A la rica efeméride

Antonio García Trevijano *

Una Constitución para oligarcas

El próximo viernes se cumplirán 35 años del mayor engaño sufrido por el pueblo español en toda su historia. Nos referimos a la llamada Constitución, que no es tal, sino en realidad la Ley Fundamental de la Monarquía de Partidos. En ella se establecen las directrices para vaciar de competencias al Estado central a través del reparto autonómico.

Para que ese reparto y el del inmenso botín económico que suponía se hicieran con normalidad, se necesitaba una ley electoral que, en lugar de ser representativa de la sociedad civil, lo fuera de los jefes de partido que hacen las listas. Y para no dejar ningún cabo suelto, impusieron en la Constitución la no separación de poderes estatales, poniéndolos en manos del ejecutivo. El poder legislativo y el judicial quedaban así sometidos al poder ejecutivo, lo que garantiza a este la total impunidad ante la corrupción, la malversación de fondos públicos, el nepotismo más absoluto y la prevaricación.

El primer agente de esta oligarquía, el rey Juan Carlos, traicionó a su padre y a Franco. La clase franquista traicionó a Franco para sobrevivir y participar en el reparto del botín con los nuevos allegados. Estos, la nueva clase política procedente de la ilegalidad, descubrirían de pronto que si también ella traicionaba a sus principios ideológicos, con los que había tenido que vivir pobremente en la sombra, también podrían participar del botín y enriquecerse sin riesgo alguno a costa de los demás.

El segundo agente, el presidente Suárez, fue tres veces traidor: traicionó los principios del Movimiento Nacional, a los españoles no permitiendo que alcanzaran la libertad política y a España, dividiéndola en diecisiete trozos, contrarios todos ellos a la realidad histórica y objetiva de la Nación. En el caso del PSOE de Felipe González, un diseño de partido de 'izquierdas' realizado por la CIA a través de Willy Brandt para frenar al comunismo, renegó de sus principios marxistas y desde el poder traicionó a la clase obrera en favor de las elites financiera y mediática. Miguel Boyer les entregó los monopolios públicos por la décima parte de su valor.

Con estos mimbres, la Carta Magna fue el resultado de un simple reparto de poderes entre traidores: a sí mismos, a la libertad política constituyente y a la unidad de España. La Constitución de 1978 ha destruido la unidad administrativa del Estado, la unidad de mercado, todas las referencias éticas en lo público y las morales en lo privado, ha aniquilado el sentimiento patriótico de España y suprimido la representación política de los ciudadanos.

Asesinos de la libertad

Los autores de este engendro son auténticos criminales de la paz, porque no hay mayor delito que el de matar las esperanzas de libertad de un pueblo que llevaba casi 40 años sin conocerla. Fue el asesinato de la libertad colectiva y el abuso sin medida de las libertades individuales por parte de los oligarcas. Los culpables visibles de esta traición a todo un pueblo fueron siete, queden sus nombres en la historia negra para vergüenza de sus descendientes y desprecio de las generaciones futuras, porque aunque eran sólo los 'chicos de los recados', ya que la Constitución les fue dictada, se prestaron a representar y avalar la farsa infame que supuso todo el proceso.

Gabriel Cisneros (UCD)

Miguel Herrero de Miñón (UCD)

José Pedro Pérez Llorca (UCD)

Gregorio Peces Barba (PSOE)

Miguel Roca (Pacto Democrático por Cataluña)

Jordi Solé Tura (Partido Comunista de España)

Manual Fraga (AP)

Los verdaderos artífices fueron sus jefes políticos, Adolfo Suárez por un lado, y Felipe González por otro, y más directamente sus respectivas manos derechas, Fernando Abril y Alfonso Guerra, que discutían y pactaban en secreto todo lo esencial, completamente al margen de los ciudadanos, a los 
que no se consideraba dignos de conocer cómo se estaba decidiendo su destino. En particular, pactaron  la monarquía de partidos estatales, donde todo el poder se reparte en exclusiva entre las agrupaciones políticas, aunque el Rey siempre conservó el derecho de designar ministros por vía de pasillo.

En los artículos de contenido social, la Constitución trata cínicamente de convertir en norma obligatoria los simples deseos de bienestar. Los partidos estatales basaron su propaganda demagógica en estas simplezas utópicas que ninguna constitución seria puede albergar, pues son engaños siniestros. “Los españoles son iguales ante la ley”, mentira: el Rey, los partidos, y los jueces demuestran a diario este colosal engaño. “Todos los españoles tienen el derecho al trabajo y una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, mentira: las estadísticas millonarias de paro y pobreza evidencian tan escandaloso embuste.

“El derecho a una vivienda digna y adecuada”, mentira. Familias hacinadas en una sola habitación, sin agua ni electricidad, dos millones de ellas que viven en infraviviendas, según Cáritas, y más de 400.000 desahuciadas prueban no sólo la falsedad, sino la maldad de esta norma contraria a la normativa 
europea. “La independencia de la Justicia respecto a los órganos políticos”, mentira. PP y PSOE, sin recato ni vergüenza alguna, nombraron a los rectores de la judicatura para que los jueces no persigan la corrupción política. Somos un país arbitrario sin seguridad ni ordenamiento jurídico.

Al menos, el régimen de Franco cumplía las normas administrativas y civiles. Hay infinidad de pruebas, entre ellas, por ejemplo, la sentencia del Supremo que el abogado Trevijano ganó al Estado franquista y a la presión de Carrero Blanco logrando una fuerte indemnización (tres y medio millones de euros en valor actual) por el cierre ilegal del diario Madrid. Hoy eso sería inconcebible, ¿imaginan Uds. al actual Tribunal Supremo obligando a indemnizar al Estado con 3,5 millones de euros por el cierre ilegal de un periódico?

Los españoles ni siquiera pueden concebir el daño que está causando a nuestra economía la falta de seguridad jurídica. Otras mentiras escandalosas de la Constitución se comentan por sí mismas: “El Estado debe garantizar una redistribución de la renta más justa”, pero tenemos la más injusta de Europa; “ninguna autoridad podrá adoptar legislaciones para obstaculizar la libertad de circulación y establecimiento”, cuando todos los caciques locales lo hacen; “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado”, un rimero de mentiras y así todo lo demás.

“Los españoles estuvieron a la altura de las circunstancias”, afirmó cínicamente el Rey después de la aprobación de este engendro. Los españoles no estuvieron a la altura de nada, se comportaron como un rebaño de borregos que fueron a votar su propia ruina y la de sus hijos, haciendo lo que les dijeron los capos de la nueva mafia política oligárquica, un nuevo “vivan la caenas” en versión moderna.

La opereta de Tejero aborta el “golpe de timón”

A pesar de que esta nueva Ley Fundamental del Reino llamada Constitución estaba concebida, única y exclusivamente, para satisfacer las ambiciones siempre desaforadas de la oligarquía política, financiera y mediática, la convicción de que sólo el Ejercito podía acabar con ETA, que se estaba saciando a asesinar y  secuestrar, junto a la idea transmitida por Alfonso XIII a sus descendientes de que la monarquía no podría asentarse en España hasta que gobernara con el partido socialista, determinaron la decisión del Rey de “dar un golpe de timón”.

Para ello exigió la dimisión a un presidente del Gobierno, Suárez, que nunca dio la talla, pero se mantuvo en el poder político mientras le quedaba algo que regalar (legalizaciones y autonomías). El Rey quería un Gobierno de militares y socialistas presidido por el general Armada, quien ya había 
pactado las bases del mismo en la reunión de Jaca con el socialista Enrique Múgica, supuestamente autorizado por Felipe González.

Pero los golpistas del 23-F fueron víctimas de la fatalidad: el teniente coronel Tejero, encargado de la toma de las Cortes, se negó a obedecer a Armada cuando supo que iba a formarse un Gobierno con socialistas y otras izquierdas de nombre. En una entrevista radiada la pasada semana con el  señor García
Trevijano, el coronel Diego Camacho, del CESID, relató cómo sus jefes estaban dentro del golpe y cómo lo apartaron cuando lo denunció ante su superior el general Calderón, sin saber que formaba parte de la trama. Según este coronel, el Rey dio marcha atrás cuando Armada le comunicó por teléfono que Tejero iba por libre y no le obedecía.

Además, el hecho de que la radio y la televisión continuaron transmitiendo, con un energúmeno pegando tiros al aire y el mundo entero viéndolo en directo, hacía el “golpe de timón” absolutamente infumable a nivel internacional. En otra entrevista realizada en la COPE por César Vidal al coronel Perote del CESID, que vivió en directo todo el asunto, al preguntarle qué habría pasado si Tejero hubiera obedecido y las cámaras hubieran sido desconectadas, su respuesta fue rotunda: “Armada habría salido del Congreso investido como presidente del Gobierno”.

El jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, cuando fue expulsado de su cargo por el Rey, le contó a Trevijano cómo en el libro de visitas al monarca del día 11-F aparecía borrado el nombre de D. Alfonso de Borbón y en su lugar se había puesto el del general Armada, que se presentó de improviso 
en la Zarzuela, sin conocimiento de su capitán general. Y -continúa el general Fernández Campos- “tratándome como si fuera un soldado”, ante mi sorpresa me exigió “dígale que estoy aquí y vera cómo me recibe (el Rey) en el acto”, lo que efectivamente sucedió.

Fernández Campos le contó también a Trevijano que, a las tres de la mañana del 24-F, ordenó a un capitán de servicio en la Zarzuela que se presentara en la agencia EFE y retirara el cable enviado por el Rey a Milán del Bosch en el que le decía “que ya no podía dar marcha atrás”. Se refería a la suspensión 
de la operación político-militar promovida por la Corona. Milán del Bosch, que ya había sacado los tanques a la calle, no obedece al Rey al instante, por eso el mensaje del Rey en la televisión no puede emitirse hasta la madrugada. En el 23-F los militares pagaron el pato, todos los condenados menos uno eran militares, aunque en el golpe había mas civiles que militares. Y con una dignidad y una lealtad digna de mejor causa todos mantuvieron la boca cerrada.

A día de hoy, el Estado de las autonomías ha destruido la unidad de la conciencia de España; arruinado la economía nacional, destruido la clase media, que lo tiene más que merecido por ser el principal sostén de estos miserables; convertido en mileuristas o menos al 60% de los trabajadores ocupados y llevado a la pobreza y al hambre a mas de tres millones de españoles. Y lo único seguro para 2014 son nuevos recortes - pensiones, salarios y desempleo - y más injusticia social, mientras Gallardón y el ministro del Interior siembran las semillas de un regreso al autoritarismo y de un recorte, esta vez, de las libertades personales.


(*) Antonio García Trevijano es abogado y escritor.

Publicado el 02.12.2013 en elconfidencial.com

DECLARACIÓN DE REBELDÍA A LA CORONA

Insertamos este texto elaborado por nuestro amigo y compañero republicano Jaume D'Urgell, para facilitar su difusión y debate. El autor no forma parte del Club Republicano Tres. No obstante, en la línea definida por el CR3 de cooperar a la integración de los republicanos y de rechazar cualquier espíritu de secta o capilla, nos complace facilitar el acceso a nuestra tribuna a quienes defienden propuestas republicanas, aunque no formen parte del Club Republicano

¿Hasta dónde alcanza el efecto de un golpe de Estado? ¿Cuánto debemos esperar para restablecer la normalidad? ¿Cómo llamar a un país cuya jefatura de Estado detenta un militar que no está sujeto a elección? ¿Es legal cooperar, exaltar y finalmente suceder a un genocida? ¿Defender la democracia equivale a provocar la guerra? ¿A quien deben lealtad los ejércitos de España? ¿Monarquía es sinónimo de democracia?

¿Son delincuentes los republicanos? ¿Es ultrajante desear la igualdad? ¿Es temerario pretender que todos los cargos públicos sean electos? ¿Por qué celebramos el día nacional con un desfile de personas armadas? ¿Es correcto que en pleno 2007, el titular de Exteriores deba coexistir profesionalmente con las ingerencias del colega, compañero y sucesor de Francisco Franco? ¿Es normal que el máximo exponente de lo público acuda a la medicina privada? ¿De dónde procede la autoridad del rey? ¿Es justo que no todas seamos iguales ante la Ley? ¿Quién paga las facturas de la familia real expulsada por el pueblo griego? ¿Por qué mientras el rey practica deportes como la vela o el esquí, miles de familias trabajadoras sufren desahucio bajo el peso de la precariedad laboral? ¿Por qué hay ciudadanos que fallecen de frío en las calles de Madrid, mientras el Palacio Nacional permanece vacío u ocupado por una sola familia?

¿Qué porcentaje de la población actual, ejerció el voto en 1978? ¿Qué explicación tiene el insondable enriquecimiento de la familia real? ¿Por qué el apartado H del artículo 62 de la Constitución Española de 1978 confiere al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas? ¿Es eso algo simbólico? ¿Simbólico quieres decir falso, como el artículo 47, o el 128? ¿Por qué el PSOE o el PCE —ambos partidos de izquierdas— defienden políticamente los intereses de la monarquía? ¿Es democrático impedir que la ciudadanía se pronuncie en las urnas sobre conflictos territoriales, forma de gobierno, separación de poderes, legislación electoral, gasto militar, estructura económica de la sociedad, relaciones internacionales o laicismo? ¿Quién toma las decisiones que a nosotros no nos permiten tomar? ¿A quién beneficia lo arbitrario? ¿Debemos reconocer la pretendida autoridad del rey?

IGNOREMOS LA AUTORIDAD DEL REY

No siento ningún temor en proclamar que el ciudadano Borbón es tan solo una persona más. El rey no solo no goza de ninguna autoridad, además, no me representa. El rey solo se representa a si mismo, y a un pasado de infausto recuerdo e inocultable memoria. Soy madrileño y el ciudadano Capeto es tan solo uno más de mis vecinos, porque yo soy un ciudadano y no el súbdito de nadie. Ni a mi, ni a mi queridísimo esposo, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mis amigos, ni a mis camaradas no se nos hereda como si fuéramos reses de un ganado, porque no somos cosas, no pertenecemos a nadie, somos personas.

Hago un llamamiento a todas las personas con sentido de responsabilidad y en pleno uso de su razón, para que me acompañen en esta declaración formal de Libertad. No se trata de desobediencia, se trata de emancipación civil pacífica: henos aquí, nosotros, el Pueblo, no reconocemos autoridad alguna en la monarquía.

LA MONARQUÍA ES FLOKLORE LEGAL

No faltará quien lo llame rebelión, bien, procedan, y júzguenme con garantías. Yo lo llamo sentido común, normalidad democrática, y aún: superación de lo ridículo. No estoy anclado en el pasado, no pretendo ni la crispación improductiva ni una vuelta al guerracivilismo, lo único que afirmo es que, del mismo modo que ya no toleramos que la jerarquía eclesiástica siga torturando y enviando a morir en la hoguera a los herejes, no podemos consentir que un rey, hoy, encabece la estructura de los poderes públicos, porque semejante anacronismo supone una reducción al absurdo de una tradición malentendida... estamos ante un exceso de celo colectivo en la obediencia al folklore legal.

Señor Juan Carlos, yo a usted le respeto como a cualquier otro trabajador, pero la pervivencia de su puesto de trabajo, en pleno 2007, se me antoja absurda, extemporánea, contraria al interés general, triste, clarificadora y —si me lo permite—, ridícula. Sí, produce vergüenza histórica, es, como si mi país fuera de los últimos en abolir la esclavitud.

Se me ha acusado de ultrajes a España por retirar una bandera impuesta por las armas y colocar en su lugar, la que todos nos dimos en libertad. "Ultraje", es una expresión muy dura, cuando lo cierto es que siento un profundo amor hacia todos los Pueblos de mi querida península Ibérica, islas y colonias —un cariño que, como persona de izquierdas, no es contra nadie—. Sí, un fiscal solicita cárcel por ultrajar lo absurdo. No importa. Es un honor, y la pena es leve, en comparación con el sufrimiento de los miles de personas que me precedieron. Personas a las que algunos no quieren reconocer —ni siquiera desenterrar—, ni saber quien las mató, ni por qué. ¿Por qué habrá quien sienta la necesidad de ocultar Historia y razón? ¿Les avergüenza lo que se pueda descubrir?

Hace más de 50 años que la ciudadanía Universal declaró solemnemente que todos los Seres Humanos nacemos libres e iguales, en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y todavía hoy, aquí, hay quien pretende ignorar todo aquello que no le satisface. Aunque sea Ley, razón, justicia o voluntad popular.

Como en 1931, estamos en ciernes de unas elecciones. Por eso es tan importante que los trabajadores permanezcamos unidos —aún sin renunciar a nuestra identidad—. El PCE de hoy no es el de 1978, no lo son sus bases, al menos. El PSOE de hoy, tampoco es el de 1978. Además, la izquierda no se reduce a dos partidos. Y lo mismo podemos decir de las demás fuerzas... el pueblo no se reduce a la izquierda, están los liberales, y otras personas, que, aunque puedan pensar de un modo distinto, al menos desaprueban lo arbitrario. No hablo de pedir cuentas, ni de señalar a nadie... todo eso pasó. Hablo de hoy, con los pies en el suelo. De hoy... y del mañana.

¡Salud y República!

http://es.youtube.com/watch?v=GBdGVuHBJ10

Jaume D'Urgell

EL VALOR DE LA TECNICA CONSTITUCIONAL

Resulta unánime en las ideologías que se reclaman democráticas la formulación programática de la Libertad Política como algo inherente a su propia concepción social.

Ya se sea liberal, socialdemócrata o conservador, se asume la premisa de la libertad política como algo esencial para su desarrollo ideológico. Sin embargo tal asunción no es tal, sino presunción ya que en nada explican, formulan ni exigen sobre las condiciones constitucionales de necesaria observancia para llegar a tal libertad política.

En consecuencia la Libertad Política para las ideologías de la postmodernidad es un elemento preexistente al ser propio del que no se ocupan en absoluto ni merece la menor consideración técnica, pues se da por supuesta.

Si además de ello, las ideologías organizadas en partidos pueden llegar al poder político sustrayéndolo a los ciudadanos y encastrándose en el Estado, la presunción de la existencia de Libertad Política eliminándola del debate público, es un útil anestesiante de la sociedad civil.

Sin embargo tal presunción es falsa. La libertad política, lejos de ser un concepto abstracto es claramente concreto y articulable a través de unas normas básicas, pocas, pero de inexcusable cumplimiento. No está ahí porque siempre estuvo, sino que debe ser articulada positivamente. Ahí reside el valor de la técnica constitucional.

No por creer en la separación de poderes esta existe; no por valorar positivamente la representación entre el elector y el elegido esta se da; y no por votar nos encontramos en Democracia.

La denuncia de la Gran Mentira encuentra vehículo en la cuestión constitucional. Que esto no es una democracia resulta de fácil explicación al ignorante que se transforma en sorprendido tras la simple formulación y sencilla explicación de un simple principio: Donde no hay separación de poderes, no hay democracia.

La explicación de estas pocas normas y su alcance (Presidencialismo, separación de poderes, sistema electoral mayoritario por distrito uninominal…) en contraste con la prostitución de la palabra democracia en la oligarquía de partidos, es un útil arma de fácil uso.


Pedro M. González