Recortando

Sobre los recursos públicos (I)

Lorenzo Alonso

Ante el despilfarro político generalizado, se ha puesto de moda confeccionar listas de recortes, así que voy a poner mi granito de arena, a modo de un pequeño resumen de la primera parte, dedicada al Estado, para iluminar a las personas que están a punto de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y a aquellos dirigentes que influyen en el destino de nuestra nación:

1.- El Estado debe prescindir de órganos inútiles como el Senado, ya que España no lo necesita porque no es un Estado Federal; del Tribunal Constitucional, tribunal político por excelencia, cuyas funciones deberían estar residenciadas en el Tribunal Supremo y del Defensor del Pueblo, una institución redundante en un Estado con separación de poderes, en el que el Poder Judicial controla las diversas actuaciones que realizan los otros Poderes, sobre todo al Poder Ejecutivo. Además de redefinir las funciones de los órganos consultivos que, además de conllevar auténticas prebendas y una forma elitista de selección de las personas que los integran, están cargados de tareas duplicadas (Consejo de Estado, múltiples Órganos Consultivos, Comisiones variopintas, Abogacías del Estado, etc.).

2.- En estos momentos de penuria económica, no es una forma ejemplar de comportamiento que los diputados “cesantes” reciban unas pensiones e indemnizaciones de escándalo (inmoral). El Estado debería reflexionar sobre el origen y la justificación de estas pautas de conducta (ética) y actuar en consecuencia, eliminando todas las pensiones temporales y vitalicias de Presidentes de gobiernos autonómicos, de Senadores y Diputados, de Ministros y Secretarios de Estado, y demás privilegiados de la “casta política”, que no hayan cotizado el mínimo exigido por la ley a los demás ciudadanos. El tiempo de la duración en el cargo simplemente les debe servir para cobrar el subsidio de desempleo correspondiente y para añadir el tiempo que han estado en ese puesto al cálculo de la futura pensión, como a cualquier cotizante de la Seguridad Social.

3.- Las subvenciones a Partidos políticos, Sindicatos, Organizaciones empresariales y demás Organizaciones no Gubernamentales (religiosas, culturales, artísticas, etc.) no deberían existir, ya que, al ser asociaciones voluntarias de ciudadanos, sus miembros deben hacerse cargo de sus gastos. Otra cosa será que el Estado conceda alguna bonificación tributaria a los ciudadanos que aporten cuotas o realicen donativos a su mantenimiento, o coadyuve a su financiación de acuerdo con los fines sociales objetivamente probados que practiquen. Estos días hemos asistido a una justificación política absurda: La Vicepresidenta nos dice que eliminan el famoso “canon digital” para no gravar la compra de dispositivos electrónicos y lo reconvierten en una subvención presupuestaria, como si ésta no se financiase con tributos.

4.- Es una vergüenza conocer la existencia de miles de coches oficiales, de miles de tarjetas de crédito con cargo a cuentas públicas, de cientos de ordenadores portátiles, “tablets” (“iPad” o similares), “smartphones” (“iPhone” o similares), todo tipo de artilugio telemático o electrónico con contrato a cargo de algún organismo público, de la infinidad de gastos de protocolo y toda esa multitud de gastos reservados y a justificar. Es una virtud democrática que el Estado utilice estos objetos y esos créditos con mesura y de forma controlada y proceda a la eliminación de todo lo superfluo.

5.- Es de justicia y lealtad la desaparición de todos aquellos “cargos de confianza” cuyas tareas las pueden desempeñar los funcionarios de carrera, en muchos casos relegados a meros “pinches” administrativos; y de toda la grasa burocrática, visible en los miles de cargos y carguillos que inflan las Relaciones de Puestos de Trabajo (las famosas RPT) de los diversos Ministerios y de todos sus ramajes (Organismos, Agencias, Empresas, Fundaciones, Consorcios y demás Entes Públicos) carentes de contenido propio, cuyas funciones pueden ser desempeñadas perfectamente por los órganos ordinarios de dichos departamentos. Como hemos dicho muchas veces, las RPT se utilizan para incrementar las remuneraciones de ciertas categorías de funcionarios y empleados públicos y todos esos ramajes administrativos para evitar varios controles en las diversas facetas de su  “simulada” actividad (sobre todo la contratación de obras y servicios, de inversiones y de personal) y para inventar RPT a medida con puestos de trabajo bien remunerados.

6.- Es una obscenidad política ver contratos de prestación de servicios o realización de actividades, ideados como externalización de servicios para mejorar su gestión, mientras los funcionarios que antes los realizaban, se ven relegados a meros archivadores u observadores. Para colmo de la malicia, los generadores de esta situación y sus terminales mediáticos se aprovechan de ella para argumentar sobre la inutilidad de esos funcionarios.

Si se llevasen a buen puerto estos seis consejos en el aparato estatal, podrían generar un ahorro cercano al 2% de nuestro PIB, de acuerdo con lo que han evaluado varios economistas a través de las diversas partidas de los Presupuestos Generales del Estado. No hace falta ser muy sagaz para imaginar la minoración que tendrían lugar en las cargas que el Estado impone a las empresas y los ciudadanos y/o la generación de excedentes para ser utilizados por el Gobierno en inversiones productivas que generen empleo; o en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Un pequeño ejemplo de estas últimas inversiones: ha sido tan brutal el recorte en estas partidas que están fomentando la huida de muchos de nuestros científicos. Actualmente varios investigadores del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) se han marchado a Qatar y otros cuantos están haciendo las maletas; dirigentes e ingenieros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) han hecho lo mismo que los anteriores; y por si fuera poco en nuestros pequeños ambientes estamos oyendo cada día conversaciones sobre la marcha de miles de universitarios formados con dinero de todos nosotros; huyen porque aquí no hay futuro. Deseo terminar esta primera parte con dos perlas de estas conversaciones, una frase: “en este país no hay pan para tanto chorizo”; y una pregunta retórica: ¿No sería más rentable que invitásemos a marchar a todos los integrantes de “la casta política” de este país?

Publicado en diariorc.com, el 12.12.2012

Sobre los recursos públicos (II)

En la primera parte de este artículo llegamos a la conclusión que, si se tuviesen en cuenta los seis consejos que allí se daban, el Estado podría ahorrar una cantidad de recursos públicos anuales equivalente al 2% de nuestro PIB, porque existe otra manera de gestionarlos[1]. Seguimos desgranando más consejos sobre la utilización de los recursos públicos españoles, en este caso los que utilizan las Comunidades Autónomas (CCAA). Para ello vamos a ser benévolos y utilizaremos la segunda mejor opción (second best)[2]

 7.- Hace más de dos años la Fundación Progreso y Democracia  publicó el informe “El Coste del Estado Autonómico I” en el que cuantificó una parte de los costes suplementarios que pagamos los ciudadanos por la prestación de servicios públicos, realizada a través de órganos, supuestamente más eficaces y más eficientes. Según sus autores, el estudio estaba motivado porque el Estado había prescindo de la comprobación de los costes de esos servicios y de su impacto en el desarrollo regional. El Estado, según los autores del informe, se había limitado a transferir recursos financieros para su funcionamiento, revestidos de tecnicismos huecos. Si los dirigentes del Estado tuviesen en cuenta solamente las desviaciones de cada Comunidad Autónoma respecto del coste medio de las tres CCAA mejor gestionadas, tal y como los autores de este informe estimaron, los ciudadanos nos ahorraríamos anualmente 26.000 millones de euros (M€), de aquel año, el 2,5% del PIB.

 8.- El Estado conoce los organigramas fastuosos que cada Comunidad Autónoma crea, cada vez que cambia su gobierno, en los que inventa siete, ocho o quince Consejerías o Departamentos, con diez, once o quince directores generales, asesores y otros cargos asimilados. Si lograse convencer a las CCAA para que prescindiesen de más de 1.000 altos cargos, con retribuciones parecidas a los Ministros o Secretarios de Estado, lograría que los ciudadanos nos ahorrásemos recursos públicos en una cantidad anual cercana al 1% del PIB[3]. Los dirigentes regionales hacen oídos sordos a tales consejos.

 9.- El Estado tiene datos objetivos suficientes para apretar las clavijas a los gobiernos regionales. Según el Ministerio de Hacienda, a 1 de julio de 2012 existían 2.206 Entes dependiendo de ellas (sin tener en cuenta el País Vasco, Ceuta y Melilla)[4]. Las CCAA y el Estado se habían comprometido a reducir 675 entes públicos (Acuerdo 5/2012, de 17 de enero, del Consejo de Política Fiscal y Financiera). Según este Departamento, los efectos esperados de la supresión de estos Entes hubiesen estado cercanos a los 5.000 M€ en gastos no financieros anuales, el 0,5% del PIB. Este Ministerio sabe que el conjunto de todos estos Entes representa el 20% del gasto no financiero total del sector público autonómico. Si el Estado obligase a que todos los Entes autonómicos se autofinanciaran, se generaría un ahorro anual de recursos públicos cercano al 3% del PIB. Pero la mayoría de los procesos duermen el sueño de los justos o descansan en paz. Tres ejemplos (escogidos, sin ninguna intencionalidad ideológica, por orden alfabético) nos ilustran este descontrol: el número de órganos, organismos y entes que figuran en los Proyectos de Presupuestos para 2013 de la Comunidad Autónoma de Andalucía[5], de la Comunidad Autónoma de Aragón[6] y del Principado de Asturias[7] apenas han variado.

 10.- La información presupuestaria que nos presenta el Ministerio de Hacienda, mes a mes, de la gestión de las CCAA se centra en el volumen de gastos y su financiación[8], pero pocas veces nos explica con detalle los costes de cada uno de los servicios que prestan. Los ciudadanos desconocen el coste directo de los servicios (en la educación: el coste del profesor y del colegio, instituto o universidad; en la salud: el coste del sanitario y del hospital o centro de salud), el coste indirecto (aquella otra parte del coste imputada a dichos servicios por las estructuras organizativas de los gobiernos y de cada uno de los departamentos u otros organismos, que dirigen esos servicios) y el coste de oportunidad (aquél que se deriva de gestionar los servicios públicos de la forma actual y no de otra: policía nacional versus policía autonómica, médico nacional versus medico autonómico, etc.). Si hacemos una pequeña hipótesis en la que la prestación de algunos servicios públicos básicos del “Estado de Bienestar” se realizara por el Estado (justicia, seguridad e instituciones penitenciarias, educación, sanidad, servicios sociales y vivienda), se eliminarían una gran parte de los costes indirectos y el ahorro anual de recursos públicos estaría cercano al 1,5% del PIB[9].

 En definitiva, si las CCAA, hasta octubre de 2012, han contraído obligaciones por valor de 105.679 M€, dejando obligaciones pendientes de pago por valor de 13.263 M€ a la espera de otro nuevo plan de pago a proveedores por parte del Estado; si el propio Ministro de Hacienda ya lo adelanta en sus declaraciones[10] y si los Presupuestos Generales del Estado para 2013 destinan 23.000 M€ al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ¿Por qué nuestros políticos no están dispuestos a realizar estas pequeñas mejoras en el Estado Autonómico? Es que toda decisión política conlleva un coste y decisiones políticas de esta envergadura solo las pueden llevar a cabo hombres de estado (de los que carecemos).

[1]Ved el programa “Monólogos de Somosaguas” del día 1 de enero de 2013, dedicado a la perversión del lenguaje, Antonio García-Trevijano hace referencia a la frase  “como no podía ser de otra manera”, a la falsa tecnocracia y a las decisiones políticas alternativas (la esencia de la política).

[2]Este teorema fue introducido formalmente por Richard Lipsey y Kelvin Lancaster en su “The General Theory of the Second Best” en 1956. Viene a decir que hay distorsiones de la economía real para las que es posible diseñar una política que, si bien no remedia totalmente la situación, mejora el bienestar nacional.

[3] Según la clasificación funcional de los Presupuestos de 2011, la alta dirección de las Comunidades Autónomas representa el 0,5% del total de dichos presupuestos.

[4]Leed  “El informe sobre la reordenación del Sector Público Autonómico”:http://serviciostelematicos.meh.es/PubInvCCAA/SECCIONES/frmSelComunidad.aspx

[5]Ojead “El Informe económico financiero” que acompaña al proyecto de Presupuestos para 2013: http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/proy_presupuesto2013/presupuesto2013.htm

[6]Ojead “El Informe económico financiero” que acompaña al proyecto de Presupuestos para 2013: http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Areas/05_Presupuestos/01_Presupuestos_Anuales/PROYECTO_PPTOS_2013.PDF

[7]Ojead “El Informe económico financiero” que acompaña al proyecto de Presupuestos para 2013: http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Economia/Presupuestos/PRESUPUESTOS_2013.pdf

[8] Según el último dato publicado por el Ministerio de Hacienda, en septiembre de 2012 los créditos definitivos presupuestados por las Comunidades Autónomas, a través de sus órganos y organismos administrativos, alcanzaron los 176.237 M€.

[9] En el ejercicio 2011 dichos servicios representaban más del 70% del total de los presupuestos de ese año. El 70% de ese volumen de gastos = 115.468 M€; y el 15% de esta cantidad = 17.320 M€.

[10]El Ministro de Hacienda ha declarado en Sevilla el día 3 de enero de 2013 que su Departamento pondrá en marcha en este año 2013 el pago directo a los proveedores de cualquier Administración.

Publicado en diariorc.com, el 09.01.2013

Desmontando falacias

El mito financiero regional

LORENZO ALONSO

Hace mucho tiempo que venimos repitiendo que uno de los problemas económicos de España es el coste del modelo de Estado que nos impuso la “clase política” española actual. Durante más de tres décadas nos han estado vendiendo una inmensa cantidad de mercaderías políticas averiadas (descentralización política, administrativa y fiscal; gestión eficaz y eficiente de los servicios públicos; leyendas de tiempos imaginarios y fábulas de lugares utópicos) sin explicarnos que sus quimeras (inmensas  maquinarias burocráticas) necesitaban ingentes recursos tributarios y financieros. Para ello inventaron un alucinante sistema de financiación de esas Comunidades Autónomas y nos los vendieron como un ungüento de serpiente capaz de llegar a ser el elixir del eterno progreso político y económico de cada rincón de este país.

Nos explicaron que el consenso era el método racional de conseguir lo propuesto y la “multilateralidad”,basada en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, era el ejemplo perfecto que ayudaría a eliminar las tensiones territoriales de España. Pronto vimos que el cónclave de cada Partido Político pactaba, con los “miniestados” que dominaba, las decisiones que iban a votar en el sínodo de ese Consejo y que los dirigentes de algunos de estos territorios, que se sentían perjudicados, guardaban en la manga cartas marcadas. Y blandieron sus armas: “Balanzas Fiscales” amañadas (como si su territorio fuese un contribuyente o un ciudadano necesitado, al estilo medieval) y “Pactos Fiscales” (soberanía tributaria, bilateralidad y Convenio fiscal entre Estados). Todo era una quimera.

Durante muchos años nos avasallaron con “conceptos fiscales indeterminados” (corresponsabilidad fiscal, cohesión territorial, justicia distributiva, coste efectivo de los servicios públicos, óptima gestión del Estado de Bienestar, eficaz cobertura de las necesidades financieras) para justificar la cesión del 100% de la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto sobre la Matriculación de Vehículos y del Impuesto sobre la Electricidad; para añadir a la cesta tributaria el 33% de la recaudación del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los Impuestos Especiales (tabaco, alcoholes, cerveza, hidrocarburos, etc.); para seguir presionando hasta conseguir el 50% de la recaudación del IRPF (estableciendo tarifas y regulación propias en este tramo), el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. Sin hablar de los privilegios del concierto económico del País Vasco (en realidad son tres regímenes especiales, ya que cada uno tiene poderes fiscales distintos: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) y del convenio económico de Navarra (auténticas Confederaciones fiscales) y de una buena parte de la financiación de Canarias, Ceuta y Melilla.

Pero muchos dirigentes regionales se dieron cuenta de que este sistema generaba incertidumbres y que por tanto había que protegerse de ellas. Así que se inventaron variopintos mecanismos que les garantizasen la financiación de sus gastos: Fondo de Suficiencia Global, Fondos de Convergencia (de Competitividad, de Cooperación), Fondo de Compensación Interterritorial y otros Fondos, Fondillos y demás complementos edulcorados con multitud de variables para satisfacer diferencias y localismos (aportación al PIB nacional, “renta per capita”, población total, envejecimiento de la población, dispersión de la población, insularidad, lejanía, kilómetros de costa escarpada o de arena, lengua propia). Utilizaron un montón de fórmulas de ingeniería financiera expuestas con brillantez, multitud de cuadros exuberantes de coherencia interna y bellas hojas “Excel” para obtener el oro inagotable y la piedra filosofal. Pero a lo largo de su vigencia hemos visto que el dinero salía de los raídos bolsillos de “papá Estado”.

Todo había sido una gran falacia, porque el volumen de facturas pendientes de pago al terminar 2011 se elevó a 17.000 M€. El Estado tuvo que hacerse cargo de todas ellas (cerca de 4 millones de facturas) en 14 Comunidades Autónomas (todas excepto País Vasco, Navarra y Galicia). Pero la bestia, como le ocurría a Pantagruel, seguía teniendo hambre y el Tesoro estatal ha tenido que ofrecer “pequeños adelantos y anticipos”, el Instituto de Crédito Oficial ha tenido que conceder líneas de crédito especiales (10.000 M€ hasta ahora), el Estado ha tenido que inventar un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con 18.000 M€ (comprometido ya casi en su totalidad). No contentos con esta deriva demencial, el Ministro de Hacienda anuncia su extensión al próximo año (día 5-11-2012 ante la Junta Directiva de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional).

Por si fuera poco, según los datos del Ministerio de Hacienda, las obligaciones pendientes de pago de las Comunidades Autónomas, a principio de septiembre, ascienden a 12.000 M€. Y para poner “la guinda al pastel”, el Banco de España nos dice que la deuda autonómica en circulación ha aumentado en más de 9.000 M€ en la primera mitad del de este año.

Nuestra “clase política”, como los viejos alquimistas, buscó el oro infinito, pero nos ha dejado plomo, tierra quemada y frustración.

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Publicado en diariorc.com, el 14.11.2012

España, ¿al sumidero?

Finaliza 2011 y lo hace con tintes apocalípticos para los españoles, la palabra que mejor define nuestra actualidad es CRISIS:
- crisis económica, con un paro galopante, con el sector de la construcción en ruina catastrófica, con el     sector financiero cuasi en la bancarrota y con el sector del comercio y servicios bajo mínimos.
- crisis política, con el descrédito de los partidos políticos al alza, luego de dos legislaturas dominadas   por la inanidad absoluta y sectaria de los socialistas, trufada de corrupción y auge del nacionalismo paleto, que en España se caracteriza por la cortedad de miras, la avidez y la soberbia.
- crisis institucional, con una monarquía tambaleante y choriza y una estructura constitucionalmente autonómica con aluminosis severa.

Durante este mes de Diciembre que termina, nuestro compañero Lorenzo Alonso ha publicado en el Diario de la República Constitucional una serie de tres artículos en los que disecciona el denominado Sector Público que, por su rabiosa actualidad y calidad contrastable, publicamos a continuación:

El Sector Público español: la expansión

Hoy día nadie discute que el Sector Público presta un gran servicio a la economía cuando, a través de su regulación, garantiza que las relaciones económicas se desarrollen en libertad, en un escenario de concurrencia y de competitividad (José T. Raga)1, corrige las externalidades negativas generadas en la producción privada y crea instituciones aseguradoras imprescindibles.

Pero los Gobiernos, a través de sus Administraciones Públicas y de toda una fauna de Entes públicos (como veremos más adelante), han ido interviniendo en todas las esferas de la vida, han pasado de ser meros vigilantes y conservadores de la ley y el orden a estar presente en todas partes, en todos los rincones de la sociedad: educación, cultura, sanidad, seguridad social, agricultura, minería, pesca, industria, comercio, transportes, banca, abastecimiento de agua, recogida de basuras, etc. Hace muchos años el economista alemán Adolph Wagner ya advirtió del peligro de inercia que había en la evolución de las actividades realizadas por el sector público, incluso pronosticó que el aumento del gasto público era más rápido que el aumento de la producción del país (Ley de Wagner).

Cualquier necesidad de los seres humanos susceptible de cubrirse a través de un grupo humano organizado es susceptible de ser organizada y/o intervenida. Pero en este punto no hay que olvidar nunca que, como decía John Maynard Keynes: el papel del Sector Público no consiste en hacer lo que los particulares están haciendo ya, en hacerlo un poco mejor o un poco peor, sino en hacer lo que no están haciendo los particulares y, sin embargo, es necesario hacer (Leopoldo Gonzalo y González)2.

Están lejos aquellos tiempos en los que el mismo Joseph A. Schumpeter se asustaba porque el Gobierno controlaba el 5% del PIB. ¿Qué pensaría de la España actual en la que ese porcentaje ronda el 43%? Poco a poco el Estado y su burocracia se hicieron portavoces de la justicia social, uniendo la seguridad y la justicia a costa de la libertad, prometiendo proporcionar a los más desfavorecidos los servicios elementales4. La idea rectora era tratar y cuidar a los hombres desde la cuna hasta la sepultura, como cosas de su propiedad. Este exceso de protección neutraliza a la sociedad civil, convierte a las personas en eternos adolescentes y a la nación en un rebaño de animales tímidos, estabulados y fáciles de manejar por el pastor gobernante4.

Las Administraciones Públicas se han convertido en la forma esencial de la manifestación del poder político y en el principal instrumento con que el que cuenta el Gobierno para llevar a cabo su programa político y para intervenir en la economía nacional. Por eso diseccionamos sus entrañas.

A lo largo de las últimas décadas, las Administraciones territoriales, esas que han florecido en nuestra nación por debajo del Estado, han expandido sus competencias de forma impresionante, unas veces por delegación del Gobierno nacional y otras por propia iniciativa para incrementar su presencia en el 
entorno en que se implantó o por presión de los ciudadanos que acuden a la Administración más cercana.

Y cada uno de estos niveles de Gobierno ha ido montando su propia burocracia y sus propios aparatos administrativos. En España estos niveles están constituidos por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Dentro del último grupo existen varios niveles: Diputaciones y similares, Comarcas, Mancomunidades y Municipios.

En la mayoría de estos niveles se reproduce el mismo esquema: Administración nuclear (Ministerios, Consejerías, Departamentos, Concejalías), Administración periférica (prolongación territorial de las demás Administraciones a través de Delegaciones regionales, provinciales, comarcales, de distrito o de núcleo de población), Administración funcional (Agencias, Organismos Autónomos, Entes Públicos, Empresas Públicas) y Administración corporativa (un conjunto de entidades de base asociativa que ejercen funciones públicas (Cámaras de Comercio, Colegios profesionales, Comunidades de regantes, Entidades sin fines de lucro que ejercen competencias públicas, etc.).


1 “De máxima urgencia” en la obra “Lo que hay que hacer, con urgencia” que coordina Juan Velarde, Actas 2011.
2 “¿Es posible reducir el déficit?” en la obra citada en la nota nº 1.
3 Capítulo XXVII: “El Estado Social y Democrático de Derecho” de “Historia de las formas de Estado”, el buey mudo 2010.
4 Capítulo XXXII: “El Estado de Bienestar”, en la obra citada de Dalmacio Negro en la nota nº 3.

08.12.2011

El Sector Público español: la expansión (2)

A las razones expuestas en la primera parte, se pueden añadir otras muchas para certificar que el Sector Público español se ha expandido hasta estos niveles insoportables para nuestra sociedad.

Las concepciones extensivas del servicio público y el sentimiento providencialista que muchos españoles tienen de papá Estado han inducido a que todo bien económico, que sirva para que los ciudadanos alcancen sus fines vitales, sea susceptible de ser provisto por las Administraciones Públicas. 

Muchas veces ni siquiera se analizan las posibles ofertas realizadas por otros agentes sociales ni el precio de ellas.

La utilización de los despachos públicos como escondite de una “casta política”, generada por el Estado de partidos y repleta de mediocres y de infinidad de chupones (1), y el comportamiento de los diversos clanes de burócratas que buscan incrementar su prestigio y su poder (William A. Niskanen) han perpetuado departamentos, órganos y entes innecesarios, absurdos y antieconómicos.

La impresionante fuerza de los “grupos de presión fiscal”, como son los sindicatos “subvencionados”, las organizaciones empresariales “subvencionadas”, los diversos grupos de interés, colectivos de contribuyentes o lobbies influyentes (Richard A. Musgrave), han logrado decisiones de política social o fiscal difíciles de justificar (ayudas a las energías renovables, a ciertos productos agrarios o a las instituciones financieras, inversiones faraónicas estilo AVE, etc.).

Incluso las formas presupuestarias tradicionales de corte administrativo han sido un coste añadido para el Sector Público español, ya que en pocas ocasiones los dirigentes públicos han mostrado deseos de poner en práctica técnicas presupuestarias modernas que evalúen desde cero los costes directos,

indirectos y de oportunidad de los servicios públicos prestados.

Como añadido a este pliego de cargos, en los últimos años se ha ido demostrando mediante estudios empíricos que el exceso de gastos públicos frena el crecimiento económico, pues no todo gasto público es bueno por sí mismo ni incrementa la demanda agregada (parte de él se puede ir la adquisición de bienes exteriores o a derroches efímeros e inútiles). También se ha demostrado que las formas de financiación de los diversos servicios públicos condicionan la vida de los ciudadanos (un IVA demasiado alto) o determinan una buena parte de los costes de nuestras empresas (las cuotas de la seguridad social), situación poco beneficiosa para crear empleo y para competir en el mercado internacional.

En definitiva, mantener toda esta selva administrativa es un “lujo” que nuestra economía no puede permitirse (pensad que en economía nada es gratis, alguien tiene que pagar la factura).

14.12.2011

El Sector Público español: las dimensiones

De las muchas formas que hay de medir su dimensión, hemos escogido el volumen de gastos e ingresos (expresado en sus presupuestos) de aquella parte del Sector Público calificado como Administración Pública, con los últimos datos disponibles a efectos comparativos. En el año 2011 (ó 2010 en su defecto) el volumen de gastos públicos previstos por el conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) representaba el 43% del Producto Interior Bruto (PIB 2011 actualizado: 1.065.811 M€):

Fuente: Ley estatal de Presupuestos, Estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia

Si la medida se realiza desde el lado de los ingresos previstos, esa parte de la renta nacional que las diversas AAPP detraen de los bolsillos de los ciudadanos a través de tributos y cuotas sociales, el porcentaje se queda en el 34,5% del PIB:

Fuente: Ley estatal de Presupuestos, Estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia

Desde el punto de vista presupuestario, en las cifras de los cuadros anteriores no se incluyen las operaciones financieras: los gastos en activos financieros (adquisición de participaciones en sociedades o fundaciones públicas, dotaciones a Fondos de reserva u otros o concesión de préstamos, por valor de
21.943 M€) y los gastos en pasivos financieros (amortizaciones anuales previstas de la deuda pública en general (préstamos, letras, bonos, obligaciones, etc. por valor de 58.189 M€); ni los ingresos poractivos financieros (reintegro de préstamos y de Fondos por valor de 17.488 M€).
Desde el punto de vista orgánico, tampoco se han tenido en cuenta las previsiones de gastos y de ingresos de todo la maraña de Entes Públicos calificados como entidades empresariales o fundacionales (Agencias, Comisiones, Consorcios, Fundaciones Públicas, Entidades Públicas Empresariales, Empresas  Públicas  propiedad  de  dichas Administraciones Públicas, etc.) fugados de la disciplina presupuestaria (sus previsiones de gastos no aparecen en estos agregados). En diversos artículos hemos hecho mención a este fenómeno. A modo de ejemplo, el grupo de sociedades y entidades públicas empresariales manejó 33.288 M€ (Cuenta de producción) durante 2008 (en el Informe “Cuentas de las Empresas Públicas, 2008” de la Intervención General del Estado se puede ver el inventario de todos estos Entes).

De estos datos se pueden extraer, a primera vista, estas conclusiones:

1. a través de las AAPP españolas, en 2011, se pensaba asignar casi la mitad del PIB nacional (si tenemos en cuenta todos los gastos previstos, financieros y no financieros).

2. las AAPP españolas, en su conjunto, preveían un déficit presupuestario de 57.812 M€, un 5,4% del PIB (3,8% el Estado, 1,40% las Comunidades Autónomas, 0,13% las Entidades Locales); ya se verá si al final del ejercicio logran mantenerse por debajo del 6% pactado con la Unión Europea;

3. las AAPP españolas, en su conjunto, preveían unas necesidades de financiación (financiación del déficit anterior más la amortización de deudas más/menos el saldo de activos financieros) de 120.456 M€, un 11,3% del PIB; al final del ejercicio ya se verá cuánta financiación externa han necesitado realmente y el volumen de Deuda Pública en circulación.

4. el Estado sigue siendo nominalmente el mayor agente público. Pero dentro de sus presupuestos se incluyen las partidas de los intereses de la deuda pública que beneficia a los otros niveles de administración, de las pensiones públicas, de las prestaciones por desempleo y de la aportación a la financiación de la Unión Europea. Si, a efectos comparativos, se deducen estas partidas, se vería que el Estado maneja menos presupuestos que las Comunidades Autónomas.

5. las Comunidades Autónomas son los verdaderos agentes del gasto público. Pero, a pesar del nuevo sistema de financiación, dependen de los ingresos de las otras AAPP (sobre todo del Estado y de las Diputaciones Forales en el caso del País Vasco).


¿Por qué esta serie de artículos sobre el Sector Público español?:
El pasado mes de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (23/11/2011) la Directiva 2011/85/UE del Consejo de la UE (entra en vigor la los 20 dias de su publicación) que da instrucciones para la elaboración de los marcos presupuestarios a medio plazo (planificación presupuestaria a tres años); la disponibilidad pública de datos presupuestarios: mensualmente para los subsectores de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social, trimestralmente para el subsector de las Corporaciones locales; y la relación de todos los organismos y fondos de las Administraciones Públicas. Además, éstas deberán publicar todos sus pasivos contingentes (préstamos morosos, garantías concedidas y demás pasivos resultante de su actividad) así como la participación de ellas en el capital de sociedades públicas y privadas.
Por eso creemos importante que nuestros lectores conozcan un poco nuestro Sector Público.

20.12.2011

Dilapidando que es gerundio

Estado insostenible

Recientes publicaciones (como las realizadas por la Fundación Progreso y Libertad) han puesto sobre la mesa el “sobrecoste” de los servicios públicos prestados por las Comunidades Autónomas (26.000 millones de euros anuales) y por las Entidades locales (mas de 5.000 millones de euros al año), utilizando un sencillo análisis de eficiencia comparativa con las que mejor los prestan. Muchos informes de analistas independientes, añadiendo el Estado y las instituciones que funcionan bajo su paraguas, están poniendo al desnudo nuestras vergüenzas y elevan dicho “sobrecoste” al 7-9% de nuestro PIB (PIB estimado en 2010: 1 billón de euros aproximadamente). Así de fuerte es la realidad.

De golpe, como caídos de un guindo, una parte de nuestra sociedad política (políticos prejubilados como J. M. Aznar, políticos en excedencia, como Jordi Sevilla, que abogan por soluciones “federalizantes”, articulistas que raspan la cáscara sin mostrar el fruto o tertulianos ligeros de lengua y duros de mollera, y demás perlas cultivadas en conchas partidocráticas) se ha dado cuenta que nuestra organización territorial del Estado es un modelo insostenible y que las competencias normativas de los parlamentos y gobiernos regionales han embarullado las reglas del juego de nuestra sociedad civil hasta tal punto que han fragmentado la unidad del mercado nacional y frenan nuestro desarrollo económico.

Todos se rasgan las vestiduras ante las instituciones replicantes de los 17 miniestados (Parlamentos, Cámaras de Cuentas, Consejos consultivos, Defensores del Pueblo, Agencias Tributarias, Televisiones, Departamentos-Ministerios con infinidad de asesores, etc.), ante la proliferación de toda clase de guaridas burocráticas* (empresas públicas cuyo único cliente es la propia Comunidad o cuya actividad es semejante a la que realiza el órgano administrativo del que dependen y una variopinta fauna de entes cuya única finalidad es premiar a su clientela o esconder deudas públicas) y ante la inmensidad de gastos suntuarios, lujos desmedidos y subvenciones por doquier.

Esta pandilla de ganapanes nos está hundiendo y nadie levanta la voz, como están haciendo los habitantes de Túnez. Solamente algunos grupos gritan su desesperación ante las puertas de este “régimen político”: los funcionarios andaluces se rebelan ante la “funcionarización” de los empleados en la administración institucional paralela de la Comunidad Autónoma de Andalucía (esas guaridas burocráticas que más arriba comentamos, ver sus Presupuestos para 2011* ) que emplea a cerca de 30.000 personas, y muchos ciudadanos murcianos se rebelan ante los recortes presupuestarios para pagar los banquetes del próximo pasado.

Sigamos su camino y proclamemos un cambio radical de este Estado de partidos insostenible que silencia nuestra ruina y succiona nuestra prosperidad.

Lorenzo Alonso (en Diario de la República Constitucional 25.01.2011)