Recientes publicaciones (como las realizadas por la Fundación Progreso y Libertad) han puesto sobre la mesa el “sobrecoste” de los servicios públicos prestados por las Comunidades Autónomas (26.000 millones de euros anuales) y por las Entidades locales (mas de 5.000 millones de euros al año), utilizando un sencillo análisis de eficiencia comparativa con las que mejor los prestan. Muchos informes de analistas independientes, añadiendo el Estado y las instituciones que funcionan bajo su paraguas, están poniendo al desnudo nuestras vergüenzas y elevan dicho “sobrecoste” al 7-9% de nuestro PIB (PIB estimado en 2010: 1 billón de euros aproximadamente). Así de fuerte es la realidad.
De golpe, como caídos de un guindo, una parte de nuestra sociedad política (políticos prejubilados como J. M. Aznar, políticos en excedencia, como Jordi Sevilla, que abogan por soluciones “federalizantes”, articulistas que raspan la cáscara sin mostrar el fruto o tertulianos ligeros de lengua y duros de mollera, y demás perlas cultivadas en conchas partidocráticas) se ha dado cuenta que nuestra organización territorial del Estado es un modelo insostenible y que las competencias normativas de los parlamentos y gobiernos regionales han embarullado las reglas del juego de nuestra sociedad civil hasta tal punto que han fragmentado la unidad del mercado nacional y frenan nuestro desarrollo económico.
Todos se rasgan las vestiduras ante las instituciones replicantes de los 17 miniestados (Parlamentos, Cámaras de Cuentas, Consejos consultivos, Defensores del Pueblo, Agencias Tributarias, Televisiones, Departamentos-Ministerios con infinidad de asesores, etc.), ante la proliferación de toda clase de guaridas burocráticas* (empresas públicas cuyo único cliente es la propia Comunidad o cuya actividad es semejante a la que realiza el órgano administrativo del que dependen y una variopinta fauna de entes cuya única finalidad es premiar a su clientela o esconder deudas públicas) y ante la inmensidad de gastos suntuarios, lujos desmedidos y subvenciones por doquier.
Esta pandilla de ganapanes nos está hundiendo y nadie levanta la voz, como están haciendo los habitantes de Túnez. Solamente algunos grupos gritan su desesperación ante las puertas de este “régimen político”: los funcionarios andaluces se rebelan ante la “funcionarización” de los empleados en la administración institucional paralela de la Comunidad Autónoma de Andalucía (esas guaridas burocráticas que más arriba comentamos, ver sus Presupuestos para 2011* ) que emplea a cerca de 30.000 personas, y muchos ciudadanos murcianos se rebelan ante los recortes presupuestarios para pagar los banquetes del próximo pasado.
Sigamos su camino y proclamemos un cambio radical de este Estado de partidos insostenible que silencia nuestra ruina y succiona nuestra prosperidad.
Lorenzo Alonso (en Diario de la República Constitucional 25.01.2011)
1 comentario:
ahora dicen que suben los suedos, ¿quién paga más?
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