Recortando

Sobre los recursos públicos (I)

Lorenzo Alonso

Ante el despilfarro político generalizado, se ha puesto de moda confeccionar listas de recortes, así que voy a poner mi granito de arena, a modo de un pequeño resumen de la primera parte, dedicada al Estado, para iluminar a las personas que están a punto de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y a aquellos dirigentes que influyen en el destino de nuestra nación:

1.- El Estado debe prescindir de órganos inútiles como el Senado, ya que España no lo necesita porque no es un Estado Federal; del Tribunal Constitucional, tribunal político por excelencia, cuyas funciones deberían estar residenciadas en el Tribunal Supremo y del Defensor del Pueblo, una institución redundante en un Estado con separación de poderes, en el que el Poder Judicial controla las diversas actuaciones que realizan los otros Poderes, sobre todo al Poder Ejecutivo. Además de redefinir las funciones de los órganos consultivos que, además de conllevar auténticas prebendas y una forma elitista de selección de las personas que los integran, están cargados de tareas duplicadas (Consejo de Estado, múltiples Órganos Consultivos, Comisiones variopintas, Abogacías del Estado, etc.).

2.- En estos momentos de penuria económica, no es una forma ejemplar de comportamiento que los diputados “cesantes” reciban unas pensiones e indemnizaciones de escándalo (inmoral). El Estado debería reflexionar sobre el origen y la justificación de estas pautas de conducta (ética) y actuar en consecuencia, eliminando todas las pensiones temporales y vitalicias de Presidentes de gobiernos autonómicos, de Senadores y Diputados, de Ministros y Secretarios de Estado, y demás privilegiados de la “casta política”, que no hayan cotizado el mínimo exigido por la ley a los demás ciudadanos. El tiempo de la duración en el cargo simplemente les debe servir para cobrar el subsidio de desempleo correspondiente y para añadir el tiempo que han estado en ese puesto al cálculo de la futura pensión, como a cualquier cotizante de la Seguridad Social.

3.- Las subvenciones a Partidos políticos, Sindicatos, Organizaciones empresariales y demás Organizaciones no Gubernamentales (religiosas, culturales, artísticas, etc.) no deberían existir, ya que, al ser asociaciones voluntarias de ciudadanos, sus miembros deben hacerse cargo de sus gastos. Otra cosa será que el Estado conceda alguna bonificación tributaria a los ciudadanos que aporten cuotas o realicen donativos a su mantenimiento, o coadyuve a su financiación de acuerdo con los fines sociales objetivamente probados que practiquen. Estos días hemos asistido a una justificación política absurda: La Vicepresidenta nos dice que eliminan el famoso “canon digital” para no gravar la compra de dispositivos electrónicos y lo reconvierten en una subvención presupuestaria, como si ésta no se financiase con tributos.

4.- Es una vergüenza conocer la existencia de miles de coches oficiales, de miles de tarjetas de crédito con cargo a cuentas públicas, de cientos de ordenadores portátiles, “tablets” (“iPad” o similares), “smartphones” (“iPhone” o similares), todo tipo de artilugio telemático o electrónico con contrato a cargo de algún organismo público, de la infinidad de gastos de protocolo y toda esa multitud de gastos reservados y a justificar. Es una virtud democrática que el Estado utilice estos objetos y esos créditos con mesura y de forma controlada y proceda a la eliminación de todo lo superfluo.

5.- Es de justicia y lealtad la desaparición de todos aquellos “cargos de confianza” cuyas tareas las pueden desempeñar los funcionarios de carrera, en muchos casos relegados a meros “pinches” administrativos; y de toda la grasa burocrática, visible en los miles de cargos y carguillos que inflan las Relaciones de Puestos de Trabajo (las famosas RPT) de los diversos Ministerios y de todos sus ramajes (Organismos, Agencias, Empresas, Fundaciones, Consorcios y demás Entes Públicos) carentes de contenido propio, cuyas funciones pueden ser desempeñadas perfectamente por los órganos ordinarios de dichos departamentos. Como hemos dicho muchas veces, las RPT se utilizan para incrementar las remuneraciones de ciertas categorías de funcionarios y empleados públicos y todos esos ramajes administrativos para evitar varios controles en las diversas facetas de su  “simulada” actividad (sobre todo la contratación de obras y servicios, de inversiones y de personal) y para inventar RPT a medida con puestos de trabajo bien remunerados.

6.- Es una obscenidad política ver contratos de prestación de servicios o realización de actividades, ideados como externalización de servicios para mejorar su gestión, mientras los funcionarios que antes los realizaban, se ven relegados a meros archivadores u observadores. Para colmo de la malicia, los generadores de esta situación y sus terminales mediáticos se aprovechan de ella para argumentar sobre la inutilidad de esos funcionarios.

Si se llevasen a buen puerto estos seis consejos en el aparato estatal, podrían generar un ahorro cercano al 2% de nuestro PIB, de acuerdo con lo que han evaluado varios economistas a través de las diversas partidas de los Presupuestos Generales del Estado. No hace falta ser muy sagaz para imaginar la minoración que tendrían lugar en las cargas que el Estado impone a las empresas y los ciudadanos y/o la generación de excedentes para ser utilizados por el Gobierno en inversiones productivas que generen empleo; o en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Un pequeño ejemplo de estas últimas inversiones: ha sido tan brutal el recorte en estas partidas que están fomentando la huida de muchos de nuestros científicos. Actualmente varios investigadores del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) se han marchado a Qatar y otros cuantos están haciendo las maletas; dirigentes e ingenieros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) han hecho lo mismo que los anteriores; y por si fuera poco en nuestros pequeños ambientes estamos oyendo cada día conversaciones sobre la marcha de miles de universitarios formados con dinero de todos nosotros; huyen porque aquí no hay futuro. Deseo terminar esta primera parte con dos perlas de estas conversaciones, una frase: “en este país no hay pan para tanto chorizo”; y una pregunta retórica: ¿No sería más rentable que invitásemos a marchar a todos los integrantes de “la casta política” de este país?

Publicado en diariorc.com, el 12.12.2012

Sobre los recursos públicos (II)

En la primera parte de este artículo llegamos a la conclusión que, si se tuviesen en cuenta los seis consejos que allí se daban, el Estado podría ahorrar una cantidad de recursos públicos anuales equivalente al 2% de nuestro PIB, porque existe otra manera de gestionarlos[1]. Seguimos desgranando más consejos sobre la utilización de los recursos públicos españoles, en este caso los que utilizan las Comunidades Autónomas (CCAA). Para ello vamos a ser benévolos y utilizaremos la segunda mejor opción (second best)[2]

 7.- Hace más de dos años la Fundación Progreso y Democracia  publicó el informe “El Coste del Estado Autonómico I” en el que cuantificó una parte de los costes suplementarios que pagamos los ciudadanos por la prestación de servicios públicos, realizada a través de órganos, supuestamente más eficaces y más eficientes. Según sus autores, el estudio estaba motivado porque el Estado había prescindo de la comprobación de los costes de esos servicios y de su impacto en el desarrollo regional. El Estado, según los autores del informe, se había limitado a transferir recursos financieros para su funcionamiento, revestidos de tecnicismos huecos. Si los dirigentes del Estado tuviesen en cuenta solamente las desviaciones de cada Comunidad Autónoma respecto del coste medio de las tres CCAA mejor gestionadas, tal y como los autores de este informe estimaron, los ciudadanos nos ahorraríamos anualmente 26.000 millones de euros (M€), de aquel año, el 2,5% del PIB.

 8.- El Estado conoce los organigramas fastuosos que cada Comunidad Autónoma crea, cada vez que cambia su gobierno, en los que inventa siete, ocho o quince Consejerías o Departamentos, con diez, once o quince directores generales, asesores y otros cargos asimilados. Si lograse convencer a las CCAA para que prescindiesen de más de 1.000 altos cargos, con retribuciones parecidas a los Ministros o Secretarios de Estado, lograría que los ciudadanos nos ahorrásemos recursos públicos en una cantidad anual cercana al 1% del PIB[3]. Los dirigentes regionales hacen oídos sordos a tales consejos.

 9.- El Estado tiene datos objetivos suficientes para apretar las clavijas a los gobiernos regionales. Según el Ministerio de Hacienda, a 1 de julio de 2012 existían 2.206 Entes dependiendo de ellas (sin tener en cuenta el País Vasco, Ceuta y Melilla)[4]. Las CCAA y el Estado se habían comprometido a reducir 675 entes públicos (Acuerdo 5/2012, de 17 de enero, del Consejo de Política Fiscal y Financiera). Según este Departamento, los efectos esperados de la supresión de estos Entes hubiesen estado cercanos a los 5.000 M€ en gastos no financieros anuales, el 0,5% del PIB. Este Ministerio sabe que el conjunto de todos estos Entes representa el 20% del gasto no financiero total del sector público autonómico. Si el Estado obligase a que todos los Entes autonómicos se autofinanciaran, se generaría un ahorro anual de recursos públicos cercano al 3% del PIB. Pero la mayoría de los procesos duermen el sueño de los justos o descansan en paz. Tres ejemplos (escogidos, sin ninguna intencionalidad ideológica, por orden alfabético) nos ilustran este descontrol: el número de órganos, organismos y entes que figuran en los Proyectos de Presupuestos para 2013 de la Comunidad Autónoma de Andalucía[5], de la Comunidad Autónoma de Aragón[6] y del Principado de Asturias[7] apenas han variado.

 10.- La información presupuestaria que nos presenta el Ministerio de Hacienda, mes a mes, de la gestión de las CCAA se centra en el volumen de gastos y su financiación[8], pero pocas veces nos explica con detalle los costes de cada uno de los servicios que prestan. Los ciudadanos desconocen el coste directo de los servicios (en la educación: el coste del profesor y del colegio, instituto o universidad; en la salud: el coste del sanitario y del hospital o centro de salud), el coste indirecto (aquella otra parte del coste imputada a dichos servicios por las estructuras organizativas de los gobiernos y de cada uno de los departamentos u otros organismos, que dirigen esos servicios) y el coste de oportunidad (aquél que se deriva de gestionar los servicios públicos de la forma actual y no de otra: policía nacional versus policía autonómica, médico nacional versus medico autonómico, etc.). Si hacemos una pequeña hipótesis en la que la prestación de algunos servicios públicos básicos del “Estado de Bienestar” se realizara por el Estado (justicia, seguridad e instituciones penitenciarias, educación, sanidad, servicios sociales y vivienda), se eliminarían una gran parte de los costes indirectos y el ahorro anual de recursos públicos estaría cercano al 1,5% del PIB[9].

 En definitiva, si las CCAA, hasta octubre de 2012, han contraído obligaciones por valor de 105.679 M€, dejando obligaciones pendientes de pago por valor de 13.263 M€ a la espera de otro nuevo plan de pago a proveedores por parte del Estado; si el propio Ministro de Hacienda ya lo adelanta en sus declaraciones[10] y si los Presupuestos Generales del Estado para 2013 destinan 23.000 M€ al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ¿Por qué nuestros políticos no están dispuestos a realizar estas pequeñas mejoras en el Estado Autonómico? Es que toda decisión política conlleva un coste y decisiones políticas de esta envergadura solo las pueden llevar a cabo hombres de estado (de los que carecemos).

[1]Ved el programa “Monólogos de Somosaguas” del día 1 de enero de 2013, dedicado a la perversión del lenguaje, Antonio García-Trevijano hace referencia a la frase  “como no podía ser de otra manera”, a la falsa tecnocracia y a las decisiones políticas alternativas (la esencia de la política).

[2]Este teorema fue introducido formalmente por Richard Lipsey y Kelvin Lancaster en su “The General Theory of the Second Best” en 1956. Viene a decir que hay distorsiones de la economía real para las que es posible diseñar una política que, si bien no remedia totalmente la situación, mejora el bienestar nacional.

[3] Según la clasificación funcional de los Presupuestos de 2011, la alta dirección de las Comunidades Autónomas representa el 0,5% del total de dichos presupuestos.

[4]Leed  “El informe sobre la reordenación del Sector Público Autonómico”:http://serviciostelematicos.meh.es/PubInvCCAA/SECCIONES/frmSelComunidad.aspx

[5]Ojead “El Informe económico financiero” que acompaña al proyecto de Presupuestos para 2013: http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/proy_presupuesto2013/presupuesto2013.htm

[6]Ojead “El Informe económico financiero” que acompaña al proyecto de Presupuestos para 2013: http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Areas/05_Presupuestos/01_Presupuestos_Anuales/PROYECTO_PPTOS_2013.PDF

[7]Ojead “El Informe económico financiero” que acompaña al proyecto de Presupuestos para 2013: http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Economia/Presupuestos/PRESUPUESTOS_2013.pdf

[8] Según el último dato publicado por el Ministerio de Hacienda, en septiembre de 2012 los créditos definitivos presupuestados por las Comunidades Autónomas, a través de sus órganos y organismos administrativos, alcanzaron los 176.237 M€.

[9] En el ejercicio 2011 dichos servicios representaban más del 70% del total de los presupuestos de ese año. El 70% de ese volumen de gastos = 115.468 M€; y el 15% de esta cantidad = 17.320 M€.

[10]El Ministro de Hacienda ha declarado en Sevilla el día 3 de enero de 2013 que su Departamento pondrá en marcha en este año 2013 el pago directo a los proveedores de cualquier Administración.

Publicado en diariorc.com, el 09.01.2013