesarios, absurdos y antieconómicos.
La impresionante fuerza de los “grupos de presión fiscal”, como son los sindicatos “subvencionados”, las organizaciones empresariales “subvencionadas”, los diversos grupos de interés, colectivos de contribuyentes o lobbies influyentes (Richard A. Musgrave), han logrado decisiones de política social o fiscal difíciles de justificar (ayudas a las energías renovables, a ciertos productos agrarios o a las instituciones financieras, inversiones faraónicas estilo AVE, etc.).
Incluso las formas presupuestarias tradicionales de corte administrativo han sido un coste añadido para el Sector Público español, ya que en pocas ocasiones los dirigentes públicos han mostrado deseos de poner en práctica técnicas presupuestarias modernas que evalúen desde cero los costes directos,
indirectos y de oportunidad de los servicios públicos prestados.
Como añadido a este pliego de cargos, en los últimos años se ha ido demostrando mediante estudios empíricos que el exceso de gastos públicos frena el crecimiento económico, pues no todo gasto público es bueno por sí mismo ni incrementa la demanda agregada (parte de él se puede ir la adquisición de bienes exteriores o a derroches efímeros e inútiles). También se ha demostrado que las formas de financiación de los diversos servicios públicos condicionan la vida de los ciudadanos (un IVA demasiado alto) o determinan una buena parte de los costes de nuestras empresas (las cuotas de la seguridad social), situación poco beneficiosa para crear empleo y para competir en el mercado internacional.
En definitiva, mantener toda esta selva administrativa es un “lujo” que nuestra economía no puede permitirse (pensad que en economía nada es gratis, alguien tiene que pagar la factura).
14.12.2011
El Sector Público español: las dimensiones
De las muchas formas que hay de medir su dimensión, hemos escogido el volumen de gastos e ingresos (expresado en sus presupuestos) de aquella parte del Sector Público calificado como Administración Pública, con los últimos datos disponibles a efectos comparativos. En el año 2011 (ó 2010 en su defecto) el volumen de gastos públicos previstos por el conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) representaba el 43% del Producto Interior Bruto (PIB 2011 actualizado: 1.065.811 M€):
Fuente: Ley estatal de Presupuestos, Estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia
Si la medida se realiza desde el lado de los ingresos previstos, esa parte de la renta nacional que las diversas AAPP detraen de los bolsillos de los ciudadanos a través de tributos y cuotas sociales, el porcentaje se queda en el 34,5% del PIB:
Fuente: Ley estatal de Presupuestos, Estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia
Desde el punto de vista presupuestario, en las cifras de los cuadros anteriores no se incluyen las operaciones financieras: los gastos en activos financieros (adquisición de participaciones en sociedades o fundaciones públicas, dotaciones a Fondos de reserva u otros o concesión de préstamos, por valor de
21.943 M€) y los gastos en pasivos financieros (amortizaciones anuales previstas de la deuda pública en general (préstamos, letras, bonos, obligaciones, etc. por valor de 58.189 M€); ni los ingresos poractivos financieros (reintegro de préstamos y de Fondos por valor de 17.488 M€).
Desde el punto de vista orgánico, tampoco se han tenido en cuenta las previsiones de gastos y de ingresos de todo la maraña de Entes Públicos calificados como entidades empresariales o fundacionales (Agencias, Comisiones, Consorcios, Fundaciones Públicas, Entidades Públicas Empresariales, Empresas Públicas propiedad de dichas Administraciones Públicas, etc.) fugados de la disciplina presupuestaria (sus previsiones de gastos no aparecen en estos agregados). En diversos artículos hemos hecho mención a este fenómeno. A modo de ejemplo, el grupo de sociedades y entidades públicas empresariales manejó 33.288 M€ (Cuenta de producción) durante 2008 (en el Informe “Cuentas de las Empresas Públicas, 2008” de la Intervención General del Estado se puede ver el inventario de todos estos Entes).
De estos datos se pueden extraer, a primera vista, estas conclusiones:
1. a través de las AAPP españolas, en 2011, se pensaba asignar casi la mitad del PIB nacional (si tenemos en cuenta todos los gastos previstos, financieros y no financieros).
2. las AAPP españolas, en su conjunto, preveían un déficit presupuestario de 57.812 M€, un 5,4% del PIB (3,8% el Estado, 1,40% las Comunidades Autónomas, 0,13% las Entidades Locales); ya se verá si al final del ejercicio logran mantenerse por debajo del 6% pactado con la Unión Europea;
3. las AAPP españolas, en su conjunto, preveían unas necesidades de financiación (financiación del déficit anterior más la amortización de deudas más/menos el saldo de activos financieros) de 120.456 M€, un 11,3% del PIB; al final del ejercicio ya se verá cuánta financiación externa han necesitado realmente y el volumen de Deuda Pública en circulación.
4. el Estado sigue siendo nominalmente el mayor agente público. Pero dentro de sus presupuestos se incluyen las partidas de los intereses de la deuda pública que beneficia a los otros niveles de administración, de las pensiones públicas, de las prestaciones por desempleo y de la aportación a la financiación de la Unión Europea. Si, a efectos comparativos, se deducen estas partidas, se vería que el Estado maneja menos presupuestos que las Comunidades Autónomas.
5. las Comunidades Autónomas son los verdaderos agentes del gasto público. Pero, a pesar del nuevo sistema de financiación, dependen de los ingresos de las otras AAPP (sobre todo del Estado y de las Diputaciones Forales en el caso del País Vasco).
¿Por qué esta serie de artículos sobre el Sector Público español?:
El pasado mes de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (23/11/2011) la Directiva 2011/85/UE del Consejo de la UE (entra en vigor la los 20 dias de su publicación) que da instrucciones para la elaboración de los marcos presupuestarios a medio plazo (planificación presupuestaria a tres años); la disponibilidad pública de datos presupuestarios: mensualmente para los subsectores de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social, trimestralmente para el subsector de las Corporaciones locales; y la relación de todos los organismos y fondos de las Administraciones Públicas. Además, éstas deberán publicar todos sus pasivos contingentes (préstamos morosos, garantías concedidas y demás pasivos resultante de su actividad) así como la participación de ellas en el capital de sociedades públicas y privadas.
Por eso creemos importante que nuestros lectores conozcan un poco nuestro Sector Público.
20.12.2011
12 diciembre, 2011
El ocaso de la transición: apertura o búnker
El ocaso de la transición: apertura o búnker
Manuel Muela
En un comentario reciente decía que la crisis española estallaba en el ocaso del régimen de la Transición y que ello ocurría en un momento de quiebra del orden europeo, concretamente de la Unión Europea y de su moneda, el euro. Sobre esto último ya he expresado diferentes opiniones, que ratifico a la vista de los resultados de la cumbre europea del fin de semana. Probablemente, habrá que volver sobre ello. Hoy debemos centrarnos en la política nacional, que inicia una semana en que se constituyen, por fin, las Cortes, como paso previo a la entrada del nuevo gobierno en días posteriores.
Todavía no conocemos sus propósitos, pero sí sabemos que las elecciones de las que trae causa han dejado maltrecho uno de los pilares del régimen de la Transición, el PSOE. El otro pilar, el de los nacionalistas burgueses vascos y catalanes hace tiempo que se resquebrajó; quedan la Monarquía, un poder fáctico menguante, y el Partido Popular con su mayoría parlamentaria. Todo este conjunto, hoy desunido y decrépito, ha representado y mantenido el orden establecido después de la muerte del general Franco hace 36 años. Parece llegado el momento de soltar amarras y liberar a España de un corsé que dificulta su salida al mar abierto de la democracia y del buen gobierno.
A modo de recordatorio para los más jóvenes, importa señalar que la Constitución de 1978 fue, en realidad, una carta otorgada para alcanzar metas mínimamente democráticas y constitucionales, que nos homologaran con el contexto europeo de entonces en el que los países dominantes tenían interés en tutelar la transición española para separarla del proceso revolucionario que se vivía en el vecino Portugal, proceso que posteriormente fue también reconducido. Por eso, sin desdeñar sus contenidos formalmente democráticos, el texto otorgado garantizaba claramente la posición de sus hacedores: la Monarquía, los dos partidos políticos nacionales, la entonces UCD y el PSOE, y los nacionalistas catalanes y vascos, cerrando la posibilidad a cualquier intento constituyente futuro. Precisamente, para blindarse contra los cambios se arbitraron unos mecanismos de reforma constitucional muy exigentes hasta el punto de hacerla casi inviable, salvo acuerdo de los dos partidos nacionales como ha sucedido recientemente Quedó así consumado el reparto de poder del Estado y perfectamente acotado el terreno de juego en el nuevo orden constitucional. La Constitución fue aprobada en diciembre de 1978 en un referéndum con una magra participación, poco más del 64 por 100 del censo electoral.
Durante más de treinta años se ha vivido una transformación social y económica innegable de nuestro país, gracias a la prosperidad europea y a la liberalización de la economía española. Los recursos han sido ingentes tanto europeos como internos, sobre todo estos últimos por el esfuerzo fiscal de los españoles. Casi todo ha cambiado menos el Estado, o mejor dicho la maquinaria pública en poder de la partitocracia. Esta se ha mantenido inalterada en manos de los partidos, que han extendido sus redes clientelares de forma que ninguna institución ni actividad relevante ha quedado fuera de su control. El régimen autonómico ha sido un instrumento perfecto, junto con la sintonía casi servil con los detentadores del poder económico y financiero del país. No parecía posible que ese Titanic, flotando en una sociedad conformista y poco exigente, pudiera hacer aguas. La denominada monarquía
parlamentaria española era la versión actual de la monarquía burguesa de la Francia de Luis Felipe, sostenida bajo el lema de “enriqueceos”. Sin embargo, la inundación ha llegado: después de los chispazos y advertencias de mediados de los años 90, que no se tomaron en consideración, ha hecho crisis un modelo carcomido por su alejamiento de la sociedad y por el espejismo del dinero fácil. La bajada de la marea ha dejado al descubierto nuestras carencias económicas y sobre todo políticas.
La aguda crisis de uno de los partidos dinásticos, el PSOE, unida a la decadencia ostensible de la propia monarquía, atrapada entre su arcaísmo y su falta de ejemplaridad, añaden más leña al fuego del cambio constitucional necesario del Estado en España; tarea que, junto con otras, corresponderá
iniciar a las nuevas Cortes y al gobierno que surja de las mismas, aunque no estuviera entre sus propósitos. El proyecto de reconstrucción nacional política y económica, que nadie niega, no puede llevarse a cabo con los mimbres maltrechos de las viejas políticas y de las instituciones caducas: la ordenación de la economía, la austeridad del poder público y la educación del país no pueden ser capitaneados con garantías de éxito sin enfrentar la revisión del modelo de la Transición. El mandato de los españoles, hastiados y aturdidos, parece claro, teniendo en cuenta las limitaciones de elección del sistema.
Ahora que tanto se habla de refundaciones, de Europa, del capitalismo, de la globalización, no estaría de más que se intentara la revisión del modelo español que, contra lo que sostienen sus defensores y beneficiarios en cada uno de los homenajes que se dan, ha quedado anegado por la incapacidad y por la corrupción. Se dirá que la nueva mayoría parlamentaria forma parte de ese modelo; y es verdad, pero también lo es que en las circunstancias críticas de cualquier Estado moderno, y ésta es una de ellas, quienes tienen el poder pueden abrir las puertas a los cambios o pueden levantar muros frente a los mismos. Ese es el dilema del tiempo político inmediato.
Publicado en "vozpopuli.com", el 11/12/2011
08 diciembre, 2011
Una mujer valiente.
Este artículo apareció en la edición de 'El Mundo' del 6 de diciembre de 2011 y en la web de UPyD.
Por su indudable interés, lo reproducimos íntegro:
LA TRAICIÓN REVELADA
He dudado mucho antes de sentarme a escribir este artículo porque siento un profundo desasosiego ante la cuestión que voy a abordar. Nunca se está suficientemente preparado para conocer y reconocer el mal; siempre se abriga una esperanza, aunque sea ligera, de que las cosas no sean tan horribles como aparentan. Pero llega un momento en que no cabe ya albergar ninguna duda. Es ese momento en el que quien ha hecho el mal se siente impune, presume de sus fechorías e incluso quiere ganar dinero con el relato de las mismas.
El golpe llega cuando el macguffin de la paz deja de ser tal y se convierte en espanto; la bofetada, inmisericorde, golpea cuando lo perpetrado por quienes tienen el encargo de velar por que se cumpla la ley y se haga justicia hacen cosas que serían perseguibles de oficio en cualquier país en el que la separación de poderes fuera algo más que una declaración constitucional.
Pero el shock definitivo se produce cuando ese complot contra el orden instituido se pone en evidencia y nadie reacciona, y no pasa nada.
Hago estas consideraciones tras leer las dos primeras entregas del diario de la negociación entre el Gobierno y ETA escrito en comandita por el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, y el periodista de cabecera de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Rodríguez Aizpeolea. Dos hombres que estuvieron en los pormenores de la traición tantas veces negada y tantas veces consumada por el Gobierno socialista y el PSOE. Dos hombres que cuentan ahora con todo lujo de detalles lo que hicieron mientras lo desmentían e insultaban de paso a quienes lo denunciábamos y criticábamos; no me sorprende que los que nos vendieron ante ETA quieran vendernos ahora su historia de indignidad y sacar suculentos dividendos con ello.
Pero me asusta la falta de respuesta democrática ante estos hechos; me da más miedo el silencio que la propia traición. Es, una vez más, el síntoma de una sociedad democráticamente imberbe, falta de cuajo, necesitada de una
profunda regeneración. Una sociedad decente no aloja en su seno gobernantes dispuestos a mentir en nombre de una paz que no encierra sino la renuncia a defender los valores democráticos. En un país que se respete a sí mismo no hay espacio para quienes traicionan los principios democráticos; tampoco lo hay para quienes por cálculo y/o por cobardía callan y otorgan.
El silencio tiene muchas caras. Quizá haya quien calla porque espera repartirse dividendos, aunque se opusiera cuando el proceso de claudicación ante ETA estaba en marcha; otros piensan que el fin justifica los medios, así que si ETA no mata no vale la pena pensar cuál ha sido el precio pagado. Luego están los que se buscan una coartada para no hablar del asunto, los que prefieren mirar para otro lado mientras se proclaman amantes de la paz. Son esas gentes que lo único que buscan es que les dejen en paz, seguir con su vida, no comprometerse con nada ni con nadie; son los que prefieren olvidar que centenares de españoles, conciudadanos suyos, arriesgaron y perdieron la vida para defender sus libertades.
Están también los que han llegado a la conclusión de que los enemigos de la paz somos nosotros, los que no estamos dispuestos ni a olvidar ni a callar; nos llaman intransigentes y nos culpan del mantenimiento del conflicto; a veces son los mismos que siempre acompañaron la estrategia de mimetizarse con la bestia para humanizarla; algunos nos odian más que a ETA porque no les dejamos que vivan en paz con su mala conciencia y con su mentira.
La historia de la indignidad de principios del siglo XXI en España tardará tres o cuatro generaciones en escribirse. Hará falta tiempo para que tomemos distancia, para que los protagonistas no se sientan culpables por acción u omisión, para que puedan hablar de ello sin pedir perdón en primera persona.
Y es que la historia de la indignidad tiene algunos nombres propios, pero los protagonistas han hecho su trabajo miserable porque una ingente mayoría de ciudadanos cobardes lo han permitido. Por eso digo que hace falta tiempo para que alguien cuente a nuestros nietos la verdad de este tiempo oscuro; porque quien más y quien menos ha sido cómplice de la felonía.
Sé que mucha gente que me tiene simpatía preferiría que no escribiera sobre estas cosas. Habrá quien me llame exagerada, quien me recrimine la crudeza de los términos que empleo, quien me acuse de no ser objetiva por ser vasca... Pero me consta que hay muchísimas personas que no tienen una tribuna en la que decir lo que piensan y que se encuentran tan aturdidas y avergonzadas ante la traición desvelada como yo; por eso no callaré.
Aunque a nadie represento, no callaré en nombre de los más de 300 crímenes de ETA que aún no han sido juzgados; no callaré en nombre de todos los que siempre creímos que con ETA no cabe negociación política alguna, que si se empieza a hablar con la banda terrorista de una sola de las reivindicaciones en cuyo nombre instauraron la primera víctima ya se ha traicionado a la democracia; no callaré en nombre de los que nos negábamos a creer que el PSOE pudiera caer tan bajo; no callaré en nombre de tantos compañeros y amigos que fueron asesinados por ETA mientras la banda hablaba con sus jefes de filas; no callaré en nombre de tantos hombres y mujeres buenos que vinieron desde pueblos remotos de España a recoger a sus hijos muertos, a sus maridos asesinados, a sus hermanos, a sus padres...; no callaré en nombre de todos esos nombres propios que no conocemos, de todas esas fotos de carné en blanco y negro que nos recuerdan cada día que hay asesinos vivos que aún no han sido juzgados, que aún no han pagado por sus crímenes.
No callaré porque un día creí en alguno de ellos, de los culpables de la traición; no callaré porque creí que me decían la verdad quienes siguen dirigiendo el Partido Socialista Obrero Español; no callaré porque me mintieron cuando pregunté si estaban negociando con ETA en el 2004, en el 2005, en el 2006... No callaré porque nos engañaron a todos, porque siguieron negociando mientras los cuerpos de las víctimas aún estaban calientes; no callaré porque lo hicieron premeditada y alevosamente, porque fueron cobardes y mentirosos, porque nos faltaron al respeto. No callaré porque hemos de defender la democracia de sus enemigos y también de aquellos que no están dispuestos a protegerla.
Tampoco callaré ante el silencio estruendoso de quienes tienen más voz que yo pero prefieren callarse. No callaré ante la hipocresía ni ante el cálculo partidista; no callaré para tener la fiesta en paz; no callaré si se empiezan a archivar expedientes, si se pone sordina, si se extiende el cloroformo, si deciden que por la paz un avemaría... No callaré mientras haya un solo crimen de ETA sin juzgar, mientras una sola familia no haya podido hacer su duelo, no conozca el nombre de los asesinos de sus seres queridos, no haya sido recompensada por y con la justicia.
En España convivimos bien con la mentira; fíjense que nuestro particular Chamberlain y su estratega ni siquiera reconocieron que hubieran viajado a Múnich y a pesar de la mentira y de sus consecuencias millones de españoles siguieron votándoles. Es desolador, lo sé; pero yo me niego a aceptar que no nos quede otro remedio que vivir en una sociedad que no se avergüenza de su indignidad colectiva; sé que existen millones de españoles esperando una señal para despertar de este letargo que les ha llevado a considerar la baja calidad de nuestra democracia más como una atmósfera que como un accidente, que diría Chesterton. Por eso, porque tengo fe en el ser humano, sigo escribiendo sobre estas cosas. Por eso y porque hay 852 conciudadanos nuestros que ya no pueden hacerlo y que fueron asesinados para que otros pudiéramos seguir disfrutando de nuestra vida en compañía de nuestros seres queridos.
Rosa Díez, diputada nacional y portavoz de Unión Progreso y Democracia.
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