Una salida política a la crisis española
Manuel Muela
Economista
La magnitud de los problemas nacionales, y la percepción de que los gobernantes parecen incapaces de ordenar la resolución de los mismos, ha extendido un sentimiento de fatalismo en la sociedad española, alentado por muchos medios de opinión, que se traduce en la falta de iniciativas y de propuestas que no pasen por la proclama repetida de los recortes sociales y de la obediencia a lo que, se dice, indican la Unión Monetaria y los acreedores de nuestro país. Es una orfandad peligrosa de la que conviene salir, por lo que sugiero un plan que contemple la constitución inmediata de un gobierno de gestión para lo que queda de legislatura, con el fin de ejecutar un proyecto de saneamiento político y económico, cuyos ejes principales serían: ordenar y unificar los poderes del Estado, plantear la renegociación de la deuda pública y reestructurar el sistema crediticio.
Creo que hay pruebas sobradas de que el Gobierno se encuentra sobrepasado por los problemas y que, por la rigidez institucional y la anemia de su partido, ni se provee su sustitución ni se contempla la anticipación de las elecciones generales, alegando que ha sido elegido para cuatro años. La oposición, por su parte, mantiene un distanciamiento desmovilizador, esperando el derrumbe para alzarse con una hipotética victoria sobre la tierra quemada, preñada de amargura, en 2012. Son, en mi opinión, actitudes fatalistas y dogmáticas, que demuestran el bloqueo institucional del sistema político español, que desacreditan los valores del régimen parlamentario y que agravan el daño de los españoles, convertidos en rehenes de la inepcia de sus dirigentes. Una situación de emergencia nacional, que requiere decisiones ambiciosas, sobre todo de carácter político e institucional.
Ante la parálisis y el descrédito de la política, que ya es un clamor en la sociedad, como demuestran las diferentes encuestas, si no se produce la reacción del partido y/o el grupo parlamentario del Gobierno, el Congreso de los Diputados, órgano supremo de la soberanía nacional, debería adoptar la iniciativa para lograr la constitución de un nuevo gobierno que merezca la confianza abrumadora del Parlamento, para ejecutar un plan nacional que sanee la economía, que restaure la confianza interna y externa y que inicie la apertura de un proceso de revisión constitucional.
Las dificultades acaecidas desde 2007 han puesto en duda muchas cosas, tanto en el plano internacional como en el doméstico; se ha dicho de todo y se han
planteado debates doctrinales sobre el capitalismo, sobre el papel de los Estados, sobre las organizaciones supranacionales etc. etc. También en España se están
cuestionando algunas realidades y una de ellas, que me interesa resaltar, se refiere a la capacidad del Estado para ejercer sus funciones debido a la gran dispersión de
poderes que se ha producido a lo largo de los años y al coste desmesurado que ello supone: el ejemplo genuino son las Comunidades Autónomas, convertidas en la práctica en contrapoderes estatales con vicios agudos de clientelismo y con escaso sentido de la solidaridad. Ni el gobierno más ilustre podría ordenar ese laberinto, sin cambios previos e importantes.
Ninguno de los defensores del derecho a la autonomía de las regiones, que se reguló por primera vez en la Constitución de la República Española de 1931, podría
respaldar y justificar la realidad actual del mismo: su ejercicio ha sido vanidoso y viciado, hasta el punto de convertirse en uno de los problemas que España tiene
para recuperar sus equilibrios. Ojalá no hubiera sido así, pero es y, en mi opinión, parece obligado revisar una situación que se ha convertido en un lastre para el
ejercicio correcto del poder público.
Las bases del cambio constitucional capitaneado por ese Gobierno de gestión incluirían tal revisión. Mientras tanto, aprobará una Ley Orgánica que permita recuperar para el poder central la mayoría de las competencias transferidas, suspendiendo los organismos e instituciones autonómicas que las ejercen en la actualidad. Se ga-naría eficacia y se produciría una disminución inmediata de gastos en beneficio de una reducción significativa del déficit público. En su caso, el Tribunal Constitucional resolverá sobre la constitucionalidad de dicha Ley, que, repito, sería transitoria hasta que culminara la revisión constitucional.
El volumen y el coste de la deuda pública, ambos crecientes, nos permiten afirmar que los compromisos asumidos no podrán ser cumplidos, porque nuestra es-tructura económica y fiscal, a diferencia de la de otros países más endeudados que nosotros, no va a permitir, en largo tiempo, generar recursos suficientes para ello, salvo que alguien piense que se puede sacrificar en el altar de la deuda la parte del león del gasto público, porque además de injusto no es realista. Es verdad que nuestros prestamistas nos vigilan, como se repite una y otra vez, pero también el prestamista tiene que asumir riesgos, como es el caso. Si un Gobierno español serio y decidido, con un plan de saneamiento creíble, plantease, en concurso con la Unión Monetaria Europea, una renegociación de la deuda para dinamizar las cuentas públicas, se vencerían las resistencias iniciales de cualquier prestamista, que de verdad quiera cobrar.
Sin un sistema crediticio en funcionamiento resulta casi imposible pensar en la regeneración de la actividad económica. Nuestras entidades crediticias, o al menos la mayoría de ellas, siguen constreñidas por el enorme caudal de activos dañados e improductivos y la incertidumbre sobre la evolución de las operaciones de rene-gociación de deudas, cuyo volumen desconocemos, aunque seguro que es importante. Por ello convendría dar un paso más, sacando de los balances del sistema crediticio aquellos activos, fundamentalmente inmobiliarios, de difícil recuperación en el medio plazo, para estimar las necesidades de capital que resulten de ello.
Como ya han planteado algunos expertos, se podría apelar al Fondo de Rescate de la Unión Europea para cubrir tales necesidades de capital, que se presumen
voluminosas, vistas las limitaciones de España para acometerlo en solitario. De esta forma, el sistema crediticio recuperaría el movimiento para desempeñar el papel que le corresponde en la economía nacional.
La labor a realizar por ese hipotético gobierno de emergencia nacional hasta las elecciones de 2012 comprenderá muchas otras materias, entre ellas una nueva electoral, pero no es la pretensión de este comentario enumerarlas; se trata de esbozar las columnas básicas de un proyecto que viene justificado por dos convicciones: la primera es que no se puede continuar sin enfrentar de raíz los problemas estructurales, políticos y económicos, que nos atenazan y la segunda demostrar que la democracia tiene vías y resortes para dar salida a las situaciones de emergencia sin tener que apelar a las viejas fórmulas autoritarias de las que España tiene experiencia.
Creo, para terminar, que lo propuesto puede parecer poco realista o utópico ante el proceso agudo de esclerosis del sistema, anclado en la dictadura de lo políticamente correcto, pero la penosa realidad española obliga a abrir un debate más profundo y de mayor enjundia que continuar con los señuelos y las amenazas a los débiles, circunscribiendo los problemas a si hay que subir éste o aquel impuesto, si esta semana colocamos la deuda a menos precio que la anterior, o si el jefe del gobierno, que es objeto de un excesivo y antidemocrático culto a la personalidad, comunica si se presenta o no a las elecciones. España merece más y también puede más.
TEMAS / Febrero 2011
