20 diciembre, 2009

¡ Felices Fiestas !


El CR3 les felicita las fiestas y desea un venturoso año nuevo al mundo entero.

¡VIVA 3!

13 diciembre, 2009

In hoc signo vinces... ¡Viva 3!



A Constantino le dieron el signo de la cruz para conquistar Roma. El CR3 ofrece a los españoles el 3 (Tercera República ESpañola), para conquistar la libertad política, la dignidad ciudadana y la democracia de una vez y por todas.
¡VIVA 3! ¡Llévalo contigo! ¡Pinta España con el 3!

11 diciembre, 2009

Toma y daca




La lista de SINDE ... A toda acción corresponde una reacción...

Es decir:

Donde las dan las toman

Aquí, más información

07 diciembre, 2009

Sic transit...



Por su interés y recomendado por el amigo Lorenzo, reproducimos el artículo de Jesús Cacho, publicado en "El Confidencial.com" el 06.12.2009.


Manuel Prado o el valido


La vida y fortuna de Manuel Prado y Colón de Carvajal, fallecido ayer en su casa de Sevilla a los 78 años de edad, dio un salto adelante con motivo de la invasión de Kuwait por Sadam Husein, lo que motivó la intervención norteamericana y británica para expulsar a las tropas iraquíes del emirato y volver a instalar a la familia Al Sabah en el trono. Solo al final de la guerra se supo que, además de los pozos de petróleo, habían ardido algo así como 55.000 millones de pesetas de la época que la Kuwait Investment Office (KIO) mantenía en las cuentas de su filial española, el Grupo Torras.

Ocurrió que una buena parte de aquella suma se utilizó para el pago de favores políticos realizados en pro de la liberación del emirato, en concreto para permitir que los aviones de la USAF pudieran utilizar las bases españolas para repostar en sus viajes al Medio Oriente. Al menos esa fue la excusa que los trincones de turno pusieron para sacarle los dineros a KIO.

La nueva rama de los Al Sabah que tras la retirada iraquí se instaló en el emirato pronto se dio cuenta del timo y procedió a querellarse en Londres y Madrid contra el presidente de KIO, Fahad Mohamed Al Sabah, miembro de la familia reinante, contra su primer ejecutivo, Fouad Khaled Jaffar, y contra el presidente de Torras en España, Javier de la Rosa, quien, en declaración jurada ante la Corte de Londres, reconoció haber entregado a Manuel Prado hasta 160 millones de dólares, de los que el aludido reconoció en sede judicial haber recibido 100 –en dos entregas de 80 y 20-, algo así como 15.000 millones de pesetas de la época, recepción que justificó como “el pago de dictámenes y trabajos de asesoría por él realizados para De la Rosa”.

Testigo del episodio en las alturas fue Sabino Fernández Campo, el ex jefe de la Casa del Rey recientemente fallecido, a quien un día el Rey Juan Carlos I pidió que acudiera al piso que De la Rosa solía utilizar durante sus estancias en Madrid, un hermoso penthouse en el 47 del Paseo de la Castellana, para que transmitiera al catalán el siguiente escueto mensaje:

-Vas a ir a ver a Javier de la Rosa a este número de la Castellana y le vas a decir que, de parte del Rey, todo está arreglado y que muchas gracias.
-Pero bueno –quiso saber Sabino, despistado- ¿no hay que decir de qué se trata?
-No, nada. Tú limítate a transmitirle lo que te he dicho.

Dicho y hecho. Fernández Campo cumplió su misión, certificando que el dinero había llegado a su destino. La gente más enterada de entre el madrileñeo nuestro de cada día se las prometía felices maquinando cómo se las iban a ingeniar los tribunales de Justicia para hacer como que juzgaban sin que saliera a relucir la figura que bajo ningún concepto podía salir a la palestra. ¡Ingenuos!

Tras años de dilaciones, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Javier Gómez Bermúdez, condenó en junio de 2006 a Javier de la Rosa a cinco años y dos meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad documental en las operaciones Pincinco (300 millones de dólares que volaron durante la Guerra del Golfo, incluidos 80 de los 100 pagados a Prado) y Oakthorn (préstamo de 105 millones). Por los mismos delitos fue también condenado a tres años y ocho meses el abogado de Torras, Juan José Folchi; a un año y seis meses el ex consejero delegado, Jorge Núñez, y a otro año por apropiación indebida el ya citado Manuel Prado, nacido en Quito y con residencia en Suiza, pasaporte diplomático e intendente real, cargo que tradicionalmente designa a la persona encargada de manejar los dineros privados del Rey.

Todos los condenados plantearon recurso de casación ante el Supremo, cuya Sala de lo Penal dio a conocer su fallo en septiembre de 2007, ampliando la condena para De la Rosa -siete años de prisión- y Núñez –cinco años-, mientras confirmó las de Folchi, y el añito a Manolo Prado. Siete años para el dante y uno para el tomante.


Prado no ingresaría en la cárcel esta vez. Lo había hecho ya en abril de 2004, la de Sevilla, para cumplir dos años de prisión por su implicación en la llamada operación Wardbase, primera pieza separada del gran árbol del escándalo KIO. La Audiencia Nacional lo consideró culpable de un delito de apropiación indebida como receptor de un pago de 11,4 millones de euros (1.900 millones de pesetas) procedentes de Torras. Dos meses después se le concedió el segundo grado por razones humanitarias. En febrero de 2008 fue de nuevo condenado por la Audiencia Nacional a tres meses de prisión por apropiación indebida en la descapitalización de Grand Tibidabo.

Hombre de confianza de Juan Carlos I

Para entonces Manuel Prado era ya un juguete roto, obligado a vivir en la clandestinidad desde el punto de vista social y a entrar en Palacio casi a hurtadillas. Personaje clave en los últimos 50 años de Historia de España, sin el cual no se pueden entender muchas de las cosas ocurridas y que siguen ocurriendo –tal que la corrupción galopante en que ha derivado el Sistema-, su vida cambió el día en que, a mediados de los sesenta, conoció al entonces Príncipe Juan Carlos.

Hijo de un chileno, Julio Prado, que tuvo también problemas con la Justicia y acabó de relaciones públicas de José Banús en la Costa del Sol, Prado fue el hombre providencial que se iba a encargar de rescatar al Príncipe de la mediocridad de aquellos aristócratas que le acompañaron en sus primeros años en España.

De la mano de Prado, don Juanito, como le llamaban compañeros y profesores en Las Jarillas, abandonó a sus amigos de juventud –excepto a Jaime Carvajal y Urquijo, al que, entre otras cosas, haría presidente de Ford en España-, gente con mucho pedigrí y poco dinero, propietarios de fincas que al culto a la madre tierra unían un elegante desdén por el vil metal.

31 de octubre de 1975. El Príncipe preside un Consejo de Ministros en La Zarzuela, con el problema del Sahara Occidental como cuestión prioritaria. Al lado de Arias Navarro toma asiento como invitado el jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Fernández Vallespín.

Don Juan Carlos manifiesta su determinación de ponerse al frente de los acontecimientos. Sin embargo, nada dice a los reunidos que él ya ha enviado a su hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, a Washington, para solicitar la ayuda de Henry Kissinger, consciente como es de que una guerra colonial con Marruecos en aquellos momentos podría precipitar los acontecimientos al estilo de lo acaecido en Portugal y que podría perder su corona antes de ceñirla. Como enviado del futuro Rey, Prado viajó también a Casablanca y al francés Palacio del Eliseo para sumar apoyos exteriores a la joven democracia española.

Asentado Juan Carlos en la cúpula de la monarquía parlamentaria surgida a la muerte de Franco, Manuel Prado se iba a dedicar en cuerpo y alma a cuidar la fortuna del Rey, dispuesto el Monarca a abandonar para siempre su complejo de pobre, a olvidar las apreturas que de niño vivió en Estoril y después experimentó en sus años de juventud bajo la tutela de Franco. ¡Juro por Dios que nunca volveré a ser pobre!

Tamaña determinación haría al entonces presidente Felipe González exclamar un día ante Sabino Fernández Campo, mientras esperaba en la antecámara para ser recibido por el Rey en uno de sus habituales despachos: “¡Y dile a Manolo que se conforme con el 2%, porque cobrar el 20% es una barbaridad...! Aludía el sevillano a las supuestas comisiones del petróleo importado por España de algún país árabe.

Mucho antes, finales de 1973, el joven Príncipe había dirigido una cariñosa carta a Henry Ford II, presidente de la multinacional del automóvil del mismo nombre, recomendando encarecidamente a su amigo Manuel Prado como la persona idónea para facilitar los trámites legales necesarios para que la Ford se estableciera en Almusafes.

Un hombre que se mantuvo fiel al Monarca

Prado acabaría convertido en el valido, el nuevo Godoy por cuyas compuertas han pasado casi todos los secretos de La Zarzuela. Provisto de un pasaporte diplomático y con esa palabra impresa en su tarjeta de visita (cosa que enfadaba mucho a los profesionales del cuerpo, porque nunca fue de la carrera) Manolo Pardo atravesaba fronteras libre como el viento.

Le perdió la avaricia, como a tantos otros protagonistas de la Historia, eso que Hobbes denominó “un perpetuo e insaciable deseo de poder y dinero, que cesa solo con la muerte”. La avaricia y la sensación de impunidad.

Su momento más duro, con todo, llegó con el juicio de la operación Pincinco. Ahí estuvo a punto de venirse abajo. Faltó el canto de un duro. Bien pudo el Monarca hacer suya aquella frase del presidente Harding: “Puedo hacer frente muy bien a mis enemigos. Pero mis condenados amigos, mis malditos amigos, son los que me quitan el sueño”.

Prado aguantó, sin embargo, con una reserva de estoicismo y de fidelidad que nunca será apreciada en toda su importancia por quien corresponde.

Un hombre que se mantuvo leal, y que, con el misterioso libro editado por el ex ministro Pimentel bajo siete llaves, se ha ido con sus secretos a la tumba. ¿O no?

Desaparecidos Sabino y Prado, ya solo queda Paco Sitges, ex presidente de los astilleros Mefasa, y, en menor medida, Mario Conde, como testigos de algunos de los episodios más llamativos, por ignorados, de la historia reciente de este país.

No es cierto, sin embargo, que en los últimos años el Monarca borrara a Prado de sus afectos y le diera la espalda. En primer lugar porque eso no hubiera sido posible: al valido no le representa un cargo, sino una condición de la que no es posible abdicar. Del papel de Godoy nadie puede cesar, dimitir o ser expulsado. Hasta hace poco más de un año, el “intendente” seguía teniendo despacho en Zarzuela. No podía ser de otro modo.

Prado se había convertido en el retrato de Dorian Gray del Rey de España, cuya vida y reinado no pueden entenderse sin la de Manuel Prado y viceversa. Como afirma Lord Henry Wotton, uno de los protagonistas de la obra de Wilde, “lo único que vale la pena en la vida es la satisfacción de los sentidos”. Sus últimos años, con todo, fueron duros. Sufrió por su amigo, Juan Carlos de Borbón.
Descanse en paz.

02 diciembre, 2009

Derecho a la Libertad en Internet




Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.