19 junio, 2007

EN EL 30 ANIVERSARIO DE LA TRANSICIÓN-TRANSACCIÓN


La Dictadura de Franco terminó con la muerte del dictador, en 1975. Desde entonces, nuestro país ha deambulado por una inacabable “transición” a la democracia que no ha terminado de llegar a ninguna parte. La monarquía se restauró en virtud del mandato del dictador, en el mismo 1975, y fue ratificada en el referéndum constitucional de 1978. Un referéndum convocado para aprobar una presunta Constitución, elaborada sin proceso constituyente, y en el que la monarquía se introdujo de rondón en la pregunta genérica sometida a consulta de los ciudadanos sobre el apoyo al cambio de régimen que se ofrecía. La Constitución se pretendió democrática, pero no ha conseguido serlo. Hoy, casi 30 años después, y sin haber alcanzado la democracia prometida, no ha cesado aún la transición.

Es precisamente ahora, en 2007, cuando asistimos al desvanecimiento de las falsas promesas de democracia que hizo la monarquía restaurada. Pero no se desvanecen solas y amenazan desvanecer también las bases mismas de la ciudadanía. En esta Monarquía de dictadura de las oligarquías partitocráticas, que no es una democracia, España ha empezado a dejar de ser, incluso, comunidad política. Peor aún, la misma idea nacional se combate desde numerosas instituciones del estado, como si España y el Franquismo fuesen una y la misma cosa. La contradicción entre el ser y el querer de los españoles que deambulamos por esa transición sin fin, está terminando por crear un conflicto irreconciliable entre el hecho de ser España un todo y la voluntad política de tratarla exclusivamente como agregado de unas partes separables e independizables. Y, a todo esto, a la libertad política y a la democracia, ni se las ve ni se las espera.

“Si la nación fuera un Proyecto, como creyeron Ortega y José Antonio, y hoy creen todos los partidos, España dejaría de ser pronto una realidad política”, ha dicho Antonio García Trevijano. Pero la nación es un dato objetivo pese al empeño de los partidos e instituciones de esta monarquía partitocrática en avanzar por el camino de su desintegración.

No sorprende que la Monarquía conspire, como siempre, contra la realidad nacional de España. Así lo ha venido haciendo desde los tiempos de Fernando VII, intentando que prevalezcan los derechos de la corona sobre los de la nación y los del rey sobre los del pueblo. Lo novedoso es que hoy se camufle la negación de la libertad y la afirmación del privilegio apelando a las “izquierdas”. Quizá invocar a las izquierdas puede parecer más respetable que las tradicionales invocaciones al trono, al altar y a la nobleza de antaño, pero el resultado es el mismo. Si en este solapado período constituyente, el poder monárquico de constituir no brota de la nación entera, sino de las partes que pueden convertirse de regiones en Estados, la defensa de la sociedad española, de su libertad y de la democracia quedará en las manos del republicanismo, por abandono de los demás. Pero el republicanismo sólo podrá hacerlo a condición de que sepa configurar una propuesta de liberación para los ciudadanos, de reconstitución de la nación y de constitución del Estado. ¿Pero cómo podrá abordar esa tarea con garantías de éxito el republicanismo?, ¿cómo podrá superar este reto sin recaer en los errores del pasado?

Esta es la tarea que el Club Republicano Tres se propone realizar: definir el modo en que pueda abordar la sustitución de la monarquía partitocrática, eludiendo los errores y fracasos del pasado.

Salud y República Constitucional

Pedro López Arriba

28 comentarios:

vilamallén dijo...

Amén.

Ricardo dijo...

Sobre la Monarquía, recordaros que Pizarro el empresario de ENDESA, sospecha que quien le persigue es el antiguo director del CNI, que es hijo del valedor de dicha institución, Carvajal.

Sospechoso es que la Monarquía, o sus allegados hagan estas cosas, propias de un Chaves venezolano; todo en cuanto Zapatero acomete un golpe de Estado en donde Navarra es una cosa importante...Claro, que los de la institución Principe de Viana, dejará a los Campión y sus herederos, campar por su bibliotecas ¿para saquearlas?

Ricardo dijo...

Carlos Bustelo, ha dicho que hay que reformar la Ley electoral, estamos de acuerdo; ¿por qué no se hizo antes? Pues por que había que dar al REY oportunidad.

ajovin dijo...

¡Jope!, pues anda que no hay cosas en el artículo para opinar. Imposible hacerlo sin cerveza.
Desde mi posición de nacionalista de izquierdas, pero no de separatista, desde mi posición de aragonés, creo que excepto en casos puntuales que todos conocemos, España está segura como unidad, yo soy aragonés antes que español porque me obligan, pero nunca dejaré de ser español, excepto para ser europeo, aunque ya no creo que me toque por edad.
¿porqué me obligan? pues porque si no defiendo yo mi territorio me encuentro con que todos los vecinos solo defienden el suyo y me van quitando el sol, levantan paredes, y no me dejan plantar higueras o me quita los frutos.
Un barazo a todos
JUlio

Aviraneta dijo...

Bienvenido, Ajovin.

El texto de la entrada es para debatir varias cosas, desde luego, pero para eso estamos aquí.

Por lo que planteas, respecto al orden de prelaciones sobre aragoés o español me plantea alguna duda que te traslado.

PRIMERA

¿Por qué crees que un territorio determinado tiene que ser defendido y otros no?, ¿la provincia o el ayuntamiento no merecen similar defensa?

SEGUNDA

¿Crees posible ser aragonés sin ser español?, ¿crees posible ser español sin ser aragonés?

TERCERA

¿Crees que los derechos corresponden a los territorios?

Reiterándote la bienvenida, te agradecería una respuesta.

Salud y República

Ricardo dijo...

"Si España fuera un proyecto..." fué muy buena intervención de trevi: España es, y ya está. Otra cosa es lo de los nacionalismos periféricos de tipo culturalista; todos nacidos en su raíz, de la Iglesia Católica a través de autores como Mounier, donde en sus textos expresaba melonadas tales como que el Imperio Romano era opresivo ante realidades regionales en Europa y Francia, su tierra... Que era mejor una Europa sin estados grandes, en donde las sociedades locales se fueran desarrollando según su verdadera historia.

Lo que ni los curas que lo difundieron en Cataluña y Vascongadas supusieron, que los acólitos comerciaran con drogas para conseguír pequeñas albanias. La Constitución del 78 lo ha permitido; y Zapatero lo lleva a cabo alumbrado por un santón llamado Pettit.

Anónimo dijo...

EL LOCO DE LA REPUBLICA ¿Se le dió una oportunidad al rey o se tuvo miedo de un golpe de estado? Si el PSOE y el PC renunciaron a su pasado republicano ¿Fué por un pacto con la corona para permitirles a cambio su legalización y su participación política? ¿Se les hubiera permitido participar en las elecciones si hubieran seguido defendiendo la república? ¿Por qué los partidos republicanos todavía no eran legales cuando se redactó la constitución? ¿Porque no pactaron con la monarquía? ¿Por qué se les permitió participar en las elecciones autonómicas (o municipales, no estoy seguro)? ¿Porqué ya estaba hecha la constitución de la España monarquica?
España es una realidad, la unidad de España no

Uno del Club dijo...

En el Confidencial.com sale hoy un interesante artículo de Manuel Muela (Presidente del C.I.E.R.E) sobre este mismo asunto de la Transición-Transacción.

Se puede consultar aquí:

http://www.elconfidencial.com/cache/2007/06/21/93_mitos_carton_piedra_junio.html

S&R

vicentemuguruza dijo...

Amén, tanto a este artículo como al de Manuel Muela

vicentemuguruza dijo...

A ver, dígamne ustedes, por favor, si es "chusco" o no. Está a punto de cumplirse un mes desde las elecciones locales del 27M y a los que han votado todavía no se les ha dicho quien ha ganado. ¿Negociaciones? Si, del siguiente calibre: si me das una tenencia de alcaldía más, miraré durante los próximos 4 años para otro lado, hagas lo que hagas; ahora bien, si no me la das, pasaré a la oposición y durante el mismo tiempo, hagas lo que hagas, te tendré contra las cuerdas, hasta que sudes tinta.
Han votado a una lista de nombres que no han elegido, pasará un mes y saldrá alcalde a lo mejor quien menos se lo esperaban. ¿Todavía les quedarán ganas de volver a votar?. ¿Es esto serio? Cualquier parecido con la democracia es pura coincidencia.

Ricardo dijo...

Publicidad

Leopoldo es uno de los mejores investigadores valencianos de temas históricos y sobre el romance valenciano pre-reconquista.

Las alarmas suenan, pero ni el PP quiere escucharlas. Pais Vasco y Cataluña primero, ahora Navarra y Baleares, siguiente paso Valéncia y como un forero titula en su blog, "Bye bye Spain"

El PP ha laminado el valencianismo y el gonellismo, dos movimientos que nunca han sido independentistas (ambos defienden la singularidad de sus zonas dentro del proyecto común de España, ambos defienden la Constitución, ambos defienden la libertad, ambos rechazan las imposiciones) cuando los ha tenido controlados, el PP se ha tirado en brazos del catalanismo, para hablar catalán en la intimidad, todos lo pagaremos.

http://www.youtube.com/watch?v=WmUJcnFgdvc

Ricardo dijo...

Para: ianasagasti@yahoo.es, jose.rodriguez@diputado.congreso.es, alfredo.rubalcaba@diputado.congreso.es, diegogarrido@diputado.congreso.es, gabinete@presidencia.gob.es, psoe@psoe.es, infopsoe@psoe.es, jlrzapatero@presidencia.gob.es

Ricardo dijo...

La Ley de Partidos politicos es otra contra la soberania de los ciudadanos españoles: resulta que si el PP era quien mas gozaba hasta ahora del tema del ladrillo; ahora parece que lo estarán todos al unísono;¿faltará valor par denunciarlo?

Ricardo dijo...

Ten en cuenta que esta secta está fundamentalizada con las directrices de Pablo Iglesias y el marxismo, por lo que ya lo adelantó aquél en 1910, "hay que acabar con las Instituciones, con la Iglesia y con el Ejercito,...llegándo si es necesario al atentado personal", ese atentado entonces individualizado, pero en el 11M planificado en un canallesco (para ellos no, claro) movimiento de ajedrez.

Tener en cuenta que el Proyecto de ZetaP es la destrucción del Estado Español, y obedientemente con P.Iglesias, las Instituciones están en manos de esta gentuza, el Ejercito transformado en una ONG, y la Iglesia neutralizada. Ya puede seguir con la culminación de su Proyecto: no existen obstáculos.
La manada está dormida y abotargada, mientras las drogas televisivas y demás neutralizan la conciencia ciudadana.

El PP tan solo preocupado de la colocación de su mantecoso trasero, deja maniobrar a las maquinas de demolición,... de la demolición de España.
¿Qué haremos para las proximas eleciones?

Ricardo dijo...

graciasaznar@yahoogroups.com, ciudadanosporlaconstitucion@yahoogroups.com, absurdarevolucion@yahoogroups.com

Dichas direcciones las enviamos al centro de Investigaciones republicanas de Muelas. ¿Os parece bien?

Ricardo dijo...

Lo bueno de un Gobierno en descomposición como éste es que cada vez disimula peor y se enfada con menos gracia. Las informaciones sobre los apaños de Zapatero con ETA, no todas surgidas del diario etarra Gara, demuestran que el PSOE negociaba con la banda con una mano mientras con la otra firmaba el pacto antiterrorista, y que firmaba pactos que afectan al conjunto de la nación española. Por eso no deja de tener su gracia la histeria con la que afronta el debate sobre el estado de la Nación.

La próxima semana será crucial para el futuro de la Nación. El Gobierno tiene la firme determinación de entregar Navarra a los anexionistas vascos como parte del trato de los enviados de Zapatero con la banda terrorista ETA. El golpe al régimen autonómico y constitucional en Navarra se producirá antes o después del debate, antes o después de las elecciones generales, pero en cualquier caso con Zapatero en el poder.

La descomposición moral y política del Gobierno sigue su curso: mal está un partido pretendidamente nacional que crea legítimo repartirse España con ETA y el resto de nacionalistas; roza la enfermedad cuando pretende hacerlo a escondidas, sin que nadie se entere; y entra de lleno en la esquizofrenia paranoide cuando pretende que el único partido que se dice nacional se dedique a debatir sobre cualquier otra cosa. ¿De qué quiere discutir Zapatero mientras sigue negociando con ETA el futuro de los españoles a los que la banda asesina? ¿De las pensiones de los autónomos? ¿De los derechos de los homosexuales? ¿Del precio de la luz?

Que nadie se confunda: este debate sobre el estado de la Nación es el más importante desde hace muchos años, precisamente porque lo que está en juego es la existencia de una Nación sobre la que debatir su estado. Y hoy esto pasa por la relación oscura, pringosa y húmeda entre Zapatero y ETA. En el debate debe rendir cuentas ante los representantes de la Nación sobre estos tratos, sobre los pasados, los presentes y los futuros.

El Gobierno tiene toda la intención de pactar un debate amañado o de obligar al PP a mirar hacia otro lado ante sus desmanes. Ocurrió antes, con nefastas consecuencias para la imagen de Rajoy y para la deriva posterior de los acontecimientos. Pero esta vez la cosa es distinta, por la gravedad de la situación. El Gobierno le tiene pánico al debate como el delincuente teme a la policía. Zapatero teme a Rajoy, que tiene ideas, principios y una honradez de la que el presidente del Gobierno desconoce hasta su significado. Así las cosas, el debate debe ser, con mayúsculas, sobre el Estado de la Nación. Y sobre los tratos de Zapatero con sus enemigos.

Pero Rajoy si se descuida, entierra España, después de haber sido aniquilada por Zapatero. ¿Y la España social? de esa nadie dice.

Ricardo dijo...

--------------------------------------------------------------------------------

Correo
España y Libertad te invita a ver este documento PPS y a enviarlo a todos tus amigos y contactos


Bilbao, 30 de Junio de 2007.- Este documento es una denuncia y contiene imágenes muy duras, por lo tanto puede herir tu sensibilidad

VER DOC PPS DIRECTAMENTE DESDE EL SERVIDOR LIBERTAD. CLIC AQUÍ

DIRECCIÓN:
http://www.e-libertad.es/DOCS/islamicos.pps



Más información

902.445.450



info@e-libertad.es
http://www.e-libertad.es


--------------------------------------------------------------------------------
Si no quieres recibir nuestros correos envianos un e-mail a
info@e-libertad.es
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Tu dirección de suscripción a este boletín es beticopezana@hotmail.com
Para darte de baja, envía un mensaje a
elibertad-baja@eListas.net
Para obtener ayuda, visita http://www.eListas.net/lista/elibertad

Ricardo dijo...

Tras el comunicado etarra, Zapatero y su gobierno han quedado en evidencia hasta tal punto que el diario progubernamental El País, atacaba al ejecutivo mostrando los pasos de la negociación que éste ha mantenido con los terroristas y que el ejecutivo niega. Podría tratarse, por parte del diario de Polanco, de una maniobra para quitarse de encima a un Zapatero fracasado por su nefasta política de apaciguamiento del terrorismo y ante la perspectiva de que un atentado de la ETA perjudicase electoralmente al PSOE.

De hecho, durante varios meses, el que fuera ministro de defensa y contrincante de Zapatero en la ejecutiva del PSOE por la secretaría nacional, José Bono, lleva desarrollando una intensa campaña de propaganda en lo que parece una operación de marketing destinada a convertirle en el nuevo secretario general de los socialdemócratas españoles.

Por su parte, Mariano Rajoy, ha estado generoso con ZP sin renunciar a lo que viene siendo su discurso habitual: con los terroristas no se negocia, sólo se les derrota. Es la única exigencia de Rajoy.

Aunque la vicepresidenta, de la Vega, ha dicho estar contenta con el resultado de la reunión, lo cierto es que el PSOE mantiene acuerdos de gobierno con los separatistas de ERC o las izquierdas indefinidas de IU, proclives ambos a disculpar a los terroristas y partidarios de la «solución dialogada del conflicto vasco». Y en una situación electoral de empate técnico, un cambio de rumbo en esta política podría hacer perder al PSOE sus posibilidades de gobernar.

Tampoco suena descabellado que se trate de una mera treta de cara a las próximas elecciones. Después de tanta mentira y tanta doblez, por parte del gobierno, nadie puede fiarse. La estrategia del PSOE consistiría en mostrar, ahora, a un Zapatero bienintencionado que ha fracasado por la tozudez de los etarras y que, tras comprobar la imposibilidad de una solución dialogada, recupera la firmeza de tiempos pasados ¿pero qué ocurrirá si el PSOE vuelve a necesitar de pactos con partidos separatistas tras la elecciones de 2008?

Por otra parte, hay cosas que no terminan de cuadrar y que, por esto mismo, intranquilizan: tras el atentado de la T4 que, de facto, suponía la ruptura de la supuesta tregua de la ETA, el gobierno de Zapatero siguió con la misma política apaciguadora que permitió el rearme de los terroristas separatistas ¿por qué da marcha atrás ahora? ¿Acaso vale más un comunicado que los hechos mismos? ¿Por qué, tras el atentado, excarceló al terrorista de Juana y exculpó a Otegui y ahora, sin embargo, da marcha atrás y devuelve a la cárcel al primero y encausa al segundo?

De aquí a las elecciones de 2008 (si es que no se adelantan) veremos cosas que nos helarán la sangre. Si no, al tiempo.

"Mi patria es la libertad", dijo el presidente del gobierno español haciendo gala de su proverbial cretinismo.

Otra muestra más de este cretinismo galopante que le afecta la ha dado recientemente, cuando, comentando el comunicado de los terroristas separatistas, ha vuelto a repetir que «el futuro de los vascos depende y dependerá de ellos mismos en el marco de la ley y de la democracia». ¿Y qué pasa con el resto de españoles? Si los vascos pueden decidir por "ellos mismos" ¿no son, entonces, ya soberanos e independientes del resto de españoles?. Y, a continuación, en una muestra exasperante de demagogia y analfabetismo político, propia de quien está en Babia, el pánfilo ZP ha expresado su convicción de que "la fuerza de las palabras acabará, finalmente, con la violencia". Más necedad es imposible.

De cualquier forma, este comunicado no dice nada que no supiéramos de antemano, ni aporta novedad alguna, porque no ha habido ninguna tregua. Y no sólo porque en España no ha existido guerra alguna que posibilitara el "alto el fuego", sino porque los etarras han seguido extorsionando y matando durante la presunta tregua.

A pesar de todo, este gobierno del PSOE permitió a los etarras concurrir a las elecciones con la marca de ANV, liberó a de Juana Chaos, exculpó al líder de Batasuna-ETA de sus cargos y cedió a las exigencias de constituir una mesa de partidos, en la que estaba ETA-Batasuna, al margen de la legalidad. El PSOE, mientras estaba en la oposición y firmaba el pacto antiterrorista con el PP, se reunía a traición y a escondidas con los etarras, como hacían también sus socios de gobierno, los también separatistas de "Esquerra republicana".

Todo para nada: la ETA sale fortalecida con Zapatero, después de haber sido arrinconada por los gobiernos de Aznar.

Si quedara una pizca de vergüenza entre los diputados del PSOE -cosa más que dudosa- el ciclo del presidente más estúpido de cuantos gobiernos tuvo España habría tocado a su fin. Sólo una dimisión de Zapatero -forzada, suponemos, pues este tipo no es consciente de su estulticia- y un pacto "a la alemana" entre las dos fuerzas políticas nacionales que volviera a cegar las vías de financiación de los terroristas separatistas y bloqueara a los partidos secesionistas, podría encaminar a España por el camino recto.

El PSOE tiene una cita importante con la historia de España y de la civilización: de él depende la regeneración política de España.

Pero nos tememos lo peor: el PSOE volverá a cargar contra la oposición en lugar de ir contra la ETA.

Ahora sólo resta esperar a ver si el gobierno usará algo más que "palabras" en la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, debería empezar por traer a España a los cuerpos de élite de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil que tiene dispersos por el mundo (en Afganistán, en centroáfrica y centroamérica, en el Líbano...) en "misión humanitaria".

Por otra parte, la prensa amarilla progubernamental y el coro de grillos pro-zapatero ha comenzado a entonar sus consignas: "toda la culpa es del PP y de su deslealtad por no apoyar al gobierno", "Aznar también buscó el diálogo y fracasó", etc. ¿Colará?

Ricardo dijo...

La vestimenta carcelaria de los adolescentes, la inequívoca estética tipo ‘furcia’ de las chicas, la patética ceremonia del ‘botellón’ en los parques, jardines y esquinas con sus desagradables consecuencias para los interesados y viandantes, el consumo de drogas en calles, bares y discotecas, los ingresos en urgencias por intoxicación etílica o drogas, las conversaciones que se les escuchan, su comportamiento en autobuses, el vandalismo que exhiben, los reiterados altercados entre pandillas, etcétera constituyen una estampa ciudadana tan habitual como inquietante.

Pero no es preciso esperar hasta el fin de semana: pisar un aula cualquier día de la semana ayuda a constatar el escaso interés de los estudiantes por lo que se les ofrece en los centros escolares y no raramente sirve también para darse cuenta del poco prestigio de que goza entre ellos la autoridad, de su tendencia a la gresca, de la alta dosis de agresividad contenida en muchos de ellos y, sobre todo, de su poco entusiasmo por casi todo.

Estas impresiones pueden ser completadas con algunos datos. Hace un par de años, el psiquiatra Luis Rojas-Marcos advertía de que el suicidio en España es la tercera causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 24 años (la primera son los accidentes con vehículos de motor). También sabemos que el 44% de los jóvenes madrileños de 15 y 16 años se emborrachan y que en España el número de jóvenes de 14-18 años que dice haberse emborrachado en el último mes ha pasado del 21% en 1994 al 27,3% en 2004 y que la edad de inicio ha bajado a los 13,7 años. También se sabe que, si en 1994 el 18,2% de los jóvenes de 14 a 18 años admitía haber consumido cannabis en los últimos doce meses, resulta que en 2004 el porcentaje ha subido hasta el 36,1%. En ese mismo periodo, para el caso de la cocaína, el porcentaje ha pasado del 1,8% al 6,8%.

De la afición de los jóvenes españoles al sexo da alguna pista el escalofriante dato de que el 7% de las mujeres menores de 25 años habían recurrido en 2003 a la píldora del día siguiente y que cada año casi 400.000 españolas de edades comprendidas entre 15 a 24 años se encuentran en riesgo de embarazo no deseado. Otro dato es que España tiene una tasa de nueve embarazos por cada 1.000 adolescentes.

El suicidio en España es la tercera causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 24 años.
Completa este cuadro goyesco la constatación de adicciones sin sustancia, es decir, sin drogas. Se trata de cuadros psicológicos de dependencia sin que medie la ingestión de ninguna sustancia: adición a los móviles, a Internet, a los videojuegos o a la televisión. Una derivación de las conductas adictivas sin sustancia es la búsqueda neurótica de la perfección corporal, sea en la forma de anorexia (cuando la obsesión por el cuerpo perfecto hace que las adolescentes se vean gordas y dejen de comer), de vigorexia (cuando esa misma obsesión les lleva a los adolescentes a verse delgados y a desarrollar obsesivamente su musculatura) o de ortorexia, que lleva a la selección patológica de alimentos estrictamente sanos.

Hasta aquí, una foto en gran angular de la juventud. Lo más decepcionante ante este panorama tal vez no sea la inmensa tristeza que produce contemplar a millones de adolescentes y jóvenes con un horizonte vital tan penoso, sino la sensación de impotencia para mejorar la situación. Los padres y educadores, de quienes supuestamente depende la transmisión de los valores de la sociedad, sienten que han perdido totalmente el control de la situación. Por otra parte, tanto las autoridades como las instituciones y organismos sensibilizados con los problemas que sufren los jóvenes sólo son capaces de, en el mejor de los casos, minimizar los efectos negativos de algunas conductas.

Se parte del carácter inevitable de las conductas cuyos efectos se lamentan. Nadie se ve con fuerzas para conseguir que los jóvenes se sientan lo suficientemente satisfechos con la vida y lo bastante ilusionados como para que estén a salvo del conjunto de adicciones al que parecen abocados. Resulta comprensible que nadie se considere capacitado para mejorar la situación, porque el problema es netamente cultural: es la sociedad en su propio esquema cultural materialista, consumista y nihilista la que hace, si no imposible, muy difícil que los jóvenes encuentren un sentido desde el que proponerse unas metas capaces de ilusionarles. Una sociedad que pivota sobre el consumo y la posesión material, que es marcadamente hedonista, individualista y cerrada a la trascendencia, y cuya industria del entretenimiento, además, incide unilateralmente en la satisfacción hedonista, crea una atmósfera incapaz de proporcionar un sentido desde el que un joven pueda proyectar ilusionadamente su futuro.

Así pues, es preciso asumir que el deplorable espectáculo que ofrecen los jóvenes los fines de semana no es sino el espejo en el que se puede mirar una cultura materialista. Hay, me parece, dos respuestas fundamentales a los problemas que aquejan a la juventud. La primera es la que se está llevando a cabo: mantener los valores de la civilización occidental en el punto en el que se encuentran ahora y continuar achicando agua en un barco que se hunde. La otra respuesta posible es acudir al astillero a encargar un nuevo buque y apostar por una nueva cultura fundada sobre la sobriedad, la apertura generosa a los otros y a la trascendencia.

Se trata de un cambio de paradigma cultural, que, lógicamente, trasciende las posibilidades de las medidas políticas y de los programas educativos. No es algo que pueda llevarse a cabo de un plumazo o mediante un acuerdo parlamentario. Se trata de una transformación radical que liderarán -desorganizadamente- las personas creativas (pensadores, directores de cine, poetas, ensayistas, literatos, artistas, líderes religiosos, modistas, músicos, etcétera), pero que quizá están preparando ya multitudes anónimas.

Francisco de Borja Santamaría

Ricardo dijo...

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS DERECHOS HISTÓRICOS
Por Javier Tajadura Tejada (Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco)

Contra toda lógica jurídica y política democrática, el Constituyente de 1977-1978 -bajo la presión del terrorismo etarra- introdujo en el Texto Constitucional un precepto (la disp. adic. primera que ampara los derechos históricos de determinados territorios) que sólo tiene sentido desde una óptica confederal. En estas páginas quiero poner de manifiesto, por una parte, que los peligros y los riesgos derivados de incluir en la Constitución los «privilegios forales» a través de la categoría de los «derechos históricos» ya fueron advertidos --con escaso éxito-- durante el proceso constituyente; por otra, que la experiencia ha demostrado que esos peligros son reales. Con esas premisas sostengo y desarrollo la tesis de que la disp. adic. primera de la Constitución es un caso paradigmático de lo que la doctrina constitucional alemana (Bachof) denomina «norma constitucional inconstitucional». El Constituyente no puede incluir cualquier cosa en el Texto Constitucional. En concreto, como expondré después, no puede introducir excepciones al principio de legitimidad. Si lo hace, esos preceptos por contradecir el orden material de valores propio de la legitimidad democrática son inconstitucionales.

I. LEGITIMIDAD HISTÓRICA VS. LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA

Cualquier reflexión jurídica sobre el significado y alcance de un concepto tan impreciso e indeterminado como el de derechos históricos debe comenzar trayendo a colación la advertencia que el maestro García Pelayo realizó en el momento en que tan controvertida categoría estaba discutiéndose en la Constituyente y que, lamentablemente, ningún eco encontró en nuestra clase política.

Desde las páginas de El País, el que fuera después primer Presidente del Tribunal Constitucional denunciaba el colosal despropósito que supondría introducir un principio de legitimidad histórica en una Constitución normativa. Las citas son largas, pero la indiscutible auctoritas de la que emanan creo que justifican su transcripción.

En el Proyecto Constitucional, señalaba García Pelayo:
«se emplea la denominación, extravagante en nuestra época, de los derechos históricos. Se trata, en efecto, de una expresión anticuada, aparentemente en el espíritu de la escuela histórica del Derecho, cuyas tesis constituyeron una de las bases ideológicas de los movimientos tradicionalistas y reaccionarios del siglo pasado, frente a las tendencias racionalistas y progresistas.»

Siendo esto ya bastante grave, aún lo es más el hecho de que la noción de derechos históricos apela a una legitimidad no democrática y que, por tanto, difícilmente puede tener encaje en una Constitución racional-normativa:
«Esta idea de los derechos históricos representa, en cualquiera de sus formas, la transferencia a entidades territoriales de los principios legitimistas formulados originariamente para las monarquías; representa la extensión a épocas completamente distintas del principio típico de la Edad Media de la superior validez "del buen derecho viejo" frente al derecho nuevo, es decir, exactamente la inversión de los términos sobre los que se construyen los ordenamientos jurídicos modernos, en los que el derecho nuevo priva, normalmente, sobre el viejo; representa, en fin, la pretensión de sustituir la legitimidad racional por la legitimidad tradicional, pretensión que no tiene sentido cuando la tradición se ha interrumpido durante largo tiempo».

Finalmente, y tras haber calificado a los mencionados derechos históricos como «privilegio sustentado sobre sí mismo», el insigne constitucionalista, con gran lucidez, percibió los riesgos de reconocer algo tan «vago, difuso y confuso»:
«Esta ambigüedad básica es el comienzo de muchas más, abre paso a interpretaciones teóricas y prácticas de gravedad incalculable y, sobre todo, proporciona un arsenal de argumentos jurídicos que pueden ser esgrimidos, sea articulados en estrategias políticas audaces y de largo alcance, sea para finalidades más modestas -por ejemplo, destinadas a crear un ámbito privilegiado en materia fiscal o en otro campo- pero no por eso menos perturbadoras del sistema político y la vigencia del orden constitucional».

Constituiría un formidable ejercicio de falsificación de la realidad y de la historia el pretender negar que si finalmente «los derechos históricos» fueron introducidos en la Constitución, ello se debió a la presión terrorista de ETA. Aunque esto es algo que resulta políticamente inoportuno recordar, como bien advierte Gil Calvo «el dualismo de nuestro sistema autonómico, que reconoce la legitimidad de los conciertos forales, debe ser atribuido en buena medida a la espada de Damocles que sobre los constituyentes ejercía el chantaje terrorista».

Posteriormente, las teorías y doctrinas de quienes, operando con el principio monárquico, defienden la soberanía originaria de determinados territorios, y la aplicación práctica de aquéllas concretada, por ejemplo, en él, nos han puesto de manifiesto que los temores de don Manuel García Pelayo no eran, en modo alguno, infundados (por ejemplo, el Plan Ibarretxe).

Por lo que se refiere a estas pretensiones de fundamentar en los derechos históricos la soberanía vasca y el derecho de autodeterminación baste con señalar que la jurisprudencia constitucional rechaza con rotundidad y contundencia ese tipo de construcciones. El Tribunal Constitucional ha tenido que enfrentarse con la cuestión, y en su decisiva sentencia 76/1988 se pronunció sobre el alcance y los límites de los derechos históricos reconocidos en la disp. adic. 1.ª de la Constitución. Trascendentales son, en este sentido, los Fundamentos jurídicos tercero y cuarto de la citada sentencia:
a) En el primero de ellos se subraya que no es la Historia sino el Poder Constituyente el que otorga validez y vigencia a los mencionados derechos: «La Constitución no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones "históricas" anteriores. En este sentido, y desde luego, la actualización de los derechos históricos supone la supresión, o no reconocimiento, de aquellos que contradigan los principios constitucionales. Pues será de la misma disp. adic. 1.ª y no de su legitimidad histórica, de donde los derechos históricos obtendrán o conservarán su validez y vigencia».

b) En el FJ cuarto, por su parte, se rechaza la tesis de que los derechos históricos sean un título competencial autónomo: «La idea de derechos históricos no puede considerarse como un título autónomo del que puedan deducirse específicas competencias. Lo que la Constitución ha venido a amparar y respetar no es una suma o agregado de potestades, facultades o privilegios, ejercidos históricamente, en forma de derechos subjetivos de corporaciones territoriales, susceptibles de ser traducidos en otras tantas competencias, de titularidad o ejercicio respaldadas por la Historia. Como resulta de la misma dicción del párrafo segundo de la disp. adic. 1.ª CE, lo que se viene a garantizar es la existencia de un régimen foral, es decir, de un régimen propio de cada territorio histórico de autogobierno territorial, esto es, de su "foralidad" pero no de todos y cada uno de los derechos que históricamente la hayan caracterizado».

En definitiva, según el Alto Tribunal, el contenido y alcance de los derechos históricos debe concretarse en el Estatuto de Autonomía siempre dentro del marco constitucional. Lo que no pueden nunca es ser entendidos como un cauce para la apertura ilimitada del Texto Constitucional. Tal entendimiento resultaría incompatible con la normatividad de la Constitución, habida cuenta que permitiría al legislador autonómico decidir sobre su ámbito competencial legitimándolo en la Historia.

En este sentido debemos recordar que el proceso de elaboración y aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco puso de manifiesto que para buena parte de los representantes del Partido Nacionalista Vasco los derechos históricos se identificaban más con ese acervo competencial indefinido, y por ello potencialmente ilimitado, que con el concepto defendido por el Tribunal Constitucional. Ello tuvo su traducción jurídica en la disp. adic. del Estatuto que dispone: «La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico». Ahora bien, en teoría, los potenciales efectos perturbadores del primer inciso de la disposición transcrita -en la que se vuelve a incidir en el papel de la Historia como fuente de derechos, sin precisar cuáles- se ven neutralizados por el inciso final que, por exigir siempre y en todo caso que la actualización de los derechos históricos se lleve a cabo de acuerdo con el ordenamiento jurídico, impide entenderlos o interpretarlos como una norma abierta de límites indefinidos.

II. LOS PRIVILEGIOS FISCALES

El reconocimiento constitucional de los derechos históricos de los territorios forales -dejando a un lado los intentos de fundamentar en ellos el derecho de autodeterminación y la existencia de una soberanía originaria- para lo que ha servido en la práctica es para dar cobertura a un singular sistema de financiación autonómica para los dos Comunidades titulares de dichos derechos, Navarra y el País Vasco (que los recibe de los tres territorios forales que lo integran), diferente del general o común aplicable a las otras quince Comunidades, y en virtud del cual disfrutan de un nivel de financiación muy superior al resto.

Según la interpretación mayoritaria (en sede académica y política) del precepto constitucional que nos ocupa, los derechos históricos suponen un importantísimo factor de asimetría en nuestro modelo de Estado. Tan importante como único. Que afecta, en primer lugar, a la homogeneización del techo competencial, en la medida en que no resulta posible extender las facultades normativas en materia fiscal al resto de Comunidades Autónomas; y, en segundo lugar, como es obvio, impide constitucionalizar un sistema común de financiación de las Comunidades Autónomas. Hay que insistir en que de él no cabe extraer otras consecuencias jurídicas. Y en que el ejercicio de esas competencias fiscales y el modelo de financiación resultante debe ser conforme con el principio constitucional de solidaridad y con el resto de principios y valores sobre los que se vertebra España como Estado Social.
En todo caso, esto es lo que explica que, desde hace años, el debate político sobre la financiación del Estado Autonómico gire inevitablemente en torno a la pretensión de algunas Comunidades de articular sistemas que les confieran niveles de financiación similares al País Vasco o Navarra. No debemos olvidar que la primera demanda de los impulsores de la reforma estatutaria catalana fue la de obtener un sistema de financiación que garantizase un resultado similar al vasco o navarro. Y que antepusieran ese tema a cualquier otra reivindicación competencial. Ahora bien, los economistas nos han advertido ya de que la generalización del sistema vasco y navarro supondría la quiebra fiscal del Estado.

Se reconozca o no expresamente, lo cierto es que todo el proceso de reformas territoriales de la presente Legislatura se ha desencadenado debido al descontento de ciertas Comunidades, Cataluña de manera singular, con el sistema de financiación vigente. Por ello no creo que sea exagerado afirmar que aquí se encuentra una de las claves fundamentales de nuestro problema territorial. Desde el punto de vista material, la dualidad del sistema vigente (el común para quince CC.AA. y el foral para País Vasco y Navarra) supone una quiebra grave y manifiesta del principio constitucional de solidaridad.

A pesar de ello, la doctrina mayoritaria entiende que el injusto resultado que provoca la coexistencia de dos modelos de financiación muy diferentes es consecuencia de la propia Constitución que reconoce los derechos históricos del País Vasco y de Navarra. Y que, por tanto, el sistema de financiación foral no es un privilegio (constitucionalmente prohibido por el art. 138.2), sino un derecho. Se olvida que lo que distingue al privilegio del derecho es, precisamente, que se trata de una facultad cuya titularidad se atribuye a unos sujetos y no a otros, sin justificación evidente. Negar que los derechos históricos, en cuanto no son susceptibles de generalización, sólo pueden configurarse como privilegios (constitucionalmente prohibidos), es negar lo evidente.

Desde otras posiciones se argumenta que las consecuencias injustas del sistema no son imputables al modelo en sí sino a su concreta configuración o aplicación. Dicho con otras palabras, que la solución a los problemas denunciados no exige impugnar el privilegio foral como tal sino que basta con corregir sus efectos. Y esto puede hacerse incrementando la contribución de las Haciendas vasca y navarra al presupuesto del Estado.

La tesis que voy a defender rechaza este planteamiento de la cuestión. El problema constitucional que plantea la existencia de los «privilegios fiscales forales» no es sólo el de que sus efectos o consecuencias sean inconstitucionales por atentar contra el principio de solidaridad. El problema es de mucha mayor gravedad. Es el fundamento mismo del sistema (y no sólo sus efectos), esto es, la propia categoría de derechos históricos, lo que resulta incompatible con la Constitución.

Ahora bien, admitir que el particular sistema de financiación del País Vasco y de Navarra es un privilegio inconstitucional y defender que la categoría misma de derechos históricos, en la que aquél encuentra cobertura, es incompatible con la Constitución, supone reconocer que un precepto constitucional es contrario a la Constitución. Esto implica aceptar una tesis que la doctrina española rechaza mayoritariamente: la existencia de normas constitucionales inconstitucionales. Y, sin embargo, en mi modesta opinión, la disp. adic. 1.ª es un caso paradigmático de norma constitucional inconstitucional. Y ello por la razón evidente de que introduce un criterio de legitimidad incompatible con la Constitución democrática. Dicho con otras palabras, en un régimen constitucional democrático, la historia no puede ser fuente de derechos: La asunción de la legitimidad histórica supone la destrucción de la Constitución democrática.

III. LAS DENOMINADAS NORMAS CONSTITUCIONALES INCONSTITUCIONALES

El hecho de que la tesis que defiende la hipotética existencia de un tal tipo de normas no haya tenido eco en nuestro país puede deberse, entre otras causas o razones, a que cuando ésta fue planteada en sede doctrinal se hizo erróneamente. Así, se sostuvo como ejemplo de norma constitucional inconstitucional la disposición contenida en el art. 57 de la Constitución referido a la Sucesión a la Corona y en la que se discrimina a la mujer, en cuanto pugna con la prohibición de discriminación por razón de sexo establecida en el art. 14. Ahora bien, evidente resulta que, en este caso, de lo que se trata es de una excepción constitucionalmente prevista a una norma constitucional, y en este sentido tan constitucional es la regla establecida en el art. 14 como la excepción prevista en el art. 57. De entender lo contrario, la misma institución monárquica resultaría inconstitucional por discriminatoria, lo cual evidentemente conduce a un resultado absurdo. En definitiva, cualquier regla constitucional puede ser objeto de una excepción siempre que ésta esté también recogida en el Texto Constitucional. En tales casos no cabe hablar de normas constitucionales inconstitucionales. Es el principio de especialidad y no el de jerarquía el que explica la relación entre ellas.

Ahora bien, si toda norma constitucional admite excepciones, lo que de ninguna forma las admite es el principio mismo de legitimidad, y los derechos históricos, por su propia configuración, pugnan con la legitimidad democrática. Si el Pueblo es la fuente de la legitimidad, la Historia no puede serlo. Y a la inversa. Dicho con mayor claridad y contundencia, lo que el constituyente no puede hacer es excepcionar el principio de legitimidad propio de la constitución racional-normativa, esto es, el principio democrático. Se pueden excepcionar preceptos constitucionales concretos pero no la Constitución en su totalidad como decisión unitaria.

La distinción efectuada por Schmitt entre Constitución y Ley Constitucional resulta, en este ámbito, muy esclarecedora. El Constituyente puede establecer excepciones a las leyes constitucionales, y dichas excepciones son plenamente constitucionales. Lo que resulta absurdo es admitir que pueda excepcionar la Constitución misma.

Como es sabido, junto con Herman Heller y Rudolf Smend, Carl SchmItt fue uno de los autores más representativos de la reacción contra el extremado formalismo jurídico en que había desembocado la dogmática alemana del derecho público (Gerber, Laband, Jellinek, Kelsen). La clave de su obra reside en el decisionismo. Para Schmitt la Constitución es decisión, no norma. «La esencia de la Constitución no está contenida en una ley o norma. En el fondo de toda normación reside una decisión política del titular del poder constituyente». Este planteamiento, que trata de superar el hueco formalismo en que se hallaba la Teoría del Estado, conduce al intento de captar el concepto de Constitución, no mediante un análisis de sus partes integrantes, sino a través de una intuición esencial que la revele como una totalidad en función de la cual se expliquen luego las partes componentes. La idea de totalidad se logra con el concepto de «decisión política fundamental». Ella impide la disolución de la Constitución en un complejo inconexo de normas. Ella garantiza la unidad ontológica y jurídica de la Constitución. «Es necesario hablar de la Constitución como de una unidad, y conservar entre tanto un sentido absoluto de Constitución».

Esta idea de Constitución le lleva a diferenciar la misma de las «leyes constitucionales»: «Sólo es posible un concepto de Constitución cuando se distinguen Constitución y ley constitucional. No es admisible disolver primero la Constitución en una pluralidad de leyes constitucionales concretas y después determinar la ley constitucional por algunas características externas o acaso por el procedimiento de reforma». La Constitución vale en cuanto acto de voluntad de un poder constituyente. Las leyes constitucionales sólo cobran sentido en relación con la decisión política fundamental. Esto es, se encuentran subordinadas a ella y si pugnan con ella son nulas. Schmitt ilustra sus tesis con ejemplos de la época. Así, analizando la Constitución alemana de 1919, afirma que la decisión política fundamental en ella afirmada es la hecha a favor de la democracia, del federalismo y del liberalismo. En esta triple decisión consiste la Constitución de Weimar, todo lo demás son meras leyes constitucionales subordinadas a aquélla (14). Esto quiere decir que cualquier ley constitucional contraria a la democracia, al federalismo o al liberalismo es inconstitucional y como tal nula.

Sirviéndonos de esta distinción de Schmitt, que nos parece impecable desde un punto de vista conceptual, y absolutamente necesaria, desde un punto de vista práctico, para garantizar el sentido unitario de la Constitución como expresión de un orden material de valores, como un orden único, entendemos por normas constitucionales inconstitucionales las que contradicen la Constitución, no las que se oponen a leyes constitucionales concretas.

Desde esta perspectiva, la apelación a la legitimidad histórica inherente en la noción de derechos históricos contradice la decisión política fundamental a favor de la democracia en que la Constitución se basa. Dicho con otras palabras, la mera existencia de los derechos históricos contradice el carácter democrático del Estado.

Si lo anterior tiene algún fundamento, la conclusión no puede ser más clara: la disposición adicional primera es una norma constitucional inconstitucional. Se trata de una norma que, excepcionando el principio de legitimidad, es incompatible con la decisión política fundamental del constituyente a favor de la democracia. Soy consciente de que esta tesis es discutible y polémica, pero tan discutible como la que afirma que, por definición, ninguna norma constitucional puede ser considerada inconstitucional. ¿Tampoco lo sería la que estableciera que hay ciudadanos de distintas categorías? En última instancia, no hay grandes diferencias entre este último ejemplo y el que nos ocupa.

Finalmente, aunque esta conclusión pueda sorprender por su heterodoxia, debo decir que no es ajena a determinados planteamientos del Tribunal Constitucional formulados en otros ámbitos. No se puede ni se debe olvidar que, aunque formalmente amparado en el principio de interpretación armónica y sistemática del Texto Constitucional, ha habido ocasiones en que el Tribunal, materialmente, ha dejado sin efecto preceptos constitucionales concretos. Así, y a título de ejemplo, el Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la inmunidad parlamentaria que, como es sabido, se halla prevista en un precepto constitucional. Se trata de una categoría difícil de armonizar con el principio de Estado de Derecho, puesto que provoca indefensión de los ciudadanos. La inmunidad parlamentaria determina que si un ciudadano es víctima de un delito cometido por un parlamentario y la Cámara a la que este pertenece no autoriza su procesamiento por el Tribunal Supremo, el delito no puede ser perseguido. El Tribunal, obviamente, ha rechazado esta interpretación por ser incompatible con el Estado de Derecho. Ahora bien, con esa jurisprudencia, sin declarar la inconstitucionalidad del precepto constitucional, el Tribunal lo ha vaciado de contenido. ¿No podría hacer lo mismo con la disp. adic. primera?

Anónimo dijo...

Casí siempre me identifico bastante con los artículos publicados en "Debate Republicano", y con los posteriores comentarios de Pla, Villamallén, Pedro y otros. Pero se constanta que posteriormente la participación mayoritaria proviene de un sector, que tiene todo el derecho, pero que centra sus intervenciones en lamentar la supuesta lejanía del PP con respecto al poder, que de un debate republicano propiamente dicho. Ya digo que tienen derecho a hacerlo como el que más, pero personalmente creo que PP, PSOE, IU, tanto montan, montan tanto, a la hora de caminar hacia la República.
Me gustaría saber cuantas de esas vocaciones republicanas resisten una nueva vuelta al poder del PP.
Que quede claro que nada más lejos de mi intención molestar a alguien, solamente quiero lamentar que a veces este debate se aleja de lo que parecen ser sus objetivos.

Ricardo dijo...

Ordenanza de los Encierros


Aquí tenemos la ordenanza de 1499 por la que se regulaban los encierros.


Ordenanzas de 1499 Ley XVII. "Que por el daño que se hizieren con los toros quando se encierra non aya manquadras ni otra pena".
"Muchas vezes acaesce quando se encierran toros en esta villa que sin culpa de los que los traen se faze Jano en pones o viñas: o otras cosas por los dichos toros o por los ganados que con ellos vienen, hordenamos que quando lo tal acaesciere non se fagan man quadras a los dichos toros ni a los ganados fue con elllos vinieren ni se lieve otra pena alguna a los que los truxeren". A veces, los toros que se encerraban en la villa se escapaban a quienes los traían y se metían en los cultivos destruyéndolos, pero considerando que no es culpa de esas personas se ordena que no se les imponga ninguna multa ni cualquier otra sanción. (Archivo Municipa1 de Sartibáñez dc Valcorba, Valladolid).
Del libro "Los encierros de Cuéllar"

Anónimo dijo...

¿Alguien se imagina a un Presiente de gobierno negociando con una banda terrorista sin un consenso social amplio, traicionando el Pacto por las Libertades, y sin informar ni acordar nada con el principal partido de la oposición?. ¿Alguien se imagina

Publicidad

....
¿Alguien se imagina a un felón, o un loco como presidente del gobierno?


¿Alguien se imagina que el PP sea capaz de responder a los falsos argumentos de un felón como ZP?

Y estoy de acuerdo con anónimo, pero la Res Pública podría venir a través de algúno de la camarilla de rajoy

Ricardo dijo...

POR JON JUARISTI
LA fecha de composición del Cantar de Mío Cid (1207) es más convencional que exacta, pero ha bastado para justificar este imperceptible octavo centenario que tanto contrasta con los fastos cervantinos de 2005. El Cid nos parece hoy a los españoles muy lejano, una figura absurda y exótica. Apreciar el poema de Per Abbat equivale, incluso en el medio universitario, a sentar plaza de cavernícola. Y, sin embargo, esta visión es más reciente de lo que se piensa. Para ilustrados y románticos liberales, Rodrigo Díaz de Vivar fue símbolo de la resistencia popular -en cierto modo, burguesa- a la aristocracia de su tiempo, y así lo vieron folletinistas republicanos como Manuel Fernández y González. La utilización nacionalista del personaje, que hunde sus raíces en la generación del 98 y se exacerbaría bajo el franquismo, impide a veces recordar que los poetas del 27 leyeron e interpretaron el Cantar con un espíritu muy distinto. Pedro Salinas lo tradujo al español del siglo XX e incluso en García Lorca se advierte su huella. Quien más hizo por asentarlo en el canon literario español fue, por supuesto, Ramón Menéndez Pidal, pero ni él mismo pudo despejar la radical ambigüedad de la tradición cidiana, marcada por su doble origen épico: el poema de, pongamos, 1207, y el más tardío de Las Mocedades de Rodrigo, fuente común del Cid del Romancero y de los dramas de Guillén de Castro y Corneille. Entre los protagonistas de ambos relatos originales la similitud no es mayor que la que pueda darse entre los Quijotes de Cervantes y Avellaneda.
La característica más saliente del Cid del Cantar es la mesura; es decir, la contención y la prudencia, el dominio de las pasiones, la ausencia de soberbia. No se deja llevar por arrebatos criminales, aunque a veces puede aparecer como un calculador frío y hasta algo cínico. El de las Mocedades es bien distinto: un valentón arrogante cuyas bravuconadas y desafueros explican que la palabra cid pasase a la lengua vulgar como sinónimo de camorrista. ¿Cuál de las dos imágenes es más ajustada al Cid histórico? Probablemente, ninguna. Ambas son trasuntos de dos estereotipos literarios muy antiguos: el ideal clásico del guerrero piadoso, representado por Héctor y por Eneas (el pius Aeneas de Virgilio), que desembocaría en el miles Christi, el guerrero cristiano, y el miles gloriosus, heredero degradado de los feroces jefes griegos de la Ilíada, Agamenón y Aquiles. Pero es clara la superioridad moral del primero de ellos, y uno preferiría que el verdadero Rodrigo se pareciera más al del Cantar, que, por cierto, es una obra magnífica, en la que hay episodios de enorme violencia, pero ni el menor rastro de racismo o deshumanización del enemigo musulmán, descrito a veces con rasgos más nobles que muchos personajes cristianos. Ni tampoco del antijudaísmo tan frecuente en las letras hispánicas medievales: si los dos judíos burgaleses Rachel y Vidas aparecen como prestamistas estafados por el Cid y Martín Antolínez, ni se les atribuye una codicia desenfrenada, ni se presenta el engaño como una acción virtuosa, sino como una fechoría excusable por necesaria, que Rodrigo reparará con gratitud y largueza.
En cuanto a su supuesto esencialismo castellano, se trata de un tópico inventado por los escritores del 98, que ni entonces ni ahora se podría sostener con un mínimo de seriedad. La acción del Cantar transcurre más en tierras de Aragón y Valencia que en las castellanas (y de éstas, casi todas son de Castilla la Nueva). El Cid y sus hombres son obviamente castellanos, pero ni siquiera su lengua refleja un castellanismo castizo. Seguramente, el Cid histórico venía de vascones foramontanos y su lengua estaba aún más trufada de vasquismos que la del héroe del poema, que llama a su lugarteniente Minaya Alvar Fáñez; es decir, mi anaia, mi hermano. Y su primer nombre debía ser el eusquérico Eneco, Yennegus o Íñigo, cuya traducción literal al romance es Mío, interpretado erróneamente como parte del tratamiento de respeto semiarábigo que le habrían dado a Rodrigo los moros (Mío Sidi o Mío Cid, «mi señor»). Sin embargo, el propio héroe se identifica de esa forma: «Yo soy Mío Cid Ruy Díaz», lo que sería un tanto chocante si Mío no fuese uno de sus nombres de pila. La lectura del poema de Per Abbat puede hacérsele hoy áspera a un castellano de Valladolid o de Burgos. Los vascohablantes lo tenemos más fácil: reconocemos a la primera viejos términos de origen románico o árabe que han desaparecido del español y siguen siendo de uso corriente en eusquera, y no nos desconciertan construcciones como «combidar le íen», habituales en la conjugación sintética del verbo vasco. Por otra parte, no son muchos los castellanos nativos que se han distinguido en los estudios sobre el Cantar. Salvando alguna excepción de gran altura -el indispensable Diego Catalán-, los nombres importantes de los estudios cidianos contemporáneos corresponden a investigadores británicos (Ian Michael, Colin Smith, Richard Fletcher) y a españoles nacidos y asentados fuera de Castilla (María Eugenia Lacarra, Alberto Montaner Frutos, José Enrique Ruiz-Domenec, etcétera). Algo parecido sucedió en la generación literaria del modernismo: la más famosa recreación poética de un episodio del Cantar -titulada Castilla, para remate de casticismo- fue obra del vate más profesionalmente sevillano de todos los tiempos, Manuel Machado Ruiz.
Los niños del franquismo conocieron mejor al Cid de Manuel Machado que al de Per Abbat. No fue, ni mucho menos, lo peor que pudieron sacar de la enseñanza escolar del régimen. Castilla es un poema muy hermoso: además de su simbolismo cristológico -«al destierro con doce de los suyos, / polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga», refleja muy fielmente la experiencia de cualquier excursionista perdido en las calendas por los alrededores de Aranda de Duero. Pero el Cid del Cantar es insuperable, desde el inicio mismo del poema, cuando, al entrar en Burgos camino del destierro, con sus sesenta -y no doce- compañeros, tras ver volar la corneja por la izquierda del camino (algo así como cruzarse con un gato negro), se encoge de hombros y alza la cabeza mientras exclama: «¡Albriçia, Alvar Fañez, ca echados somos de tierra!». Lo que viene a equivaler, en el español de nuestros días, a «¡Ánimo, que peor estaríamos si lloviera!». De una criatura literaria como este Cid del Cantar se puede estar legítimamente orgulloso. Pero incluso el Cid de Anthony Mann daría sopas con honda a cualquier superhéroe medio arácnido del presente, y además se llevaba a Sofía Loren sin demasiado esfuerzo desde el comienzo de la película, y eso que le mataba al padre. En fin, que de gente como esta procedemos o deberíamos suponer que procedemos, y no de los perfumados nazaríes.
JON JUARISTI
Premio Mariano de Cavia

vilamallen dijo...

Al hilo de los últimos comentarios publicados, tan solo deciros que también me siento empachado con tanto mensaje dirigido que nos es servido por un irreprochable consocio, con su mejor voluntad presumo. Añadir que, en mi opinión, España sufre una infección de ideologitis, propalada por el régimen monárquicopartitocrático (perdón por el palabro) que padece y cuya terapia es uno de los objetivos que nos hemos propuesto los republicanos españoles asociados al CR3.
Independientemente de si un españolito ha sido víctima de la líbido política de cualquiera de los partidos dinásticos que se alimentan de los impuestos que satisfacemos los españoles, si es capaz de concebir España como la casa común donde todos los nacionales tenemos libremente cabida, si es demócrata sincero y no de partido y considera la fórmula republicana de su agrado, tiene perfecto derecho a asociarse con nosotros en la ilusionante y coñazo tarea de conseguir la libertad política en España.
S&R

vicentemuguruza dijo...

Lástima que no nos demos cuenta de la gran verdad que encierra el último mensaje de Vilamallén. El daño que hacen los partidos convertidos en parte del Estado es incalculable. Hasta en las relaciones sociales y familiares más comunes. Conozco personas afables, honradas y de trato agradable cuyo único elemento separador es la pertenecencia a un partido político. Si esta persona se dedicase a la actividad política, pero su actuación no estuviese condicionada por la pertenencia a un partido político, seguramente sería una persona valiosa, no solamente en la actividad social que realiza, sino también en el trato personal, pero el partido político se interpone, y se está con él o contra él. Pues no señor, puedo estar, en general en sintonía con el actuar de una persona que se dedica a la política, pero rechazar al partido a que pertenece. A lo mejor pertenece a dicho partido porque no le queda más remedio para recibir el apoyo de sus vecinos. Ese es uno de los grandes males que han traido los partidos políticos institucionalizados, sólo a través de ellos se puede ejercer actividad política. El que no pasa por el aro lo asfisian. Si se expone algo que, casualmente está defendiendo un determinado partido político, ya te encasillan con él y te marginan de su círculo. No se concibe actividad política en la que no se entromentan. Y con razón, porque no la permiten.
No estoy en contra de los partidos políticos, pero no los quiero como parte del Estado, quiero que sean unas entidades más, que tengan que ganarse la confianza de determinados ciudadanos para autofinanciarse y defender sus postulados, pero no a cargo del contribuyente.
Quiero que el Estado, al que contribuyo con mis impuestos, no financie a unos para que se presenten a las elecciones y gasten cantidades multimillonarios en campañas publicitarias y ahoge a otros en ostracismo, negándoles el pan y la sal. Todos los candidatos deben partir en igualdad de condiciones, lo que es incompatible con las listas de partido, en la que detrás de una sigla conocida y archifinanciada va cuanto mediocre obediente ha decido el jefe del partido, para que no le hagan sombra. Aquí sino pasas por el tamiz de un partido político, de los bautizados en transacción, no eres nadie.
Dichos partidos, ¿que van a hacer? aplauden al sistema hasta con las orejas. Por supuesto, les va mucho en el empeño. Así estamos.

Julio dijo...

Estimado Aviraneta

Por partes.
1/ Hay que defender siempre más al más necesitado. No solicito defender a unos i y a otros no, digo que me veo en la obligación de defender lo mío aunque no me guste, porque los vecinos defiendes lo suyo.

2/ No. No creo posible ser aragonés sin ser español. España se formó entre castellanos y aragoneses, entre sus reinados en un principio. La Corona de Aragón fue absorbida después y luego disuelta por decirlo fino. Y Aragón como territorio fundador de España no puede dejar de ser español. Nunca. Y lo digo desde un partido ARAGONESISTA, que no separatista.

3/ Si puedo ser español sin ser aragonés. Se es de donde se siente, puedo ahora incluso ser francés (me costaría) o Lepón. si estuviera viviendo en la India defendería su pobreza con más dolor del que defiendo Aragón. Es cuestión del lugar en donde te toca trabajar. Creo en el trabajo,simplemente.

4/ Los derechos corresponden a las personas, pero fíjate que los territorios duran más que las personas, y que si no damos derechos a los territorios, los hijos de los hijos no recogerán los frutos de los abuelos. Los derechos se mueven con las personas mientras los territorios permanecen quitos. Dar derechos a los territorios y ampliar este derecho creo que supone conquistar más derechos en el mundo, dárselo a las personas supone que si estas se mueven a un mundo solo, es allí en donde los tienen. Yo he visto ricos con derechos en marruecos, que vienen a estudiar a Universidades de España. Ellos tienen derechos, pero en su territorio no. Es una conversación muy interesante.

Un beso Para Pedro López. Me debes unos vinos, que lo sepas.

Julio dijo...

El nombre de Julio es Julio Puente de Zaragoza y también ajovin.

Para evitar dudas.