Muere Georges Moustakí

El autor e intérprete de Le Métèque ha fallecido, a los 79 años, en Niza.

Georges, adieu et merci pour tout

Chulazo, chu-lín y chulo.

Charla coloquio sobre espionaje en el Ateneo de Madrid

La charla lleva por título “Técnicas de espionaje: la guerra de los servicios de inteligencia” y el plato fuerte será la intervención de Ignacio Prieto, ex miembro del Centro Nacional de Inteligencia que ocupó puestos de gran responsabilidad en el CNI.

Hablaremos sobre el modo en que los servicios de inteligencia trabajan para conseguir información en el mundo real, las técnicas que emplean en sus misiones y los resultados que obtienen. Algunas temáticas serán: cómo captar un espía, cómo identificar un topo, cómo proceder al descubrir a un infiltrado, cómo volver un agente "doble", servicios aliados vs. servicios amigos, servicios ofensivos y defensivos, etc. Todo ello con episodios reales.

Cada vez más cerca...

¡ VIVA LA REPÚBLICA !

Ha muerto Alvin Lee... R.I.P.

Nos ha dejado la guitarra más rápida del mundo mundial. Forma parte de la BSO de mi vida.

Adiós Alvin, ¡Gracias por todo! ¡Seguirás vivo en mi recuerdo y en mi discoteca!

Presentación Ciclo "La crisis constitucional en España", en el Ateneo de Madrid

ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID

SECCIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS       

“PRESENTACIÓN DEL CICLO LA CRISIS CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA” 

MESA REDONDA con la participación de D. Javier Benegas, periodista y autor del libro “Sociedad Terminal”, D. Manuel Muela Martín-Buitrago, Presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos (CIERE), y D. Pedro López Arriba Presidente de la Sección y Vicepresidente 1º del Ateneo de Madrid.

Presentados por D. Carlos Pérez Martínez, Secretario de la Sección.

Miércoles 27 de febrero de 2013 - 19:30 horas 

Sala Ciudad de Úbeda

Ateneo de Madrid – Calle del Prado, nº 21.  28014 Madrid

Adjuntamos invitación para dicho Acto:

Recortando

Sobre los recursos públicos (I)

Lorenzo Alonso

Ante el despilfarro político generalizado, se ha puesto de moda confeccionar listas de recortes, así que voy a poner mi granito de arena, a modo de un pequeño resumen de la primera parte, dedicada al Estado, para iluminar a las personas que están a punto de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y a aquellos dirigentes que influyen en el destino de nuestra nación:

1.- El Estado debe prescindir de órganos inútiles como el Senado, ya que España no lo necesita porque no es un Estado Federal; del Tribunal Constitucional, tribunal político por excelencia, cuyas funciones deberían estar residenciadas en el Tribunal Supremo y del Defensor del Pueblo, una institución redundante en un Estado con separación de poderes, en el que el Poder Judicial controla las diversas actuaciones que realizan los otros Poderes, sobre todo al Poder Ejecutivo. Además de redefinir las funciones de los órganos consultivos que, además de conllevar auténticas prebendas y una forma elitista de selección de las personas que los integran, están cargados de tareas duplicadas (Consejo de Estado, múltiples Órganos Consultivos, Comisiones variopintas, Abogacías del Estado, etc.).

2.- En estos momentos de penuria económica, no es una forma ejemplar de comportamiento que los diputados “cesantes” reciban unas pensiones e indemnizaciones de escándalo (inmoral). El Estado debería reflexionar sobre el origen y la justificación de estas pautas de conducta (ética) y actuar en consecuencia, eliminando todas las pensiones temporales y vitalicias de Presidentes de gobiernos autonómicos, de Senadores y Diputados, de Ministros y Secretarios de Estado, y demás privilegiados de la “casta política”, que no hayan cotizado el mínimo exigido por la ley a los demás ciudadanos. El tiempo de la duración en el cargo simplemente les debe servir para cobrar el subsidio de desempleo correspondiente y para añadir el tiempo que han estado en ese puesto al cálculo de la futura pensión, como a cualquier cotizante de la Seguridad Social.

3.- Las subvenciones a Partidos políticos, Sindicatos, Organizaciones empresariales y demás Organizaciones no Gubernamentales (religiosas, culturales, artísticas, etc.) no deberían existir, ya que, al ser asociaciones voluntarias de ciudadanos, sus miembros deben hacerse cargo de sus gastos. Otra cosa será que el Estado conceda alguna bonificación tributaria a los ciudadanos que aporten cuotas o realicen donativos a su mantenimiento, o coadyuve a su financiación de acuerdo con los fines sociales objetivamente probados que practiquen. Estos días hemos asistido a una justificación política absurda: La Vicepresidenta nos dice que eliminan el famoso “canon digital” para no gravar la compra de dispositivos electrónicos y lo reconvierten en una subvención presupuestaria, como si ésta no se financiase con tributos.

4.- Es una vergüenza conocer la existencia de miles de coches oficiales, de miles de tarjetas de crédito con cargo a cuentas públicas, de cientos de ordenadores portátiles, “tablets” (“iPad” o similares), “smartphones” (“iPhone” o similares), todo tipo de artilugio telemático o electrónico con contrato a cargo de algún organismo público, de la infinidad de gastos de protocolo y toda esa multitud de gastos reservados y a justificar. Es una virtud democrática que el Estado utilice estos objetos y esos créditos con mesura y de forma controlada y proceda a la eliminación de todo lo superfluo.

5.- Es de justicia y lealtad la desaparición de todos aquellos “cargos de confianza” cuyas tareas las pueden desempeñar los funcionarios de carrera, en muchos casos relegados a meros “pinches” administrativos; y de toda la grasa burocrática, visible en los miles de cargos y carguillos que inflan las Relaciones de Puestos de Trabajo (las famosas RPT) de los diversos Ministerios y de todos sus ramajes (Organismos, Agencias, Empresas, Fundaciones, Consorcios y demás Entes Públicos) carentes de contenido propio, cuyas funciones pueden ser desempeñadas perfectamente por los órganos ordinarios de dichos departamentos. Como hemos dicho muchas veces, las RPT se utilizan para incrementar las remuneraciones de ciertas categorías de funcionarios y empleados públicos y todos esos ramajes administrativos para evitar varios controles en las diversas facetas de su  “simulada” actividad (sobre todo la contratación de obras y servicios, de inversiones y de personal) y para inventar RPT a medida con puestos de trabajo bien remunerados.

6.- Es una obscenidad política ver contratos de prestación de servicios o realización de actividades, ideados como externalización de servicios para mejorar su gestión, mientras los funcionarios que antes los realizaban, se ven relegados a meros archivadores u observadores. Para colmo de la malicia, los generadores de esta situación y sus terminales mediáticos se aprovechan de ella para argumentar sobre la inutilidad de esos funcionarios.

Si se llevasen a buen puerto estos seis consejos en el aparato estatal, podrían generar un ahorro cercano al 2% de nuestro PIB, de acuerdo con lo que han evaluado varios economistas a través de las diversas partidas de los Presupuestos Generales del Estado. No hace falta ser muy sagaz para imaginar la minoración que tendrían lugar en las cargas que el Estado impone a las empresas y los ciudadanos y/o la generación de excedentes para ser utilizados por el Gobierno en inversiones productivas que generen empleo; o en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Un pequeño ejemplo de estas últimas inversiones: ha sido tan brutal el recorte en estas partidas que están fomentando la huida de muchos de nuestros científicos. Actualmente varios investigadores del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) se han marchado a Qatar y otros cuantos están haciendo las maletas; dirigentes e ingenieros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) han hecho lo mismo que los anteriores; y por si fuera poco en nuestros pequeños ambientes estamos oyendo cada día conversaciones sobre la marcha de miles de universitarios formados con dinero de todos nosotros; huyen porque aquí no hay futuro. Deseo terminar esta primera parte con dos perlas de estas conversaciones, una frase: “en este país no hay pan para tanto chorizo”; y una pregunta retórica: ¿No sería más rentable que invitásemos a marchar a todos los integrantes de “la casta política” de este país?

Publicado en diariorc.com, el 12.12.2012

Sobre los recursos públicos (II)

En la primera parte de este artículo llegamos a la conclusión que, si se tuviesen en cuenta los seis consejos que allí se daban, el Estado podría ahorrar una cantidad de recursos públicos anuales equivalente al 2% de nuestro PIB, porque existe otra manera de gestionarlos[1]. Seguimos desgranando más consejos sobre la utilización de los recursos públicos españoles, en este caso los que utilizan las Comunidades Autónomas (CCAA). Para ello vamos a ser benévolos y utilizaremos la segunda mejor opción (second best)[2]

 7.- Hace más de dos años la Fundación Progreso y Democracia  publicó el informe “El Coste del Estado Autonómico I” en el que cuantificó una parte de los costes suplementarios que pagamos los ciudadanos por la prestación de servicios públicos, realizada a través de órganos, supuestamente más eficaces y más eficientes. Según sus autores, el estudio estaba motivado porque el Estado había prescindo de la comprobación de los costes de esos servicios y de su impacto en el desarrollo regional. El Estado, según los autores del informe, se había limitado a transferir recursos financieros para su funcionamiento, revestidos de tecnicismos huecos. Si los dirigentes del Estado tuviesen en cuenta solamente las desviaciones de cada Comunidad Autónoma respecto del coste medio de las tres CCAA mejor gestionadas, tal y como los autores de este informe estimaron, los ciudadanos nos ahorraríamos anualmente 26.000 millones de euros (M€), de aquel año, el 2,5% del PIB.

 8.- El Estado conoce los organigramas fastuosos que cada Comunidad Autónoma crea, cada vez que cambia su gobierno, en los que inventa siete, ocho o quince Consejerías o Departamentos, con diez, once o quince directores generales, asesores y otros cargos asimilados. Si lograse convencer a las CCAA para que prescindiesen de más de 1.000 altos cargos, con retribuciones parecidas a los Ministros o Secretarios de Estado, lograría que los ciudadanos nos ahorrásemos recursos públicos en una cantidad anual cercana al 1% del PIB[3]. Los dirigentes regionales hacen oídos sordos a tales consejos.

 9.- El Estado tiene datos objetivos suficientes para apretar las clavijas a los gobiernos regionales. Según el Ministerio de Hacienda, a 1 de julio de 2012 existían 2.206 Entes dependiendo de ellas (sin tener en cuenta el País Vasco, Ceuta y Melilla)[4]. Las CCAA y el Estado se habían comprometido a reducir 675 entes públicos (Acuerdo 5/2012, de 17 de enero, del Consejo de Política Fiscal y Financiera). Según este Departamento, los efectos esperados de la supresión de estos Entes hubiesen estado cercanos a los 5.000 M€ en gastos no financieros anuales, el 0,5% del PIB. Este Ministerio sabe que el conjunto de todos estos Entes representa el 20% del gasto no financiero total del sector público autonómico. Si el Estado obligase a que todos los Entes autonómicos se autofinanciaran, se generaría un ahorro anual de recursos públicos cercano al 3% del PIB. Pero la mayoría de los procesos duermen el sueño de los justos o descansan en paz. Tres ejemplos (escogidos, sin ninguna intencionalidad ideológica, por orden alfabético) nos ilustran este descontrol: el número de órganos, organismos y entes que figuran en los Proyectos de Presupuestos para 2013 de la Comunidad Autónoma de Andalucía[5], de la Comunidad Autónoma de Aragón[6] y del Principado de Asturias[7] apenas han variado.

 10.- La información presupuestaria que nos presenta el Ministerio de Hacienda, mes a mes, de la gestión de las CCAA se centra en el volumen de gastos y su financiación[8], pero pocas veces nos explica con detalle los costes de cada uno de los servicios que prestan. Los ciudadanos desconocen el coste directo de los servicios (en la educación: el coste del profesor y del colegio, instituto o universidad; en la salud: el coste del sanitario y del hospital o centro de salud), el coste indirecto (aquella otra parte del coste imputada a dichos servicios por las estructuras organizativas de los gobiernos y de cada uno de los departamentos u otros organismos, que dirigen esos servicios) y el coste de oportunidad (aquél que se deriva de gestionar los servicios públicos de la forma actual y no de otra: policía nacional versus policía autonómica, médico nacional versus medico autonómico, etc.). Si hacemos una pequeña hipótesis en la que la prestación de algunos servicios públicos básicos del “Estado de Bienestar” se realizara por el Estado (justicia, seguridad e instituciones penitenciarias, educación, sanidad, servicios sociales y vivienda), se eliminarían una gran parte de los costes indirectos y el ahorro anual de recursos públicos estaría cercano al 1,5% del PIB[9].

 En definitiva, si las CCAA, hasta octubre de 2012, han contraído obligaciones por valor de 105.679 M€, dejando obligaciones pendientes de pago por valor de 13.263 M€ a la espera de otro nuevo plan de pago a proveedores por parte del Estado; si el propio Ministro de Hacienda ya lo adelanta en sus declaraciones[10] y si los Presupuestos Generales del Estado para 2013 destinan 23.000 M€ al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ¿Por qué nuestros políticos no están dispuestos a realizar estas pequeñas mejoras en el Estado Autonómico? Es que toda decisión política conlleva un coste y decisiones políticas de esta envergadura solo las pueden llevar a cabo hombres de estado (de los que carecemos).

[1]Ved el programa “Monólogos de Somosaguas” del día 1 de enero de 2013, dedicado a la perversión del lenguaje, Antonio García-Trevijano hace referencia a la frase  “como no podía ser de otra manera”, a la falsa tecnocracia y a las decisiones políticas alternativas (la esencia de la política).

[2]Este teorema fue introducido formalmente por Richard Lipsey y Kelvin Lancaster en su “The General Theory of the Second Best” en 1956. Viene a decir que hay distorsiones de la economía real para las que es posible diseñar una política que, si bien no remedia totalmente la situación, mejora el bienestar nacional.

[3] Según la clasificación funcional de los Presupuestos de 2011, la alta dirección de las Comunidades Autónomas representa el 0,5% del total de dichos presupuestos.

[4]Leed  “El informe sobre la reordenación del Sector Público Autonómico”:http://serviciostelematicos.meh.es/PubInvCCAA/SECCIONES/frmSelComunidad.aspx

[5]Ojead “El Informe económico financiero” que acompaña al proyecto de Presupuestos para 2013: http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/proy_presupuesto2013/presupuesto2013.htm

[6]Ojead “El Informe económico financiero” que acompaña al proyecto de Presupuestos para 2013: http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Areas/05_Presupuestos/01_Presupuestos_Anuales/PROYECTO_PPTOS_2013.PDF

[7]Ojead “El Informe económico financiero” que acompaña al proyecto de Presupuestos para 2013: http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Economia/Presupuestos/PRESUPUESTOS_2013.pdf

[8] Según el último dato publicado por el Ministerio de Hacienda, en septiembre de 2012 los créditos definitivos presupuestados por las Comunidades Autónomas, a través de sus órganos y organismos administrativos, alcanzaron los 176.237 M€.

[9] En el ejercicio 2011 dichos servicios representaban más del 70% del total de los presupuestos de ese año. El 70% de ese volumen de gastos = 115.468 M€; y el 15% de esta cantidad = 17.320 M€.

[10]El Ministro de Hacienda ha declarado en Sevilla el día 3 de enero de 2013 que su Departamento pondrá en marcha en este año 2013 el pago directo a los proveedores de cualquier Administración.

Publicado en diariorc.com, el 09.01.2013

Presentación libro de Javier Castro Villacañas

Allí nos veremos

La Varsoviana... ¡Qué belleza!

‘Los Encargados’: una crítica a la política responsable de que España haya llegado a esta situación.

Santiago Sierra, madrileño con una larga residencia en México, que obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2010 al que renunció con una carta en la que decía que el Estado utiliza estas distinciones en su provecho, firma ‘Los Encargados’ en colaboración con el pintor Jorge Galindo, una exposición que se inaugura este próximo jueves en la galería Helga de Alvear. Consta de varios cuadros y un vídeo y su propósito es denunciar la política que ha llevado a España a la situación actual. Para ello, los autores se sirven de las imágenes de una procesión de siete lujosos coches que llevaban retratos bocabajo del Rey, Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy y que el pasado 15 de agosto recorrió la Gran Vía madrileña dejando atónitos a los transeúntes.

La exposición ‘Los Encargados’, se puede visitar desde el 17 de enero hasta el 2 de marzo en la galería Helga de Alvear, en la calle Doctor Fourquet, 12, de Madrid.

Información recogida de Republica.com

La Agonía de la Transición ... así resultó.

Reproducimos a continuación, por su interés y oportunidad, el siguiente artículo publicado en VozPópuli.

Marea constituyente y la responsabilidad de UPyD y de IU

MANUEL MUELA (14-01-2013) 

vozpopuli.com

Con motivo de la presentación del libro La agonía de la Transición: crónicas republicanas en vozpopuli.com en el Ateneo de Madrid, se produjo un debate, como es obligado en esa institución, que estimula la reflexión para lograr aportaciones constructivas en beneficio del país. El auditorio era numeroso y heterogéneo, pero unido por la preocupación, en muchos casos irritada, por la situación de España; y también unido en la demanda imperiosa de cambios profundos que trascienden a un mero cambio de gobierno. En ese microcosmos del acto del Ateneo, cualquier sociólogo político podía extraer elementos para hacer un diagnóstico que, dicho sea de paso, no se separa demasiado de lo que van indicando las encuestas: la marea de la insatisfacción española es interclasista, con una dosis muy elevada de rechazo hacia todo aquello que suponga el mantenimiento del statu quo. La gran pregunta que flotó en el debate fue qué hacer y cómo impulsar el cambio, porque, y esto es relevante, ni una sola voz se alzó para buscar algún atenuante o justificación para quienes ejercen el poder y la oposición. Hubo respuestas variadas, pero quiero centrarme en la que apelaba a la responsabilidad de quienes están en el Parlamento, que son los más obligados a responder, especialmente UPyD e IU.

El poder niega eficacia al ejercicio pacífico de los derechos

El año ha empezado con un toque a rebato de los beneficiarios del régimen, explicitado en los mensajes del Jefe del Estado y del Presidente del Consejo de Ministros, para aguantar la travesía de lo que se presume otro año difícil, que se suma al quinario ya soportado por los españoles. Se continúan pidiendo sacrificios que se parecen más al cumplimiento de una penitencia por los pecados cometidos que a la preparación de un orden político y económico más justo y equilibrado. Esto no aparece en el guion público, ni siquiera como promesa lejana, provocando el desánimo de muchos y la ira de otros tantos, al contemplar las paletadas diarias de podredumbre con las que nos obsequian los autotitulados defensores de lo establecido. Todos sabemos hasta dónde llega el envilecimiento, que ha afectado de forma casi irreversible a instituciones y organizaciones políticas del sistema. Lo saben también los detentadores de las mismas y se refugian en su concha, como los caracoles: no les importa que las gentes utilicen pacíficamente los derechos de manifestación, de huelga o de expresión porque, de antemano, les niegan cualquier eficacia; y no se dan cuenta de que la devaluación del ejercicio pacífico de tales derechos pone más presión a la caldera del descontento.

Conforme avanza el castigo van naciendo en los extramuros del sistema organizaciones cívicas o políticas, que tratan de cubrir el gran vacío dejado por los partidos tradicionales. Es más visible en la izquierda por el desmoronamiento del PSOE, pero el fenómeno se extiende al centro y a la derecha con una velocidad inusual, solo entendible por el fiasco de un gobierno, incapaz de cumplir sus compromisos con los españoles. Es otro ejemplo relevante de devaluación de la democracia que, desde mi punto de vista, tiene consecuencias letales en un país poco acostumbrado a su ejercicio. Crecen, pues, los frentes cívicos, los foros de las libertades civiles, las iniciativas de las juntas de jueces, los movimientos de médicos y abogados, las redes sociales, la prensa digital y un largo etcétera que indica que, después de la perplejidad y del desconcierto, la sociedad española bulle para defenderse de las agresiones y, lo que es más importante, para buscar un futuro mejor. Es lo que el politólogo Manuel Monereo denomina la revolución democrática. Sin duda se conseguirá, porque la marea crece y las defensas de la ciudadela son más frágiles de lo que parecen, pero, para no hacer demasiado largo y costoso el asedio, creo que sería conveniente alguna iniciativa desde dentro a modo de catalizador.

¿Qué dice el Parlamento?

Dado el caos institucional y el descabezamiento del Estado, solo queda fijarse en el Parlamento que, con todas las limitaciones que se quiera, representa formalmente la soberanía nacional. En ese Parlamento ya se han producido defecciones, las de los nacionalistas catalanes y vascos que huyen de un Estado en ruinas y quieren el suyo propio. Los que rechazamos tales iniciativas las constatamos con pesar, algún día habrá que exigir responsabilidades por ello, y tenemos que batallar para cortar la hemorragia de la desintegración del país. Y para ello hay que apelar a los otros grupos parlamentarios, sabiendo que nada se puede esperar del PP y del PSOE, enfrascados en la defensa ciega de un modelo ya inservible y en caída libre de apoyo social. Si siguen así, su porvenir será parecido al de los grandes partidos de la anterior República de Italia, desaparecidos con la Tangentópolis. De ahí la referencia a las otras dos fuerzas nacionales, UPyD e IU, para que den el paso al frente de convocar al cambio de régimen y tiendan la mano a los que se mueven fuera de la ciudadela. Ya no son tiempos de ambigüedad ni de parches Sor Virginia. Las cartas están echadas para todos.

A pesar del descrédito de los dos grandes partidos, los otros, IU y UPyD, no se benefician significativamente de él, porque su mensaje es tibio, y en cierto modo contemporizador, aunque es de justicia reconocer que todavía no han sido fagocitados por los defensores de la ciudadela. En el caso de UPyD que, tras costosos esfuerzos, logró entrar en el Parlamento, se le percibe como un partido de corte reformista similar al de experimentos anteriores de la política española, en los años veinte el Partido Reformista de Melquíades Álvarez en el que militó el propio Manuel Azaña y más cercano en el tiempo el CDS de Suarez. Ambos intentos despertaron cierto interés y algunas simpatías, pero se saldaron en sonoros fracasos porque el momento histórico demandaba mayores ambiciones y energías que las del centrismo reformador, apto para las épocas suaves de la democracia.

Izquierda Unida, por su parte, es en sí misma un magma de las izquierdas tradicionales, que aspira además a recoger parte del naufragio del PSOE. Pero no obtendrá frutos, si se la ve como continuadora lampedusiana de los proyectos naufragados. Su alianza en Andalucía para administrar las políticas de la devastación y del vaciamiento del Estado supone, en mi opinión, un fardo del que tendrá que desprenderse para conservar la capacidad de ofrecer a la nación y a los electores de la izquierda un compromiso claro para cambiar el sistema. Tienen bastante que ganar y poco que perder, y justo lo contrario, de permanecer en la frontera imprecisa actual.

Son días y meses decisivos en los que los españoles, despreciados y castigados, desean recuperar la democracia secuestrada y necesitan ser ayudados para conseguirlo pacíficamente. Sabemos que ninguna Constitución contiene el bálsamo de Fierabrás, pero es urgente conseguirla para sustituir a la actual que ha sido arruinada por los que dicen defenderla. Entre la parálisis y el cambio-El porvenir de España ¿continuidad o ruptura?-cada uno tendrá que elegir. Más nos vale que acertemos.

La Agonía de la Transición

ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID

SECCIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

    “EL REPUBLICANISMO DEL SIGLO XXI”

Presentación del libro:

Por D. Manuel Muela Martín-Buitrago, Presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos (CIERE), presentado por D. Jesús Cacho, periodista y director de vozpopuli.com, diario digital. 

Presidido por D. Pedro López Arriba, Presidente de la Sección de Ciencias Jurídicas y Políticas y Vicepresidente Primero del Ateneo de Madrid.

Jueves 10 de enero de 2013

19:30 horas – Sala de Conferencias

Ateneo de Madrid – Calle del Prado, nº 21.  

28014 Madrid

Reyes... para los republicanos buenos.

Para obtener el regalo:
1º.- Clica en la imágen del post.
2º.- En la ventana que se abre, clica en la imágen que se parece a ésta

y que encontrarás arriba a tu derecha.

Agradecemos al dibujante argentino Pablo Chumbí así como a 

El Jueves, su inconsciente colaboración y mecenazgo.

Solsticio de invierno... hagan lo que puedan.

Y un 2013 mejor y más alegre

¿Se rompe España?

Separatismos

PEDRO M. GONZÁLEZ

Desde la transición inacabada de 1.978 hasta nuestros días, hablar públicamente de España como hecho nacional supone o bien auténtica provocación de quien se sitúa voluntariamente fuera del sistema, o asunto incómodo por el que se suele pasar con extrema cautela, de manera superficial y rápida, siempre dentro del falso discurso de lo políticamente correcto. Tan escandaloso era decir antes de 1.978 que aquello era una dictadura nacionalista como lo es ahora decir que esto es una oligarquía de partidos apátrida. El rechazo social es idéntico. El delicado equilibrio del consenso postfranquista deconstruye la conciencia nacional al partir de un error intelectual básico, consistente en entender el hecho nacional como dependiente de la voluntad de quienes integran un estado concreto.

La historia de la filosofía política nos muestra el perpetuo interrogante del hombre sobre los límites de la acción humana, de su libertad para modificar su propia circunstancia vital y la del medio que le rodea. Esa misma experiencia, es la que nos demuestra cómo existen aspectos vitales en los que el ejercicio de la facultad de libre decisión del individuo tiene una capacidad creadora o transformadora del medio (economía, ideología, costumbres sociales…) mientras que existen otras realidades sobre las que su voluntad resulta totalmente indiferente e inútil al desarrollarse por sus propias reglas. Los primeros son hechos derivados de la libre experiencia, los segundos son de mera existencia. Estos últimos son hechos objetivos, que nos vienen dados y sobre los que nuestra libre de voluntad de asumirlos nada tiene que decir sobre su propia generación, sucesión o existencia misma por mucho que libre y voluntariamente intentemos cambiarlos.

Basten dos ejemplos: Por mucho que cuatro hermanos decidan en libre votación y asamblea dejar de ser hijos de sus padres, el hecho objetivo y cierto es que no dejarán de serlo jamás porque vienen predeterminados por un hecho al margen de su voluntad como es su propia concepción que les predetermina como tales desde el nacimiento hasta la muerte. Podrán renegar de sus padres, decir que no son hijos suyos, que les han maltratado y que no merecen llamarse padres, e incluso cambiarse los nombres y apellidos que les dieron, pero aún así y con todo, siempre serán hijos de esos padres por el hecho biológico que les define como tales y que escapa de su libre voluntad. De igual manera, si pretendemos hacer mañana una excursión al campo o realizar cualquier actividad al aire libre resultaría absurdo que votáramos ahora en muy democrática asamblea que mañana hiciera un día cálido y soleado.

A estos hechos de existencia pura no se les pregunta el por qué ni el para qué como ocurre con los hechos de la libre experiencia, sino el simplemente el cómo. Pues bien, uno de estos hechos objetivos, predeterminados y que nos llega sin preguntar es el hecho nacional. El hecho nacional de España es así, en cuanto a su existencia, independiente de la libertad de conciencia que tengamos para afirmarlo o negarlo.

No es por tanto una unidad de destino mutuamente consensuada por ningún contrato como afirmaban José Antonio u Ortega, que aún siendo ideológicamente dispares coincidían en el voluntarismo social de la formación nacional, sino algo que nos viene dado, independientemente de nuestra voluntad. Es esa coincidencia en el origen del hecho nacional la que debe hacer no extrañarnos porque esa realidad nacional fuera tan maltratada con la dictadura sin libertades personales del pasado, como lo es ahora en la Monarquía de los partidos estatales en que se nos han otorgado todas menos la más importante, la Libertad Política.

Ambas visiones, la franquista y la juancarlista, comparten el empeño político de identificar España con su particular forma de ordenar la sociedad como un hecho que depende de la voluntad de los españoles, en el primer caso como una unidad en el destino, en el segundo como un sugestivo pacto o proyecto de convivencia común. El hecho nacional lo es de existencia histórica y no de experiencia social propiedad de una generación, y es independiente de la existencia o inexistencia de libertades personales. En la formación de esta realidad han jugado un papel más importante la geografía, el clima y las condiciones ecológicas que la voluntad de sus moradores, por cuanto aquellas condiciones son la que han determinado precisamente su distribución desigual en el propio territorio.

La dinámica de las naciones, su evolución, no depende de su voluntad política, sino de su capacidad de modificar las condiciones naturales de su existencia, quedando tan fuera del alcance de la libertad crear naciones como crear lenguas, fruto ambas únicamente del interactuar colectivo creador de su historia cultural. Por eso la independencia de un pueblo no es jamás fruto de su libertad política dentro de su nación, sino reflejo de su fuerza frente al exterior. Así España existirá queramos o no como el oxígeno que respiramos, haya libertad de reunión, de prensa o de sufragio o no la haya. No se trata pues de un plebiscito continuo que determine su existencia ni de un producto contractual, sino de un concepto objetivo y predeterminado tan difícil de definir como fácil de identificar.

Ni las naciones tienen un destino histórico predeterminado ni los pueblos tienen derechos, cuya titularidad es en el orden jurídico únicamente de los individuos. El destino racial de la Alemania de Hitler, el religioso en la España de Franco y el estatal del separatismo vasco, catalán o gallego, son el mismo fruto de esa errónea interpretación del hecho nacional.

                                                                   

La realidad es sin embargo, menos épica, menos romántica. La nación es mero hecho de existencia colectiva en común que cada generación recibe e impone a la siguiente sin preguntar, con la familia, religión y condiciones geográficas de donde nacen. Los españoles lo son no porque estén “en España”, sino porque son “de España” como fruto de esa realidad previa del mismo modo natural que los son su flora y fauna.

Por eso el llamado derecho de autodeterminación en los términos esgrimidos por los nacionalistas periféricos resulta un disparate intelectual a la par que una incorrección jurídica, utilizando un término preexistente del derecho internacional que nada tiene que ver con el sentido utilizado. Hablan de derecho de autodeterminación, cuando en realidad se quiere decir derecho a la secesión. Jurídicamente el Derecho a la autodeterminación es un concepto positivo muy claro definido en las normas del Derecho del Internacional Público y que como tal nace en el marco de la Sociedad de Naciones para ordenar jurídicamente los procesos de descolonización de las potencias europeas de finales del XIX.

El ejercicio del derecho de autodeterminación exige tanto una referencia a la metrópoli o potencia colonizadora como un concreto acto colonizador perfectamente localizado en el tiempo que entra en conflicto, bien con otra potencia colonizadora, bien con la existencia de estructuras estatales previas.

Por eso, al no encontrarse sometida a colonización alguna de potencia extranjera, el derecho de autodeterminación nacionalista no puede ser reclamado ante ningún tribunal de Justicia Internacional.

La situación de Argelia, del Sahara o de Mozambique, difícilmente son asimilables a las aspiraciones separatistas que aquí se dan, asentadas en sentimientos míticos en lugar de en razonamientos lógicos o jurídicos.

Uno de los sentimientos míticos nacionalistas es el que infiere que el hecho de tener una lengua particular otorga el derecho a tener un estado propio. Y si bien es cierto que lo más original de cada nación es su lengua, no lo es menos que su evolución e historia se han encargado de no hacer de la misma signo distintivo prioritario de su identidad. Prueba de ello es que la propia nación española no se identifica nacionalmente con las comunidades de hispanohablantes de Latinoamérica, no existiendo el más mínimo vestigio de sentimiento de consideración nacional sobre aquellas que, en tanto formaron parte del estado español fueron consideradas siempre colonias a pesar de hablar la misma lengua.

Ejemplos como el Portugal respecto a Brasil y el vasto abanico de naciones de la Commonwealth corroboran la falsa base en que el nacionalismo se asienta al acercarse a la cuestión lingüística. Por otra parte, resulta imposible objetivar los particularismos lingüísticos para asociarlos irrefutablemente a una mal llamada “lengua nacional” en la que éstos se entremezclan, nutren y evolucionan, hasta el punto de no saber si estamos ante otra lengua distinta. El caso del Aranés en Cataluña o la creación administrativa y artificial del batua fusionando el vizcaíno y el guipuzcoano son ejemplos paradigmáticos de la búsqueda de la uniformidad mítica de la lengua como elemento delimitador de la nación.

El mito nacionalista, como aspira a convertirse en Estado, precisa entrar en el juego lógico y dialéctico de la discusión sobre conceptos y categorías políticas, de no optar, naturalmente por la vía directamente criminal del terrorismo, en realidad mucho más consecuente con sus bases teóricas. Sin embargo, el nacionalismo denominado moderado o democrático, es siempre un jugador de ventaja puesto que cuando se ve acorralado por su interlocutor o se encuentra ante la incompatibilidad teórica de sus postulados con la realidad más evidente, acude al argumento sentimental como sustento último de sus posiciones y afán de estado, y frente a eso, no existe razonamiento que valga.

Sobre sentimientos no se puede entrar a razonar. Como ocurre con el odio, el amor, el hambre o la sed, no se puede discutir con criterios de racionalidad sobre el sentirse de ésta u otra nacionalidad, por mucho que se demuestre razonadamente lo ajeno que a la realidad de ese sentimiento. El sentimiento es así, refugio último, punto seguro o “casa” donde estar a salvo de la lógica o dialéctica más elemental, donde cobijarse bajo el manto del exigible respeto a esa dignidad personal, desde la que se tiraniza a la razón. Por eso el nacionalista presenta la nación no como hecho de la existencia humana, sino con derechos subjetivos y sentimientos, como si fuera una persona, siendo muy al contrario que sólo los seres humanos son titulares de tales atributos.

De la falsedad dialéctica que dota de derechos subjetivos a la nación, el nacionalista saca la conclusión de que si resulta indiscutible el derecho al desarrollo libre de la personalidad del individuo, por muy poco liberal que se sea, se debe colegir necesariamente también el derecho a la libre determinación de la comunidad particular a la que pertenece.

Tal razonamiento, claramente polilogista, que otorga derechos subjetivos a las comunidades de personas, se encuentra sin embargo con un problema irresoluble, cual es el de la individualización de esos derechos.

Efectivamente, mientras en el caso del individuo sujeto de derechos y deberes resulta inequívocamente identificable el titular de los mismos por su propia individualidad orgánica, los pueblos o naciones se encuentran indisolublemente unidos de forma física entremezclándose a pesar de diferencias étnicas o lingüísticas de forma que resulta imposible identificar su desarrollo diferenciado, hasta tal punto que la única forma eficaz de identificarlo es su preexistencia estatal independiente.

A estos “liberalísimos” les repele el supuesto comportamiento antiliberal de quienes niegan el derecho al plebiscito regional para resolver sobre, en sus mismas palabras, “su propio futuro”, que señalan debe decidirse a través de la pacífica y libre decisión de las urnas.

Sin embargo, de seguirse tal razonamiento, sería preciso cual fuera el resultado del referéndum autodeterminador, repetirlo cada quince años o menos, el tiempo de una generación, ya que no se puede denegar a futuras generaciones lo que se concede a la presente, sin que exista fuerza moral alguna que haga prevalecer jurídicamente la intención de una en concreto.

La paradoja alcanza su expresión máxima si consideramos el resultado de tal supuesto referéndum, dado que según tal lógica perversa, si bien debería repetirse periódicamente para renovar el voto de permanencia en el Estado respecto al cual se ejercita el derecho de separación, con toda seguridad en cuanto el resultado fuera favorable a la secesión, jamás volvería a practicarse. Curioso derecho cuyo ejercicio se reitera en el tiempo sólo si el resultado no es favorable a la independencia.

Sin embargo España, sin tener que invocar derecho alguno, es un hecho de existencia nacional con el que se encuentran inescrutablemente los que nacen y se reproducen en su territorio.

Publicado en diariorc.com como serie el 31/10 y el 6,15 y 22/11/2012.

Desmontando falacias

El mito financiero regional

LORENZO ALONSO

Hace mucho tiempo que venimos repitiendo que uno de los problemas económicos de España es el coste del modelo de Estado que nos impuso la “clase política” española actual. Durante más de tres décadas nos han estado vendiendo una inmensa cantidad de mercaderías políticas averiadas (descentralización política, administrativa y fiscal; gestión eficaz y eficiente de los servicios públicos; leyendas de tiempos imaginarios y fábulas de lugares utópicos) sin explicarnos que sus quimeras (inmensas  maquinarias burocráticas) necesitaban ingentes recursos tributarios y financieros. Para ello inventaron un alucinante sistema de financiación de esas Comunidades Autónomas y nos los vendieron como un ungüento de serpiente capaz de llegar a ser el elixir del eterno progreso político y económico de cada rincón de este país.

Nos explicaron que el consenso era el método racional de conseguir lo propuesto y la “multilateralidad”,basada en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, era el ejemplo perfecto que ayudaría a eliminar las tensiones territoriales de España. Pronto vimos que el cónclave de cada Partido Político pactaba, con los “miniestados” que dominaba, las decisiones que iban a votar en el sínodo de ese Consejo y que los dirigentes de algunos de estos territorios, que se sentían perjudicados, guardaban en la manga cartas marcadas. Y blandieron sus armas: “Balanzas Fiscales” amañadas (como si su territorio fuese un contribuyente o un ciudadano necesitado, al estilo medieval) y “Pactos Fiscales” (soberanía tributaria, bilateralidad y Convenio fiscal entre Estados). Todo era una quimera.

Durante muchos años nos avasallaron con “conceptos fiscales indeterminados” (corresponsabilidad fiscal, cohesión territorial, justicia distributiva, coste efectivo de los servicios públicos, óptima gestión del Estado de Bienestar, eficaz cobertura de las necesidades financieras) para justificar la cesión del 100% de la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto sobre la Matriculación de Vehículos y del Impuesto sobre la Electricidad; para añadir a la cesta tributaria el 33% de la recaudación del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los Impuestos Especiales (tabaco, alcoholes, cerveza, hidrocarburos, etc.); para seguir presionando hasta conseguir el 50% de la recaudación del IRPF (estableciendo tarifas y regulación propias en este tramo), el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. Sin hablar de los privilegios del concierto económico del País Vasco (en realidad son tres regímenes especiales, ya que cada uno tiene poderes fiscales distintos: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) y del convenio económico de Navarra (auténticas Confederaciones fiscales) y de una buena parte de la financiación de Canarias, Ceuta y Melilla.

Pero muchos dirigentes regionales se dieron cuenta de que este sistema generaba incertidumbres y que por tanto había que protegerse de ellas. Así que se inventaron variopintos mecanismos que les garantizasen la financiación de sus gastos: Fondo de Suficiencia Global, Fondos de Convergencia (de Competitividad, de Cooperación), Fondo de Compensación Interterritorial y otros Fondos, Fondillos y demás complementos edulcorados con multitud de variables para satisfacer diferencias y localismos (aportación al PIB nacional, “renta per capita”, población total, envejecimiento de la población, dispersión de la población, insularidad, lejanía, kilómetros de costa escarpada o de arena, lengua propia). Utilizaron un montón de fórmulas de ingeniería financiera expuestas con brillantez, multitud de cuadros exuberantes de coherencia interna y bellas hojas “Excel” para obtener el oro inagotable y la piedra filosofal. Pero a lo largo de su vigencia hemos visto que el dinero salía de los raídos bolsillos de “papá Estado”.

Todo había sido una gran falacia, porque el volumen de facturas pendientes de pago al terminar 2011 se elevó a 17.000 M€. El Estado tuvo que hacerse cargo de todas ellas (cerca de 4 millones de facturas) en 14 Comunidades Autónomas (todas excepto País Vasco, Navarra y Galicia). Pero la bestia, como le ocurría a Pantagruel, seguía teniendo hambre y el Tesoro estatal ha tenido que ofrecer “pequeños adelantos y anticipos”, el Instituto de Crédito Oficial ha tenido que conceder líneas de crédito especiales (10.000 M€ hasta ahora), el Estado ha tenido que inventar un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con 18.000 M€ (comprometido ya casi en su totalidad). No contentos con esta deriva demencial, el Ministro de Hacienda anuncia su extensión al próximo año (día 5-11-2012 ante la Junta Directiva de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional).

Por si fuera poco, según los datos del Ministerio de Hacienda, las obligaciones pendientes de pago de las Comunidades Autónomas, a principio de septiembre, ascienden a 12.000 M€. Y para poner “la guinda al pastel”, el Banco de España nos dice que la deuda autonómica en circulación ha aumentado en más de 9.000 M€ en la primera mitad del de este año.

Nuestra “clase política”, como los viejos alquimistas, buscó el oro infinito, pero nos ha dejado plomo, tierra quemada y frustración.

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Publicado en diariorc.com, el 14.11.2012