20 diciembre, 2011

España, ¿al sumidero?



Finaliza 2011 y lo hace con tintes apocalípticos para los españoles, la palabra que mejor define nuestra actualidad es CRISIS:
- crisis económica, con un paro galopante, con el sector de la construcción en ruina catastrófica, con el     sector financiero cuasi en la bancarrota y con el sector del comercio y servicios bajo mínimos.
- crisis política, con el descrédito de los partidos políticos al alza, luego de dos legislaturas dominadas   por la inanidad absoluta y sectaria de los socialistas, trufada de corrupción y auge del nacionalismo paleto, que en España se caracteriza por la cortedad de miras, la avidez y la soberbia.
- crisis institucional, con una monarquía tambaleante y choriza y una estructura constitucionalmente autonómica con aluminosis severa.

Durante este mes de Diciembre que termina, nuestro compañero Lorenzo Alonso ha publicado en el Diario de la República Constitucional una serie de tres artículos en los que disecciona el denominado Sector Público que, por su rabiosa actualidad y calidad contrastable, publicamos a continuación:

El Sector Público español: la expansión

Hoy día nadie discute que el Sector Público presta un gran servicio a la economía cuando, a través de su regulación, garantiza que las relaciones económicas se desarrollen en libertad, en un escenario de concurrencia y de competitividad (José T. Raga)1, corrige las externalidades negativas generadas en la producción privada y crea instituciones aseguradoras imprescindibles.
Pero los Gobiernos, a través de sus Administraciones Públicas y de toda una fauna de Entes públicos (como veremos más adelante), han ido interviniendo en todas las esferas de la vida, han pasado de ser meros vigilantes y conservadores de la ley y el orden a estar presente en todas partes, en todos los rincones de la sociedad: educación, cultura, sanidad, seguridad social, agricultura, minería, pesca, industria, comercio, transportes, banca, abastecimiento de agua, recogida de basuras, etc. Hace muchos años el economista alemán Adolph Wagner ya advirtió del peligro de inercia que había en la evolución de las actividades realizadas por el sector público, incluso pronosticó que el aumento del gasto público era más rápido que el aumento de la producción del país (Ley de Wagner).

Cualquier necesidad de los seres humanos susceptible de cubrirse a través de un grupo humano organizado es susceptible de ser organizada y/o intervenida. Pero en este punto no hay que olvidar nunca que, como decía John Maynard Keynes: el papel del Sector Público no consiste en hacer lo que los particulares están haciendo ya, en hacerlo un poco mejor o un poco peor, sino en hacer lo que no están haciendo los particulares y, sin embargo, es necesario hacer (Leopoldo Gonzalo y González)2.

Están lejos aquellos tiempos en los que el mismo Joseph A. Schumpeter se asustaba porque el Gobierno controlaba el 5% del PIB. ¿Qué pensaría de la España actual en la que ese porcentaje ronda el 43%? Poco a poco el Estado y su burocracia se hicieron portavoces de la justicia social, uniendo la seguridad y la justicia a costa de la libertad, prometiendo proporcionar a los más desfavorecidos los servicios elementales4. La idea rectora era tratar y cuidar a los hombres desde la cuna hasta la sepultura, como cosas de su propiedad. Este exceso de protección neutraliza a la sociedad civil, convierte a las personas en eternos adolescentes y a la nación en un rebaño de animales tímidos, estabulados y fáciles de manejar por el pastor gobernante4.

Las Administraciones Públicas se han convertido en la forma esencial de la manifestación del poder político y en el principal instrumento con que el que cuenta el Gobierno para llevar a cabo su programa político y para intervenir en la economía nacional. Por eso diseccionamos sus entrañas.

A lo largo de las últimas décadas, las Administraciones territoriales, esas que han florecido en nuestra nación por debajo del Estado, han expandido sus competencias de forma impresionante, unas veces por delegación del Gobierno nacional y otras por propia iniciativa para incrementar su presencia en el 
entorno en que se implantó o por presión de los ciudadanos que acuden a la Administración más cercana.

Y cada uno de estos niveles de Gobierno ha ido montando su propia burocracia y sus propios aparatos administrativos. En España estos niveles están constituidos por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Dentro del último grupo existen varios niveles: Diputaciones y similares, Comarcas, Mancomunidades y Municipios.
En la mayoría de estos niveles se reproduce el mismo esquema: Administración nuclear (Ministerios, Consejerías, Departamentos, Concejalías), Administración periférica (prolongación territorial de las demás Administraciones a través de Delegaciones regionales, provinciales, comarcales, de distrito o de núcleo de población), Administración funcional (Agencias, Organismos Autónomos, Entes Públicos, Empresas Públicas) y Administración corporativa (un conjunto de entidades de base asociativa que ejercen funciones públicas (Cámaras de Comercio, Colegios profesionales, Comunidades de regantes, Entidades sin fines de lucro que ejercen competencias públicas, etc.).


1 “De máxima urgencia” en la obra “Lo que hay que hacer, con urgencia” que coordina Juan Velarde, Actas 2011.
2 “¿Es posible reducir el déficit?” en la obra citada en la nota nº 1.
3 Capítulo XXVII: “El Estado Social y Democrático de Derecho” de “Historia de las formas de Estado”, el buey mudo 2010.
4 Capítulo XXXII: “El Estado de Bienestar”, en la obra citada de Dalmacio Negro en la nota nº 3.
08.12.2011
El Sector Público español: la expansión (2)

A las razones expuestas en la primera parte, se pueden añadir otras muchas para certificar que el Sector Público español se ha expandido hasta estos niveles insoportables para nuestra sociedad.
Las concepciones extensivas del servicio público y el sentimiento providencialista que muchos españoles tienen de papá Estado han inducido a que todo bien económico, que sirva para que los ciudadanos alcancen sus fines vitales, sea susceptible de ser provisto por las Administraciones Públicas. 

Muchas veces ni siquiera se analizan las posibles ofertas realizadas por otros agentes sociales ni el precio de ellas.

La utilización de los despachos públicos como escondite de una “casta política”, generada por el Estado de partidos y repleta de mediocres y de infinidad de chupones (1), y el comportamiento de los diversos clanes de burócratas que buscan incrementar su prestigio y su poder (William A. Niskanen) han perpetuado departamentos, órganos y entes innecesarios, absurdos y antieconómicos.

La impresionante fuerza de los “grupos de presión fiscal”, como son los sindicatos “subvencionados”, las organizaciones empresariales “subvencionadas”, los diversos grupos de interés, colectivos de contribuyentes o lobbies influyentes (Richard A. Musgrave), han logrado decisiones de política social o fiscal difíciles de justificar (ayudas a las energías renovables, a ciertos productos agrarios o a las instituciones financieras, inversiones faraónicas estilo AVE, etc.).

Incluso las formas presupuestarias tradicionales de corte administrativo han sido un coste añadido para el Sector Público español, ya que en pocas ocasiones los dirigentes públicos han mostrado deseos de poner en práctica técnicas presupuestarias modernas que evalúen desde cero los costes directos,
indirectos y de oportunidad de los servicios públicos prestados.

Como añadido a este pliego de cargos, en los últimos años se ha ido demostrando mediante estudios empíricos que el exceso de gastos públicos frena el crecimiento económico, pues no todo gasto público es bueno por sí mismo ni incrementa la demanda agregada (parte de él se puede ir la adquisición de bienes exteriores o a derroches efímeros e inútiles). También se ha demostrado que las formas de financiación de los diversos servicios públicos condicionan la vida de los ciudadanos (un IVA demasiado alto) o determinan una buena parte de los costes de nuestras empresas (las cuotas de la seguridad social), situación poco beneficiosa para crear empleo y para competir en el mercado internacional.

En definitiva, mantener toda esta selva administrativa es un “lujo” que nuestra economía no puede permitirse (pensad que en economía nada es gratis, alguien tiene que pagar la factura).

14.12.2011
El Sector Público español: las dimensiones

De las muchas formas que hay de medir su dimensión, hemos escogido el volumen de gastos e ingresos (expresado en sus presupuestos) de aquella parte del Sector Público calificado como Administración Pública, con los últimos datos disponibles a efectos comparativos. En el año 2011 (ó 2010 en su defecto) el volumen de gastos públicos previstos por el conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) representaba el 43% del Producto Interior Bruto (PIB 2011 actualizado: 1.065.811 M€):
Fuente: Ley estatal de Presupuestos, Estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia


Si la medida se realiza desde el lado de los ingresos previstos, esa parte de la renta nacional que las diversas AAPP detraen de los bolsillos de los ciudadanos a través de tributos y cuotas sociales, el porcentaje se queda en el 34,5% del PIB:
Fuente: Ley estatal de Presupuestos, Estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia

Desde el punto de vista presupuestario, en las cifras de los cuadros anteriores no se incluyen las operaciones financieras: los gastos en activos financieros (adquisición de participaciones en sociedades o fundaciones públicas, dotaciones a Fondos de reserva u otros o concesión de préstamos, por valor de
21.943 M€) y los gastos en pasivos financieros (amortizaciones anuales previstas de la deuda pública en general (préstamos, letras, bonos, obligaciones, etc. por valor de 58.189 M€); ni los ingresos poractivos financieros (reintegro de préstamos y de Fondos por valor de 17.488 M€).
Desde el punto de vista orgánico, tampoco se han tenido en cuenta las previsiones de gastos y de ingresos de todo la maraña de Entes Públicos calificados como entidades empresariales o fundacionales (Agencias, Comisiones, Consorcios, Fundaciones Públicas, Entidades Públicas Empresariales, Empresas  Públicas  propiedad  de  dichas Administraciones Públicas, etc.) fugados de la disciplina presupuestaria (sus previsiones de gastos no aparecen en estos agregados). En diversos artículos hemos hecho mención a este fenómeno. A modo de ejemplo, el grupo de sociedades y entidades públicas empresariales manejó 33.288 M€ (Cuenta de producción) durante 2008 (en el Informe “Cuentas de las Empresas Públicas, 2008” de la Intervención General del Estado se puede ver el inventario de todos estos Entes).

De estos datos se pueden extraer, a primera vista, estas conclusiones:

1. a través de las AAPP españolas, en 2011, se pensaba asignar casi la mitad del PIB nacional (si tenemos en cuenta todos los gastos previstos, financieros y no financieros).

2. las AAPP españolas, en su conjunto, preveían un déficit presupuestario de 57.812 M€, un 5,4% del PIB (3,8% el Estado, 1,40% las Comunidades Autónomas, 0,13% las Entidades Locales); ya se verá si al final del ejercicio logran mantenerse por debajo del 6% pactado con la Unión Europea;

3. las AAPP españolas, en su conjunto, preveían unas necesidades de financiación (financiación del déficit anterior más la amortización de deudas más/menos el saldo de activos financieros) de 120.456 M€, un 11,3% del PIB; al final del ejercicio ya se verá cuánta financiación externa han necesitado realmente y el volumen de Deuda Pública en circulación.

4. el Estado sigue siendo nominalmente el mayor agente público. Pero dentro de sus presupuestos se incluyen las partidas de los intereses de la deuda pública que beneficia a los otros niveles de administración, de las pensiones públicas, de las prestaciones por desempleo y de la aportación a la financiación de la Unión Europea. Si, a efectos comparativos, se deducen estas partidas, se vería que el Estado maneja menos presupuestos que las Comunidades Autónomas.

5. las Comunidades Autónomas son los verdaderos agentes del gasto público. Pero, a pesar del nuevo sistema de financiación, dependen de los ingresos de las otras AAPP (sobre todo del Estado y de las Diputaciones Forales en el caso del País Vasco).


¿Por qué esta serie de artículos sobre el Sector Público español?:
El pasado mes de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (23/11/2011) la Directiva 2011/85/UE del Consejo de la UE (entra en vigor la los 20 dias de su publicación) que da instrucciones para la elaboración de los marcos presupuestarios a medio plazo (planificación presupuestaria a tres años); la disponibilidad pública de datos presupuestarios: mensualmente para los subsectores de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social, trimestralmente para el subsector de las Corporaciones locales; y la relación de todos los organismos y fondos de las Administraciones Públicas. Además, éstas deberán publicar todos sus pasivos contingentes (préstamos morosos, garantías concedidas y demás pasivos resultante de su actividad) así como la participación de ellas en el capital de sociedades públicas y privadas.
Por eso creemos importante que nuestros lectores conozcan un poco nuestro Sector Público.
20.12.2011

5 comentarios:

Ricardo dijo...

Hay crisis, pero intuyo que las Oposiciones a las Comunidades Autónomas seguiran siendo útiles para eliminar personal laboral. Dicen que los sectores importantes son Sanidad, Justicia, y Educación: entonces las Bolsas de trabajo como Auxiliar de bibliotecas y otras similares, dejaran de hacerse por un tiempo largo. ¿Y la defensa de los Autónomos quien la hace?

Anónimo dijo...

Ole Lorenzo!

Fdo. Pedro M. González

Anónimo dijo...

Y ole Villamallen.

Fdo. Pedro M.

Ricardo dijo...

http://www.ivoox.com/viernes-23-12-2011-debate-economia-el-bce-subasta-a-audios-mp3_rf_959906_1.html

Ricardo dijo...

http://actuable.es/peticiones/eliminacion-del-100-las-subvenciones-partidos-patronal-y



http://www.ivoox.com/miercoles-04-01-2012-debate-economia-deuda-comunidades-autonomas-audios-mp3_rf_976204_1.html